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Crece la preocupación en el Valle del Cauca tras el anuncio del Ministerio de Salud de un incremento del 9% en la Unidad de Pago por Capitación (UPC) del régimen contributivo, una cifra que, según las autoridades departamentales, resulta insuficiente para garantizar la sostenibilidad financiera del sistema y la adecuada prestación de los servicios de salud.
Se debe tener en cuenta que la UPC es el recurso que el Estado gira por cada afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud, y su ajuste anual es clave para cubrir los costos operativos de hospitales y clínicas.
Sin embargo, el aumento definido para 2026 está por debajo del incremento del salario mínimo, que fue del 23 %, lo que agrava la presión financiera sobre las instituciones de salud.
La UPC es clave para cubrir los costos operativos de hospitales y clínicas. Foto:iStock
“Hay un incremento de la UPC del régimen subsidiado que iguala a la del régimen contributivo, pero el aumento de la UPC del contributivo no alcanza ni el incremento del salario mínimo y tampoco llega a la expectativa que teníamos, que era cercana al 17 por ciento. Finalmente, solo se incrementó en un 9 %”, advirtió María Cristina Lesmes, secretaría de Salud del Valle del Cauca.
‘No resuelve el problema estructural’
En contraste, la UPC del régimen subsidiado tuvo un aumento del 16,49 %, lo que, si bien cumple con lo ordenado por la Corte Constitucional en términos de equiparación, no resuelve el problema estructural de desfinanciación del sistema.
“Nuestra preocupación es que la desfinanciación del sistema y sus efectos negativos en la prestación de los servicios de salud y en la vida de los colombianos sigue siendo una problemática importante, porque continúa siendo un sistema deficitario”, agregó Lesmes.
La secretaria de Salud, María Cristina Lesmes, considera que el aumento de la UPC no resuelve la crisis Foto:Secretaría de Salud Valle del Cauca
Por su parte, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, insistió en la necesidad de mantener en funcionamiento los hospitales públicos, que asumen una mayor carga cuando otras instituciones reducen o cierran servicios.
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“Tenemos que mantener nuestros hospitales abiertos para que puedan brindar atención en salud con oportunidad y calidad. Si otras instituciones privadas cierran servicios, los pacientes llegan al hospital público universitario y tenemos que atenderlos. Eso para nosotros es fundamental”, afirmó la mandataria.
Desde el Gobierno departamental se reconoce que el aumento del salario mínimo impacta de manera significativa los costos del sector salud. Aun así, las autoridades aseguraron que continuarán haciendo esfuerzos para garantizar la atención a los usuarios y evitar el colapso de la red hospitalaria en el Valle del Cauca.
¿Es suficiente el aumento de la UPC hecho por el Gobierno? Foto:
¿Qué dijeron en el Gobierno Nacional?
El Ministerio de Salud salió al paso de las críticas generadas por el reciente ajuste del 9% a la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para el régimen contributivo en 2026, y reiteró que el problema estructural del sistema de salud no radica en la falta de recursos, sino en cómo las EPS los utilizan.
En un comunicado, la cartera recordó que, durante el actual Gobierno del Cambio (2022-2026), el presupuesto del sector salud ha crecido en más de 25 billones de pesos, cifra que representa el 1,4% del PIB (ajustado por inflación). Solo en la UPC —el recurso que el Estado transfiere por cada afiliado—, el incremento acumulado en el mismo período alcanza el 30,4 %, equivalente a 22,9 billones de pesos (1,3 % del PIB), lo que calificó como un “esfuerzo fiscal histórico”.
Hospital San Juan de Dios, uno de los más afectados por crisis de la salud. Foto:Gobernación Valle del Cauca
Frente a las quejas de gobiernos locales y expertos, que consideran insuficiente el ajuste del 9% frente al alza del salario mínimo (16,49 %) ya las necesidades reales del sistema, el Ministerio insistió en que la decisión se tomó con base en una metodología rigurosa, con información oficial, y con participación de actores del sistema, cumpliendo, además, con los lineamientos de la Corte Constitucional, que ordenó igualar las UPC del régimen subsidiado y contributivo.
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Sin embargo, el comunicado no evitó señalar directamente a las Entidades Promotoras de Salud (EPS) como parte del problema. En particular, el Ministerio cuestionó a gremios como la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi) por reportar información con “graves inconsistencias” que, según la cartera, han generado pérdidas multimillonarias y ponen en riesgo la atención de millones de colombianos.
Entre las irregularidades detectadas por el Gobierno Nacional se encuentran: pagos por servicios a personas fallecidas, facturación de procedimientos básicos con valores muy por encima del mercado y prácticas recurrentes de sobreliquidación acumuladas durante años.
“La metodología utilizada para definir la UPC se basa en datos reales de uso y costos del sistema, con base en la información reportada por las mismas EPS y fuentes oficiales. Cuestionar esta metodología implica desconocer que fue precisamente el análisis de esos datos el que dejó en evidencia graves inconsistencias en el manejo de los recursos”, señaló el comunicado.
El ministro de Salud dice que la UPC se basa en datos reales de uso y costos del sistema. Foto:redes sociales
Anuncio en medio de controversias
Cabe recordar que el martes 30 de diciembre, el Ministerio de Salud definió que para 2026 la Unidad de Pago por Capitación (UPC) tendrá un aumento del 9,03 % para el régimen contributivo y del 16,49 % para el régimen subsidiado.
Según el Gobierno, la decisión responde al cumplimiento de las órdenes de la Corte Constitucional ya la necesidad de avanzar en la equiparación de los recursos entre ambos regímenes, en consonancia con la Sentencia T-760 de 2008 y sus desarrollos posteriores.
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Sin embargo, para EPS, pacientes, académicos y exautoridades del sector, la medida no solo resulta insuficiente, sino que abre nuevos frentes de desfinanciación y profundiza una crisis que ya golpea el acceso, la oportunidad y la continuidad de los servicios de salud.
El anuncio se dio en medio de un fuerte contraste entre las expectativas del sector y la decisión final del Ejecutivo. Gremios como Acemi y la Andi habían advertido que el incremento necesario debía ubicarse entre el 15 % y el 17 %, mientras que la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC) había pedido un ajuste cercano al aumento del salario mínimo, que para 2026 fue decretado en 23 %.
La resolución, con aumentos diferenciados y una brecha significativa entre regímenes, terminó reavivando el debate sobre la suficiencia de la UPC y sobre la manera en que el Gobierno está tomando decisiones que afectan el eje financiero del sistema.
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Habla la ONG Foro Penal. Foto:
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