‘La Gata’, cabecillas bandas criminales y capos del narcotráfico podrían recuperar sus predios: demanda tumbaría las medidas cautelares

Aproximadamente 19.869 bienes incautados a narcotraficantes y redes criminales, valorados en seis billones de pesos, podrían estar en peligro de regresar a sus antiguos dueños tras la suspensión temporal de una directriz importante sobre medidas cautelares.

Este riesgo afecta particularmente a bienes asociados con el clan del Golfo, Enilce López (“la Gata”), Juan Carlos Ramírez (“Chupeta”), los hermanos Álvarez Meyendorff, así como líderes históricos del cartel de Cali como Helmer ‘Pacho’ Herrera y Phanor Arizabaleta Arzayus, y a Carlos Antonio Moreno Tuberquia.

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El conflicto surgió cuando Édgar Javier Navia presentó una demanda ante el Consejo de Estado contra el Instructivo Administrativo No. 9 de la Superintendencia de Notariado y Registro, publicado el 2 de noviembre de 2022. Este instructivo permitía que los bienes sujetos a extinción de dominio se excluyeran del plazo de caducidad de las medidas cautelares, que según la Ley 1579 de 2012, era de diez años.

La legislación actual, de acuerdo con el artículo 64 de la Ley 1579, requiere que las medidas cautelares y las contribuciones especiales sobre bienes se renueven cada diez años. Si no se renuevan, la protección expira y el embargo se levanta.

La suspensión provisional de esta directriz, ordenada por el Consejo de Estado a principios de febrero de 2024, permite que fincas, hoteles, vehículos y otros activos incautados puedan ser devueltos. Según información obtenida por El Tiempo, casi el 57% del inventario bajo la custodia de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) se encuentra en riesgo.

El problema jurídico se encuentra en que la excepción que protegía estos activos fue establecida a través de una directriz administrativa en lugar de una ley formal. Esto facilitó a Navia solicitar su anulación y resultó en la suspensión temporal del instructivo por parte del Consejo de Estado hasta que se tome una decisión definitiva.

Como resultado, la Superintendencia notificó a todas las oficinas de registro sobre la suspensión, indicando que se debía comenzar a levantar embargos, según la interpretación de diversos sectores consultados por el mencionado medio.

Ricardo Agudelo Sedano, superintendente de Notariado y Registro, comentó al diario nacional que la entidad debe cumplir inmediatamente con la suspensión, incluso si los recursos de apelación están en proceso.

“La presentación de cualquier recurso no impide la ejecución inmediata de la medida, por lo que incluso esos recursos se conceden con efecto devolutivo”, precisó el funcionario.

El 13 de febrero, la Superintendencia emitió una nueva circular para todos los registradores de instrumentos públicos. En ella se ordena que, al recibir cualquier solicitud para levantar medidas cautelares sobre bienes en proceso de extinción de dominio, se debe notificar previamente a la autoridad judicial correspondiente y a la SAE, para que puedan solicitar urgentemente una nueva medida cautelar.

“El objetivo es que de forma urgente se envíe nuevamente la solicitud de medida cautelar que impida el levantamiento de dichas inscripciones y, por lo tanto, evite la caducidad de la medida”, indicó Agudelo Sedano.

El superintendente aseguró que la Superintendencia está vigilando todos los casos en coordinación con la SAE y la Fiscalía. Sin embargo, fuentes gubernamentales consultadas por El Tiempo consideran que estas pautas son insuficientes y tardías, considerando el alto volumen de bienes que pueden ser reclamados. Esto podría resultar en una ola de devoluciones difícil de gestionar mientras se tramitan nuevas órdenes judiciales.

“Casi la totalidad de los bienes incautados a la mafia y a operadores de corrupción, que están inmersos en largos procesos de extinción que podrían extenderse por décadas, se verían afectados”, afirmó la fuente al diario nacional.

Abogados y expertos advierten que, dado que se emitió mediante una directriz y no a través de una ley, es poco probable que la norma impugnada supere el control judicial del Consejo de Estado. Subrayan la necesidad de un mecanismo especial para prevenir que el patrimonio incautado regrese masivamente a manos de aquellos investigados por delitos graves.