Mi opinión
La inseguridad se ha disparado mientras el gobierno justifica la violencia.
Enero de 2025 comienza con un panorama alarmante en Colombia. Las cifras de criminalidad se disparan, a medida que el gobierno de Gustavo Petro enfrenta un creciente descontento social por la inseguridad que afecta a la población. En las últimas semanas, reportes de homicidios, robos y actos de violencia han alcanzado niveles inéditos, mientras desde la administración se sostiene un discurso que busca justificar lo injustificable.
Según el más reciente informe de la Policía Nacional, en las primeras semanas de enero, la tasa de homicidios ha incrementado un 20% en comparación con la misma época del año anterior, lo que despierta interrogantes sobre la eficacia de las políticas de seguridad implementadas por el gobierno. Las voces críticas, desde expertos en seguridad hasta ciudadanos comunes, resuenan en la preocupación por un estado que parece incapaz de garantizar la protección de sus habitantes.
Gustavo Petro ha defendido en diversas ocasiones su enfoque hacia la resolución del conflicto armado y la violencia en el país, insistiendo en la necesidad de un proceso de paz que, si bien tiene el potencial de mitigar tensiones a largo plazo, no puede sustituir medidas de seguridad inmediatas y efectivas. En este sentido, su administración parece estar atrapada en una contradicción peligrosa: verbaliza la paz, pero los índices de violencia continúan aumentando y la paciencia de la sociedad se agota.
La estrategia del gobierno ante el narcotráfico y las pandillas ha recaudado críticas tanto a nivel nacional como internacional. Su aparente inclinación hacia el diálogo con grupos armados legales e ilegales es vista por muchos como una rendición ante la violencia. Esta política ha generado un efecto de desconfianza y ha potenciado un clima en el que los ciudadanos sienten que no se les protege, lo que podría desembocar en un ciclo de autodefensa y justicia por mano propia, con las implicaciones que esto acarrearía.
Respecto a las promesas de la campaña electoral, como el aumento de la inversión en programas sociales y en la mejora de las condiciones de vida en las zonas más vulnerables, los resultados son dispares. A pesar de que Petro se ha comprometido a abordar las causas del conflicto y a reducir la violencia a través de medidas de desarrollo socioeconómico, la realidad refleja un estancamiento que podría reforzar la percepción de ineficacia gubernamental. La falta de resultados palpables en la mejora de las condiciones para las comunidades durante el primer mes de 2025 puede llevar a un descontento social aún mayor.
El impacto de esta crisis de seguridad no solo se limita al bienestar inmediato de la población. A medida que se intensifica la violencia, también se sienten sus efectos en la economía nacional. Sectores clave, como el turismo y la inversión extranjera, pueden sufrir graves consecuencias. La percepción de inseguridad puede desincentivar tanto el desplazamiento de turistas como las inversiones necesarias para combatir problemas estructurales y sociales en el país.
Mirando hacia el futuro, las perspectivas son inciertas. De no adoptar medidas urgentes y concretas, el gobierno de Petro podría enfrentar desafíos que superen sus capacidades administrativas y políticas. A lo largo de 2025, se espera una intensificación de la presión social que podría manifestarse en protestas, demandas de mayores medidas de seguridad y, en última instancia, en una erosión de la confianza pública en su liderazgo.
En consecuencia, el país está en un punto crítico. La gestión de la seguridad en Colombia no puede ser vista como un mero ejercicio de retórica pacifista, sino como una responsabilidad inmediata que demanda acciones efectivas. Si la administración Petro no toma en cuenta estas advertencias, el riesgo de una escalada de violencia y descontento social puede convertirse en una realidad tangible para los colombianos. El tiempo apremia y la responsabilidad de responder ante la crisis de seguridad recae en aquellos que ostentan el poder. La pregunta es: ¿están dispuestos a actuar antes de que sea demasiado tarde?