Líder agro arremetió contra Petro y aseguró que los subsidios al arroz “son una burla” en medio de la crisis climática

La creciente tensión en la cadena productiva del arroz y el riesgo de nuevas protestas han llevado a la creación de un espacio de mediación institucional en el Congreso. La sesión se llevó a cabo el miércoles 18 de febrero de 2026 en la Comisión Tercera del Senado de la República, con la participación de representantes del Gobierno, gremios y productores, quienes compartieron la situación económica, climática y comercial que enfrenta el cultivo en diversas regiones del país.

El encuentro fue coordinado por el senador Carlos Julio González Villa, del partido Cambio Radical, junto a la senadora Sonia Bernal. Según se informó, la Comisión Accidental Arrocera fue establecida para supervisar los acuerdos alcanzados en las mesas de negociación de 2024 y 2025, verificar el cumplimiento de los compromisos del Ejecutivo y servir como un canal de comunicación directa con las regiones productoras.

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De acuerdo con la presentación realizada durante la jornada, la situación del sector se califica como estructuralmente crítica. Se informó que los inventarios están 92% por encima del año anterior, los precios han disminuido en un 28.5% desde junio de 2024 y cerca de 100,000 hectáreas podrían dejar de ser cultivadas, según datos de Fedearroz.

También se mencionó la incertidumbre debido a la ausencia de un precio que cubra los costos de producción, así como el endeudamiento de los agricultores y las condiciones restrictivas de compra.

Durante la sesión, el presidente de Dignidad Agropecuaria, Óscar Gutiérrez, criticó la política de apoyos al sector y el manejo del gasto estatal bajo la administración de Gustavo Petro. El dirigente afirmó que los recursos actuales no satisfacen las necesidades de los productores ni el aumento de los costos de producción en medio de la crisis climática.

En su intervención, expresó: “El problema es así de sencillo. Les pido, por favor, que atendamos esto verdaderamente”, solicitando decisiones presupuestarias más significativas enfocadas en la seguridad y soberanía alimentaria. Luego añadió: “Si el presidente Petro realmente desea la seguridad y soberanía alimentaria, que destine veinticinco mil millones más en apoyo y subsidios a los productores. ¿Qué son veinticinco mil millones más? Nada”, comparando esa cifra con el gasto total del Gobierno nacional.

Gutiérrez reiteró la necesidad de aumentar el apoyo económico: “Es imperative respaldar con muchos más recursos a los productores de arroz, a todos, a los pequeños, medianos y grandes”. También mencionó que la emergencia invernal ha disminuido los rendimientos, pasando de casi 120 bultos por cosecha a entre 70 y 80, lo que aumenta la presión financiera sobre los agricultores.

Durante la reunión, funcionarios del Ejecutivo y representantes del sector discutieron temas sobre comercio, financiamiento y sostenibilidad productiva. Luis Fernando Angulo, director de comercio del Ministerio de Comercio, destacó: “Es una decisión del Gobierno escuchar sus inquietudes y buscar soluciones que beneficien la cadena productiva del arroz”. También mencionó limitaciones normativas al comentar que “estamos sometidos a la OMC, la Comunidad Andina, los tratados de libre comercio y el acuerdo de Cartagena”, refiere a los compromisos con la OMC y la Comunidad Andina.

Desde las regiones, los testimonios reflejaron serias dificultades económicas. Iván Herrera, representante de pequeños productores del Tolima, expresó: “Deseamos que el Ministerio de Agricultura y el Congreso actúen, ya que actualmente el sector agrícola colombiano y los pequeños campesinos están en crisis”. A su vez, el productor Miguel Bonilla manifestó: “Nos encontramos con los bolsillos vacíos y no podemos comprometernos a sembrar la siguiente cosecha”, señalando problemas de acceso a créditos, molinos e insumos.

Otros representantes también describieron las condiciones del mercado. Martín Vargas, productor del Huila, afirmó: “Estamos trabajando a precios ruinosos”, mientras que José Valdés, de Asoprado en Tolima, indicó que “la industria sigue pagando a 45 días” y que los costos de insumos y créditos siguen siendo altos.

La ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, advirtió sobre el impacto estructural de la crisis en toda la cadena. En conclusión, resaltó: “Si no hay productores, si no hay industria, y si no establecemos reglas claras en la comercialización, la cadena va a desaparecer; es un acuerdo de país donde todos debemos participar”.

La funcionaria detalló los recursos destinados al sector: “El Gobierno está realizando un esfuerzo significativo de $23.500 millones en apoyo directo, $1.173 millones para un proyecto de redescuento en Finagro y $10 mil millones para incentivos de capitalización rural”, refiriéndose a programas ejecutados a través del Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario.

Durante el análisis también se discutieron medidas comerciales como el arancel del 30% al arroz importado de Ecuador y acciones para controlar el contrabando, con la participación de entidades como la Dian y la Policía Nacional. Sin embargo, se indicó que muchos sectores consideran estas decisiones insuficientes si no se complementan con subsidios que cubran la diferencia entre el precio de compra industrial y los costos de producción, un precio piso obligatorio y soluciones a las deudas con el Banco Agrario.