El anuncio del gobierno de Gustavo Petro de declarar una emergencia económica en la que tenga la posibilidad de poner más impuestos sin pasar por el Congreso para recaudar el hueco de 16,3 billones de pesos que tiene en el Presupuesto del 2026 ha encendido las alertas sobre los riesgos institucionales y fiscales que implicaría esta decisión.
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El ministro de Hacienda, Germán Ávila, en uno de los debates de la reforma tributaria que se cayó. Foto:Minhacienda
Diferentes expertos, empresarios y centros de pensamiento coinciden en que, si bien la situación fiscal que afronta Colombia en estos momentos es “grave”, pues al Gobierno le tocará hacer un recorte de esa magnitud en su presupuesto y el déficit cerraría este año en 6,2 por ciento del producto interno bruto (PIB), esta crisis no se puede abordar a través de una emergencia y de un “sistema tributario por decreto”. Al contrario, este tipo de vías solo deberían utilizarse para choques fuertes, como ocurrió con la pandemia del covid-19.
“El problema fiscal es grave, pero estructural y previsible, no ‘sobreviniente y excepcional’. Se originó en decisiones de gasto y deuda, lo que se corrige con política fiscal, no con poderes extraordinarios. Que el Gobierno pierda una ley de financiamiento no es un hecho extraordinario, es democracia. El Congreso puede decir no”, manifestó María Claudia Lacouture, presidenta de Amcham Colombia.
El problema fiscal es grave, pero estructural y previsible, no ‘sobreviniente y excepcional
Hay que recordar que el Gobierno presentó por segundo año consecutivo un presupuesto desfinanciado y atado a la aprobación de una reforma tributaria incierta para poder gastar más, pero sin tener los ingresos necesarios. Finalmente, se aprobaron 546,9 billones de pesos para el 2026, de los cuales 16,3 billones estaban supeditados a esa ley que no logró pasar en el Congreso, por lo que al Ministerio de Hacienda le tocaría ahora recortar ese monto. Sin embargo, para no tener que tomar tal decisión –algo que ya le tocó hacer este mismo año–, está optando por la vía de la emergencia.
“No existe una situación o hecho sobreviniente que habilite al Gobierno para decretar tal medida excepcional (…) Tampoco hay una perturbación grave e inminente del orden económico”, asegura Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), quien de una vez el viernes le envió una carta a la Corte Constitucional en la que le pidió evaluar la adopción de medidas urgentes, incluida la suspensión provisional ante cualquier eventual decreto.
“El anuncio se da antes de decretar la vacancia judicial, lo que significa que si alguien quiere demandar o reclamar que esa emergencia es inconstitucional, no lo podrá hacer hasta que el Consejo de Estado y la Corte vuelvan de vacaciones. En el país existe la presunción de legalidad, es decir, que mientras las leyes o decretos no hayan sido declarados ilegales, están vigentes”, añadió Bruce.
Por ello, el Consejo Gremial Nacional también solicitó a la Corte Constitucional que, de manera excepcional, analice y decida con inmediatez sobre la suspensión provisional del decreto de emergencia económica, en caso de que se expida durante la vacancia judicial. “Desconocer las normas de la emergencia tendría efectos perjudiciales sobre la economía y el ordenamiento institucional”, señaló.
El saliente director del centro de pensamiento Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, precisó que los 16,3 billones de la reforma representan menos del 3 por ciento del presupuesto total del próximo año, por lo que no se puede argumentar que tenga un impacto tan grave. “Imposible argumentar que un impacto de esta magnitud pueda perturbar o amenazar en forma grave e inminente el orden económico, social y ecológico del país, que es lo que exige la Constitución”, sentenció.
Un grupo de estudiantes una comunidad wayú. Foto:Manuel Benavides para EL TIEMPO
De llegar a salir este decreto, algo que el propio ministro de Hacienda, Germán Ávila, anunció que podría ocurrir en las próximas horas, se convertiría en el tercer estado de excepción en menos de tres años. Primero fue la emergencia económica, social y ecológica en La Guajira, que fue declarada en el 2023 debido a una crisis humanitaria por falta de agua, alimentos y servicios básicos, agravada por el fenómeno de El Niño, y a principios de este año vino el estado de conmoción interior por cuenta de la ola de violencia presentada en la región del Catatumbo, en el Norte de Santander. Si bien por el primero el Gobierno logró poner impuestos, pues la Corte Constitucional se lo tumbó; por el segundo, colocó tres temporales –a los juegos de suerte y azar, al petróleo y al carbón, y al timbre– que van hasta este 31 de diciembre.
A principios de este año vino el estado de conmoción interior por cuenta de la ola de violencia presentada en la región del Catatumbo, en el Norte de Santander
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“Es inadmisible que un Gobierno gaste más de lo que recibe, que lo haga de manera sistemática y que para cubrir su déficit, pretenda justificar una emergencia basada en su propia irresponsabilidad fiscal. Gobernar a punta de estados de excepción abre un precedente gravísimo”, aseguró Juan Camilo Nariño, presidente de la Asociación Colombiana de Minería (ACM), gremio que se ha visto afectado por este tipo de decisiones.
De igual manera, Frank Pearl, presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP), manifestó que esta figura no puede utilizarse para reemplazar el debate democrático en el Congreso, ni para corregir decisiones fiscales previsibles.
En una rueda de prensa, el ministro Ávila contó cuáles son las razones del Gobierno para decretar tal emergencia. Mencionó desde la crisis que afronta el sector de la salud hasta el riesgo de impago de los subsidios de energía para los estratos 1,2 y 3, que el mismo Congreso les aprobó un presupuesto desfinanciado, o la necesidad de tener que cumplir sí o sí con las vigencias futuras, las cuales permiten comprometer y ejecutar gastos para proyectos a largo plazo.
“Tenemos una obligatoriedad constitucional de atender los compromisos de vigencias futuras de gobiernos anteriores. Anualmente, tenemos que responder por abonos a esos compromisos por cerca de 15 billones, rubro que debe estar incorporado en el presupuesto de inversión”, dijo.
De igual manera, dijo que no habría dinero para pagar las sentencias judiciales y que otro hecho “sobreviniente” es el problema de seguridad nacional que vive el país. “Recientemente, hemos tenido ataques a la Fuerza Pública en departamentos como Cesar o Cauca y las organizaciones armadas están utilizando sistemas de tecnología de drones con los cuales están afectando la infraestructura”, contó.
Según Jaime Alberto Cabal, presidente del gremio de los comerciantes Fenalco, lo que realmente se debería hacer es reducir la “burocracia” y corregir el “derroche” del gasto público. “Perder una votación parlamentaria no habilita el uso de poderes excepcionales ni justifica la concentración transitoria de funciones en el Ejecutivo”, afirmó el líder gremial.
Lo que realmente se debería hacer es reducir la “burocracia” y corregir el “derroche” del gasto público
Billetes de referencia. Foto:EL TIEMPO
Impuestos que vendrían
Aunque todavía no se sabe a ciencia cierta cuáles son los impuestos que vendrían con la emergencia económica para recaudar esos 16,3 billones de pesos, el viernes circuló un borrador de decreto que generó aún más nerviosismo entre los diferentes expertos. Esto se debe a que este documento contiene una serie de impuestos que pondrían a pagar más a diferentes personas y empresas.
Por ejemplo, en él se indica que habría un nuevo impuesto al patrimonio para las personas jurídicas. Este se generaría en los contribuyentes que tengan más de 40.000 UVT, lo que para el 2026 sería de alrededor de 2.094 millones de pesos.
Según José Ignacio López, presidente del centro de estudios económicos Anif, este impuesto generaría distorsiones financieras y afectaría negativamente a la inversión. “Al reducir el patrimonio neto de las empresas, se debilitaría su posición financiera, lo que se traduciría en menor crédito y obligaría a las empresas a acceder a fuentes más costosas. Estos canales terminan teniendo efectos reales persistentes sobre la inversión, el empleo y la productividad”, expresó.
Un impuesto al patrimonio de las personas jurídicas generaría distorsiones financieras y afectaría negativamente a la inversión
En la misma línea, el exdirector de la Dian, Lisandro Junco, dijo que generaría un golpe al flujo de caja de las empresas, además de que supondría unos costos altos en el crecimiento, en la inversión y en el empleo, en especial en las pequeñas y medianas compañías. “Hoy en día se cobra, pero en las personas naturales y en las sociedades extranjeras con unas características específicas. Ponerlo a todas sería como establecer un impuesto de descapitalización”, declaró.
Impuestos de la reforma tributaria. Foto:reforma tributaria
Otro de los impuestos contemplados que ha generado alarma es el que subiría el gravamen a los movimientos financieros, o más conocido como 4×1000, al 5×1000 para el 2026. Igualmente, el documento indica que habría nuevos impuestos al consumo de licores, vinos y aperitivos, así como a los cigarrillos y al tabaco, al igual que ya incluía la tributaria que se le cayó.
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Adicional a ello, el Gobierno analiza volver a poner un impuesto a la primera venta dentro o desde el territorio nacional de la extracción de hidrocarburos y carbón, así como a su exportación.
“Están fabricando una emergencia económica con derroche, aumento desbordado en deuda, presupuestos inalcanzables llenos de burocracia e inversiones mal focalizadas, entre otros. Eso es ‘manosear’ esta figura”, sentenció el exministro y actual rector de la Universidad EIA, José Manuel Restrepo.
