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En momentos en que el Gobierno dio a conocer el aumento del salario mínimo del 23 por ciento para 2026, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) emitió una serie de recomendaciones y advertencias para proteger a los compradores de vivienda, en medio de las preocupaciones por el impacto que este ajuste podría tener sobre los precios de los proyectos inmobiliarios, en especial aquellos cuyo valor está atado a este indicador y los negocios que ya habían sido pactados entre hogares y constructoras.
Según cifras de la propia Superintendencia, entre enero de 2024 y octubre de 2025 se recibieron 2.818 denuncias y 3.255 demandas por presuntas vulneraciones a los derechos de los compradores en el sector de la construcción de vivienda.
Las quejas más frecuentes están relacionadas con publicidad engañosa, cláusulas contractuales abusivas, incumplimientos en garantías, retrasos en la entrega, fallas estructurales y problemas en zonas comunes.
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Este volumen de reclamaciones ya se ha traducido en sanciones. En ese mismo periodo, la Delegatura para la Protección del Consumidor impuso multas a 38 constructoras, por un monto superior a 5.777 millones de pesos, mientras que la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales profirió 302 sentencias a favor de los consumidores y sancionó con más de 1.731 millones de pesos a empresas que incumplieron órdenes judiciales o acuerdos conciliatorios.
Transparencia y reglas claras
Ante este panorama, la SIC hizo un llamado directo a los constructores para que actúen con transparencia, responsabilidad y estricto cumplimiento del Estatuto del Consumidor (Ley 1480 de 2011). El mensaje es claro: toda la información ofrecida en la publicidad, los contratos y las promesas de compraventa es obligatoria y exigible.
Uno de los puntos centrales de las recomendaciones es que el precio de la vivienda debe informarse siempre en pesos colombianos, de manera clara y completa. El comprador solo está obligado a pagar el valor que fue informado al momento de manifestar su voluntad de adquirir el inmueble, por ejemplo, al firmar un contrato de separación, una opción de compra o una fiducia.
Cualquier cambio en la fecha de entrega debe ser explicado, justificado y respaldado por escrito. Foto:
Además, si el comprador decide desistir del negocio, los costos de ese desistimiento deben informarse desde el inicio y no pueden imponerse cargas injustificadas cuando el incumplimiento es del vendedor. Cualquier cambio en la fecha de entrega debe ser explicado, justificado y respaldado por escrito.
La promesa de compraventa, recuerda la SIC, debe incluir la fecha y hora de la firma de la escritura, la entrega del inmueble y la notaría correspondiente. Las modificaciones unilaterales de estas condiciones están expresamente prohibidas.
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Qué revisar antes de comprar
Para los hogares que están evaluando la compra de vivienda nueva, la Superintendencia recomienda verificar con detalle aspectos como las zonas comunes, especialmente en proyectos de propiedad horizontal, la calidad de los acabados, los elementos que realmente están incluidos en el precio y aquellos que solo hacen parte del apartamento o casa modelo.
También es clave revisar el tipo de parqueadero, los materiales de construcción, el sistema constructivo, los servicios públicos, el estrato socioeconómico y si el proyecto se encuentra en zonas de riesgo, como áreas cercanas a ríos, quebradas, humedales o zonas de deslizamiento.
SIC recomienda verificar aspectos como zonas comunes y parqueaderos, en la propiedad horizontal. Foto:Foto: iStock
En cuanto al constructor, la SIC aconseja confirmar que la empresa esté registrada en la Cámara de Comercio, que cuente con todos los permisos de construcción y, en lo posible, que el proyecto tenga el respaldo de una fiducia inmobiliaria. La reputación del constructor y su historial de proyectos también son factores determinantes.
El llamado del Gobierno
Este refuerzo en la protección al consumidor se da en paralelo al llamado que hizo el ministro de Hacienda, Germán Ávila, para que constructores y compradores de vivienda actúen de manera concertada frente al impacto del aumento del salario mínimo en los precios de los proyectos ya pactados.
Cielo Rusinque es la actual superintendenta de Industria y Comercio. Foto:EL TIEMPO
El Gobierno ha insistido en que, en los negocios cerrados antes del ajuste, se busquen acuerdos razonables que eviten incrementos desproporcionados y conflictos contractuales. Al mismo tiempo, ha señalado que, hacia adelante, deben ser las fuerzas del mercado las que definan el costo de la vivienda de interés social (VIS) bajo las nuevas reglas de juego del salario mínimo.
El mensaje oficial apunta a proteger a los hogares, sin frenar la dinámica del sector constructor ni generar distorsiones que terminen afectando la oferta de vivienda.
Finalmente, la SIC recordó que cualquier ciudadano que tenga conocimiento de una posible infracción a las normas de protección al consumidor puede presentar su denuncia ante la Delegatura para la Protección del Consumidor. Estas denuncias pueden derivar en investigaciones, sanciones y órdenes para proteger el interés general, sin perjuicio de que el consumidor también pueda acudir a acciones judiciales para defender sus derechos.
En un entorno de ajustes económicos y salarios más altos, la recomendación es clara: informarse, leer con cuidado los contratos y exigir que se cumpla lo pactado, especialmente cuando se trata de una de las decisiones financieras más importantes para los hogares colombianos.
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