El ministro de Justicia Iván Cancino presentó a la revista Semana los detalles del proyecto de Ley de sometimiento que el gobierno De la Espriella impulsará ante el Congreso. La propuesta, que el gobierno desarrolla junto al ministro del Interior Rodrigo Lara, reemplaza el modelo de Paz Total del gobierno Petro con un esquema judicial que ofrece reducciones de pena diferenciadas, mantiene la extradición activa y elimina cualquier espacio de mediación política.
Rebajas de pena escalonadas: los líderes obtienen menos beneficio
El esquema propuesto establece dos niveles de reducción de condena:
- Líderes o personas con poder de mando en organizaciones criminales: reducción de pena no mayor al 30%.
- Integrantes de base o de rangos intermedios: reducción de hasta el 50%.
El diseño escalonado busca crear incentivos para que los miembros de base abandonen a sus jefes. Cancino lo explicó con claridad: “Si usted está en la base, dígale a su líder que se quiere entregar. Si su líder no se quiere entregar, déjelo solo. Venga, que aquí lo recibimos. El sometimiento es individual o colectivo.”
Cárceles ordinarias y libertad condicional más exigente
La ley establece que los procesados cumplirán sus condenas en cárceles ordinarias sin beneficios ni sitios especiales de reclusión. Este punto contrasta con los regímenes especiales que caracterizaron algunos acuerdos del gobierno Petro, donde los procesados podían permanecer en zonas de ubicación con condiciones diferentes al sistema carcelario regular.
Para acceder a la libertad condicional, el sometido deberá cumplir las cuatro quintas partes (4/5) de la condena, a diferencia de las tres quintas partes (3/5) que exige la ley ordinaria. Esta condición más estricta aplica también al resto de beneficios judiciales.
Sin negociación política: extradición y órdenes de captura se mantienen
La ley no suspende la extradición ni las órdenes de captura vigentes contra los integrantes de las organizaciones. La interlocución con las autoridades judiciales solo podrá realizarse a través de un abogado designado, eliminando así cualquier figura de “representante político” o negociador ideológico que caracterizó la Paz Total.
El primer piloto de la ley se aplicará a los 99 integrantes de la Coordinadora Nacional del Ejército Bolivariana (CNEB), que se encuentran en una zona de ubicación en Putumayo desde junio de 2026, luego de acordar su desmovilización con el gobierno Petro. Cancino y Lara llevan días presentando públicamente los detalles del proyecto en preparación para su radicación ante el Congreso.
Un modelo opuesto a la Paz Total
El gobierno De la Espriella ha sido explícito desde su posesión: para su administración, todos los grupos armados son organizaciones terroristas sin posibilidad de salida negociada. La Ley de sometimiento operacionaliza esa postura al reducir la conversación a términos estrictamente judiciales y eliminar cualquier reconocimiento político o ideológico de las organizaciones criminales.
El ministro Cancino se ha convertido en la figura central del endurecimiento de este discurso de seguridad. El presidente De la Espriella lo felicitó públicamente por su trabajo para acelerar las extradiciones y trasladar presos a cárceles sin privilegios. Con la Ley de sometimiento, el gobierno busca traducir ese enfoque en un marco legal permanente, aplicable a todos los grupos armados del país, del Pacífico al Catatumbo.