[ad_1]
Sin un hecho sobreviniente a la vista, el gobierno de Gustavo Petro decretó una emergencia económica, lo que le permite poner impuestos sin tener que pasar por el Congreso para intentar tapar el hueco de 16,3 billones de pesos que tiene el Presupuesto General de la Nación para este año.
LEA TAMBIÉN
Eso quiere decir que, aunque la reforma tributaria se cayó hace unas semanas en el Congreso, algunos contribuyentes no se librarán de tener que pagar nuevos impuestos. De hecho, el Ministerio de Hacienda que lidera Germán Ávila ya anunció el paquete de los nuevos tributos que vendrán.
Este se ha convertido en el tercer estado de excepción decretado por el Gobierno en menos de tres años. Primero fue la emergencia económica, social y ecológica en La Guajira, declarada en el 2023 debido a una crisis humanitaria en ese departamento, y a principios de este año vino el estado de conmoción interior por cuenta de la ola de violencia presentada en la región del Catatumbo, en el Norte de Santander.
Los ministros de Hacienda, Germán Ávila Plazas y de Trabajo, Antonio Sanguino. Foto:EL TIEMPO
Esta decisión ha encendido las alertas por los riesgos institucionales y fiscales que tendría para el país por el tiempo que dure, pues la mayoría de los analistas están convencidos de que en el momento en que la Corte analice la emergencia la tumbará.
Esto por cuenta de que no consideran hechos graves e imprevistos las razones que argumentó el Gobierno en su decreto y que van desde la crisis que afronta el sector de la salud hasta dotar de infraestructura y tecnología a la Fuerza Pública para hacer frente a las alteraciones del orden público presentadas en departamentos como el de Cauca, Cesar y Norte de Santander. Igualmente, el Ejecutivo justifica su emergencia con la caída de la reforma tributaria en el Congreso, los desastres naturales causados por la ola invernal y los recursos que hacen falta para sentencias judiciales pendientes de pago.
Para el exdirector del centro de pensamiento Fedesarrollo Luis Fernando Mejía, los 16,3 billones que buscaba la reforma representan menos del 3 por ciento del presupuesto total de este 2026, por lo que no se puede argumentar que tenga un impacto tan grave. “Imposible argumentar que un impacto de esta magnitud pueda perturbar o amenazar en forma grave e inminente el orden económico, social y ecológico del país, que es lo que exige la Constitución”, sentenció.
LEA TAMBIÉN
María Claudia Lacouture, presidenta de AmCham Colombia, subrayó el efecto inmediato que tendrá sobre la economía real. “Una emergencia eleva la incertidumbre en un momento en el que el país necesita reglas estables. Esa situación se traduce en menos inversión, decisiones empresariales en ‘modo pausa’, postergación de proyectos y menor dinamismo productivo”, explicó.
Uno de los sectores que se verá más impactado es el financiero debido a la sobretasa que le pone el decreto de emergencia. Sin embargo, según Jonathan Malagón, presidente del gremio de los banqueros Asobancaria, tendría efectos que irían mucho más allá de los bancos. “Traería implicaciones para las familias que quieran acceder a un crédito de vivienda, a los empresarios que quieren ampliar su producción y a los estudiantes que quieran financiar su educación”, señaló.
Jonathan Malagón, presidente de Asobancaria. Foto:Asobancaria
Impuestos que vendrán
- IVA a licores: del 5 al 19 %
Bebidas como aguardiente, ron, whisky, brandy, vodka y vinos, con excepción de la cerveza, tendrán un incremento en el IVA del 5 al 19 por ciento.Estos productos tenían una tarifa diferencial del 5 por ciento y se estima que el mayor impacto lo sentirá el bolsillo de los hogares y consumidores, en general.
En el caso del incremento de los impuestos para los cigarrillos, la tarifa específica será de 11.200 pesos por cajetilla, más un componente ad valorem del 10 por ciento. Para vapeadores y productos similares, el componente específico será de 2.000 pesos por mililitro, más un ad valorem del 30 por ciento.
El umbral bajaría de 3.600 millones a 2.000 millones de pesos, y se establecería una estructura progresiva con una tarifa máxima de 5 por ciento para patrimonios superiores a 100.000 millones. Este impuesto afectará a cerca de 102.000 contribuyentes y se espera un recaudo de 1,7 billones de pesos.
LEA TAMBIÉN
Los juegos de suerte y azar por internet, incluso los operados desde el exterior, quedarán gravados con IVA del 19 por ciento. Los afectados serán, principalmente, los usuarios de plataformas digitales. La base gravable será el ingreso bruto del juego (GGR), es decir, las apuestas menos los premios pagados.
Shein y Temu. Foto:iStock / Getty Images
Al reducir el umbral de exención del IVA para importaciones bajo la modalidad de tráfico postal o envíos rápidos, conocidos como ‘minimis’, compras vía Temu, Shein o Amazon ahora solo estarán exentas si su valor no supera 50 dólares. La medida busca cerrar un boquete fiscal que, según el Gobierno, se amplió con el auge del comercio electrónico internacional.
- Sobretasa al sector financiero
La tarifa total del impuesto de renta para bancos y entidades financieras será del 50 por ciento, tras elevar la sobretasa de 5 a 15 puntos porcentuales sobre la tarifa general. Expertos aseguran que podría trasladarse con mayores costos para hogares y empresas vía incremento en el costo del crédito.
Los automóviles, motos de alto cilindraje, yates, barcos y aeronaves estarán gravados con el 19 por ciento de impuesto nacional al consumo. Los bienes son catalogados por el Gobierno como elementos de lujo, cuya tributación adicional no afecta los derechos fundamentales, detalló el Ejecutivo.
LEA TAMBIÉN
En el caso del sector extractivo, durante la emergencia económica se crea un impuesto especial del 1 por ciento sobre la extracción y exportación de petróleo crudo y carbón, aplicable para las empresas encargadas del mismo, pero solo se podrá aplicar en la primera venta o en la exportación.
Petróleo. Foto:Henry Chirinos/EFE
Se establece una reducción transitoria de sanciones e intereses para las obligaciones en mora con la Dian, siempre que se pague el total del capital antes del 31 de marzo de 2026. La idea es que 57.305 ciudadanos accedan a soluciones efectivas que les permitan normalizar su situación tributaria.
[ad_2]