Nuevo decreto en camino: ajustes clave para controlar el precio de la energía en el país

Como se había anticipado, el proyecto de norma mediante el cual el Gobierno pretende establecer límites a las tarifas de energía en el país se ha concretado y está disponible para la revisión del sector, de acuerdo con lo declarado por el mismo Edwin Palma Egea, titular de Minas y Energía, quien mencionó que se trata de una acción para aligerar la carga económica de los hogares de todos los niveles socioeconómicos.

“Con esta acción, se espera que en los períodos de sequía, en los que la energía resulta más cara, se pueda reducir su costo entre 20 y 120 pesos por cada kilovatio-hora, dependiendo de la intensidad de la sequía y de la variación de los precios en el mercado”, señaló el funcionario.

Según lo comunicado por este ministerio, las personas interesadas podrán revisar el proyecto de norma en www.minenergia.gov.co, en la sección ‘Servicio al Ciudadano Foros’, y quienes deseen hacer observaciones tendrán un plazo de 15 días para ello, que culminará el próximo 13 de mayo de 2025.

Desde la cartera de energía explicaron que la propuesta surge a raíz de los comentarios recibidos tras la publicación de la primera consulta, realizada a finales de 2024, cuando se llevaron a cabo espacios de socialización y diálogo con actores del sector, sindicatos y la ciudadanía en general.

Además, se indica que la norma se expide considerando que las empresas generadoras de energía no se adhirieron a la Resolución CREG 101 066 de 2024, que buscaba disminuir las tarifas.

A pesar de que el Gobierno Nacional sostiene que el objetivo de esta norma es la reducción en las tarifas, representantes de distintos gremios del sector han reiterado que esto conducirá a un aumento en el costo del servicio, especialmente para los hogares más vulnerables.

Desde el Comité Intergremial, del que forman parte Andesco, Acolgén, Andeg, Asocodis, Naturgás, Ser Colombia y la ACP, señalan que limitar a un máximo de 5 por ciento la venta de energía en el mercado interrumpe las señales de eficiencia, compromete la fiabilidad del suministro, infringe el principio constitucional de libre competencia y podría encarecer las tarifas para todos.

Norma insostenible

No obstante, el Gobierno sostiene lo contrario. “Con esta norma se permitirá que los hogares colombianos puedan acceder a unos costos del servicio más estables y competitivos, incluso en períodos de sequía, gracias a contratos de largo plazo”, indicó el Ministerio en el comunicado que presenta el borrador de norma para comentarios.

Y aclara que las empresas que producen energía a partir del agua deberán vender al menos el 95 por ciento de su generación a un precio estable mediante contratos. En este contexto, por ejemplo, un usuario en la región Caribe, que maneja un costo del kilovatio-hora entre 700 y 1.200 pesos, dependiendo de las condiciones climáticas del país, podrá disfrutar, de ahora en adelante, de una estabilización en la tarifa de electricidad.

En el borrador de la norma se establece que se facultará a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) para que, una vez emitida la norma, diseñe y promulgue los mecanismos que garanticen la seguridad y la estabilidad tarifaria en el servicio de energía.

Finalmente, el líder de la cartera de energía enfatizó que a través de esta norma se reforzará la política energética colombiana, priorizando a los usuarios que se han visto perjudicados por los altos costos de este servicio y la sostenibilidad ambiental, pilar de la Transición Energética Justa.

Expertos en el ámbito energético coinciden en que es una medida insostenible, porque va en contra de dos principios fundamentales del mercado, como son la suficiencia financiera, que prevé que las tarifas no lleven a la quiebra a las empresas, y el de costos eficientes, que impide que las generadoras trasladen sus ineficiencias a los consumidores.

Sergio Cabrales, ingeniero industrial, administrador de empresas y profesor de la Universidad de los Andes, comentó en su momento que esta medida podría acarrear efectos adversos a los esperados, ya que los generadores tendrían que contratar a largo plazo el 95 por ciento de su energía, a la que deben asignar un precio, que es precisamente lo que busca la norma mencionada por emitirse.