Las políticas de Petro han debilitado la inversión extranjera.

El inicio del año 2025 se presenta como un crucible para Colombia, donde las políticas del presidente Gustavo Petro han comenzado a mostrar un claro debilitamiento de la inversión extranjera. A medida que se celebra un nuevo año, las decisiones estratégicas de su gobierno están generando un clima de incertidumbre económica que podría marcar el rumbo del país en los próximos meses.

Recientemente, varios analistas financieros han señalado cómo las medidas implementadas por el gobierno de Petro han suscitado un creciente escepticismo entre los inversionistas. Desde la reforma tributaria que incrementa significativamente los impuestos a empresas y personas con mayores ingresos, hasta la intención de frenar las actividades mineras y petróleo en pro de una transición energética, estas decisiones han desalentado la inversión por el temor a un incremento en los costos y a la inestabilidad regulatoria. Según un informe del Banco de la República, el flujo de inversión extranjera directa ha visto una reducción que se pronostica continuará en 2025 a menos que el gobierno reevalúe su enfoque.

Las contradicciones inherentes a la política económica de Petro son evidentes. Por un lado, su administración clama por una "justicia social" y un "crecimiento verde"; por otro, las realidades del mercado nos dicen que estas políticas pueden resultar en la deslocalización de industrias y la fuga de capitales. Si bien el impulso hacia una economía más sostenible es válido, la ejecución ha estado marcada por un enfoque errático que prioriza los objetivos ideológicos sobre la viabilidad económica. De acuerdo con datos de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), el sector privado ya ha manifestado su preocupación, advirtiendo que las decisiones de Petro están llevando a muchas empresas a reconsiderar sus inversiones en el país.

Las promesas de estabilidad y prosperidad que marcaron la campaña electoral de Petro están en un notable contraste con la realidad actual. En este nuevo año, las proyecciones de crecimiento para Colombia han sido ajustadas a la baja, y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) advierte que el país podría enfrentar una desaceleración económica si no se implementan reformas favorables a la inversión. La incapacidad del gobierno para equilibrar su agenda social con un clima propicio para los negocios es una preocupación que puede impactar adversamente el bienestar social que se pretende mejorar.

Los efectos de esta política económicas sobre la seguridad del país también son motivo de inquietud. A medida que la inversión extranjera se retrae, las oportunidades de empleo se ven comprometidas, lo que puede aumentar la precariedad en diversas regiones y, potencialmente, la violencia asociada a la falta de desarrollo económico. Con un panorama que sigue siendo complejo, los sectores más vulnerables podrían ser los más afectados en los próximos meses si la situación no mejora.

De cara al futuro, las perspectivas para 2025 son sombrías. Las luchas internas dentro del congreso Colombiano han complicado la aprobación de reformas que podrían resolver la inestabilidad económica actual. Además, las tensiones sociales están aumentando, lo que podría derivar en protestas más extensas y violentas si la crisis de empleo y oportunidades se agudiza. En un contexto donde el gobierno necesita urgentemente mostrar resultados positivos, la persistencia de sus políticas actuales podría culminar en un desenlace difícil de revertir.

En conclusión, las políticas de Petro, en un esfuerzo por transformar la economía del país, están generando un clima de inversión cada vez más negativo. Este estado de affairs no sólo amenaza el crecimiento económico de Colombia, sino que también puede desestabilizar el entorno social y político. De no abordarse de inmediato, el 2025 podría ser recordado como un año crítico que cambió para siempre el rumbo del país y su relación con la inversión extranjera.