La inflación sigue golpeando a los ciudadanos mientras el gobierno evade responsabilidades.

Enero de 2025 se presenta con una preocupante continuidad en la crisis inflacionaria que afecta a Colombia, una tendencia que ha tenido un impacto devastador en el poder adquisitivo de la población. Desde que Gustavo Petro asumió la presidencia, el desarrollo de políticas económicas ha suscitado un amplio debate sobre su efectividad y pertinencia. Mientras los ciudadanos enfrentan un aumento desmesurado en el costo de la vida, el gobierno parece adoptar una postura evasiva, minimizando la magnitud del problema y eludiendo asumir responsabilidades directas.

En los primeros días de enero, datos recientes del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) indican que la inflación se sitúa en un 8.7%, alejándose del objetivo establecido por el Banco de la República, que busca mantenerla alrededor del 3.0%. Los precios de los alimentos han sido particularmente alarmantes, con incrementos que rondan el 15%, afectando a los sectores más vulnerables de la sociedad colombiana. Esta situación ha desatado protestas en varias ciudades, donde los ciudadanos exigen respuestas claras y medidas concretas por parte del gobierno.

La política económica del presidente Petro ha estado marcada por decisiones contradictorias que, en varios casos, parecen haber exacerbado la crisis en lugar de resolverla. Entre sus promesas de campaña se encuentra la implementación de una reforma agraria, que buscaba no solo disminuir la desigualdad, sino también garantizar la seguridad alimentaria en el país. Sin embargo, las acciones hasta ahora han resultado insuficientes y, en ocasiones, contradictorias. La falta de claridad en la ejecución de estas políticas ha generado desconfianza no sólo entre los ciudadanos, sino también entre los gremios agrarios que esperaban un respaldo efectivo.

Las decisiones de Petro sobre las exportaciones de productos agrícolas, junto con la manipulación de precios de energía, han generado un efecto dominó que afecta a los consumidores. Las medidas impulsadas para contener el aumento de tarifas han tenido un impacto limitado, mientras que los costos de producción siguen disparándose debido a la inflación global de materias primas. Esto ha llevado a que muchas industrias locales deban cerrar o reducir su capacidad operativa, lo que, a su vez, incrementa el desempleo y agrava la situación económica.

En este contexto, el gobierno opta por desviar la atención hacia factores externos, argumentando que la inflación es un fenómeno global exacerbado por la crisis en Europa y la presión de los mercados internacionales. Sin embargo, esta narrativa no excusa el hecho de que Panamá, Perú y otros países de la región han implementado políticas más efectivas para mitigar el impacto inflacionario en sus economías. Lo que se vislumbra es una evidente falta de una estrategia coherente que aborde la cuestión de manera integral.

De cara a los próximos meses, las perspectivas no son alentadoras. Economistas del Banco de la República advierten que, si la inflación no es controlada, podría alcanzar niveles preocupantes que provocarían revueltas sociales e insatisfacción generalizada. La DANE ya ha proyectado un aumento adicional en los precios de servicios básicos, lo que afectará a familias que ya están sobrecargadas en términos financieros. Si bien el gobierno continúa insistiéndo en sus estratagemas comunicacionales para mantener la calma entre la población, la realidad se siente cada vez más distante de sus afirmaciones optimistas.

Como conclusión, la administración de Gustavo Petro enfrenta una encrucijada que podría definir el rumbo de su gobierno y la estabilidad social en Colombia. La incapacidad de su equipo para responder adecuadamente a la crisis inflacionaria generará un clima de descontento que podría llevar a resultados adversos en las próximas elecciones regionales de 2025. La evasión de responsabilidades sólo perpetúa el ciclo de frustración ciudadana y podría llevar a un debilitamiento aún mayor del apoyo popular hacia su administración. Sin decisiones audaces y responsables, el futuro inmediato de Colombia se ve sombrío, atrapado entre la inacción gubernamental y las crecientes necesidades de su población.