Litigio Isla Cartagena: Consejo de Estado Revisa Predio Nacional

El Litigio Isla Cartagena ha escalado hasta el Consejo de Estado, donde se definirá la disputa por un predio nacional en el archipiélago de Nuestra Señora del Rosario, en Cartagena. La Isla Fiesta, objeto de esta controversia, es un baldío de la nación de más de 600 metros cuadrados ubicado dentro del Parque Nacional Natural Islas del Rosario. La Agencia Nacional de Tierras (ANT) busca recuperar este bien de uso público, que ha sido explotado para servicios turísticos por el empresario Andrés Jorge Lisocki Fryde durante más de dos décadas.

El Litigio Isla Cartagena es el proceso judicial que enfrenta a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) con el empresario Andrés Jorge Lisocki Fryde por la posesión y explotación de un bien de uso público. Lo que inició como una ocupación irregular en 2002, derivó en contratos de arrendamiento con un costo reducido y ahora en una “toma de hecho”, según la ANT. El Estado considera esta situación un detrimento al patrimonio público.

¿Qué implica el Litigio Isla Cartagena para el Estado?

La historia de la Isla Fiesta es un ejemplo de cómo un baldío de la Nación, protegido por la Resolución 4698 de 1984 y ratificado como inalienable por el Consejo de Estado, terminó bajo el control de un particular. Andrés Jorge Lisocki Fryde mantuvo la tenencia de la isla a través de contratos de arrendamiento sucesivos con el extinto INCODER, siendo el Contrato 013 de 2015 por un valor de $220.439 mensuales.

Este último contrato expiró formalmente el 3 de diciembre de 2023. Según las cláusulas contractuales, el empresario debía restituir el predio en un plazo de dos meses, pero la entrega nunca se materializó. La Contraloría General de la República ordenó a la ANT sanear los baldíos con contratos vencidos en las Islas del Rosario.

Aspectos clave de la disputa por la Isla Fiesta

La ANT ha saneado contratos con 33 ocupantes de baldíos en las Islas del Rosario, logrando la recuperación de varios predios. Sin embargo, Lisocki Fryde ha sido identificado como el único renuente a formalizar su situación y entregar el bien de forma voluntaria. La entidad le ofreció una salida legal, que consistía en participar en el Banco de Oferentes para regularizar su estancia con un nuevo contrato por $11.600.000 mensuales, una oferta que también fue rechazada.

La entidad elevó la demanda hasta el Consejo de Estado mediante una acción de tutela que busca frenar la situación actual. Este caso subraya el pulso del Estado colombiano por la soberanía del territorio nacional frente a intereses privados, tal como ha sido reportado por El Tiempo.

La situación de la Isla Fiesta se centra en varios puntos principales:
Ocupación irregular: El empresario ocupó la isla de forma irregular entre 2002 y 2006.
Arrendamientos de bajo costo: Se firmaron contratos de arrendamiento con el extinto INCODER por un valor de $220.439 mensuales.
Incumplimiento de restitución: El contrato expiró el 3 de diciembre de 2023, y el predio no ha sido devuelto al Estado.
Rechazo a nueva oferta: El empresario no aceptó la propuesta de la ANT de un nuevo contrato por $11.600.000 mensuales.
* Acción en Consejo de Estado: La ANT busca la restitución del baldío nacional a través de una tutela judicial.

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