Lavado de dinero con oro: cómo la Fiscalía desarticuló red de $731 mil millones en Colombia

El lavado de dinero con oro fue el mecanismo utilizado por una red criminal para ocultar recursos ilícitos en el sistema financiero colombiano. Según la Fiscalía, la empresa C.I. Mineros Exportadores S.A., constituida el 6 de mayo de 2003 en Bucaramanga, operaba como fachada de una estructura dedicada al blanqueo de capitales provenientes de minería ilegal.

¿Cómo funcionaba el esquema de lavado de dinero con oro?

La operación detectada consistía en la simulación de compraventas de metal precioso para otorgar apariencia de legalidad a recursos de origen delictivo. Entre 2006 y 2010, seis proveedores concentraron más del 50% de las operaciones, generando movimientos por valores de $47.647 millones, $34.159 millones, $28.187 millones, $25.537 millones, $23.225 millones y $20.820 millones, según los análisis periciales contables.

Los investigadores comprobaron que el lavado de dinero con oro funcionaba mediante una red de transferencias fraudulentas. Los fondos no llegaban a las cuentas de los proveedores que figuraban en las facturas, sino que se desviaban hacia terceros sin relación comercial legítima con la sociedad, como Gabriel Jacobo Campo Quintero y Eduen Franklin Silva Mantilla. Los peritos determinaron que las personas naturales vinculadas a estos cobros carecían de respaldo económico que justificara tales transacciones.

Operación por $731 mil millones y el rol de la DIAN

De acuerdo con reportes de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), el valor total de operaciones vinculadas a esta red de lavado de dinero con oro alcanzó $731 mil millones. La estructura utilizaba facturas falsas, transferencias bancarias irregulares y reportes tributarios manipulados para encubrir el origen de fondos, según información de la Fiscalía General de la Nación.

Las investigaciones iniciadas en 2012 permitieron reconstruir el funcionamiento del sistema financiero diseñado para la dispersión y ocultamiento de capitales. Los análisis determinaron que el oro comercializado procedía de actividades de minería ilegal, confirmando que la empresa figuraba ante la DIAN como exportadora de minerales, pero carecía de la infraestructura técnica y capacidad económica para suministrar las cantidades reportadas.

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