[ad_1]
Los criptoactivos, como el bitcóin, que actualmente se encuentra a un precio de 86.553 dólares, han ido en aumento en popularidad en Colombia; no obstante, aún no hay un marco regulador con pautas definidas, lo que provoca inquietud.
A pesar del proyecto llamado LaArenera, llevado a cabo por la Superfinanciera entre 2021 y 2024, aún persiste la ausencia de una normativa específica que integre la industria cripto con el sistema financiero convencional.
El valor de las criptomonedas ha aumentado en los años recientes. Foto:Getty Images
Esto a pesar de que el año pasado una propuesta legislativa impulsada por el senador Gustavo Moreno y el representante a la Cámara Julián López estuvo a un paso de convertirse en ley. Sin embargo, finalmente no se materializó por falta de tiempo.
En la actualidad, estos dos mismos legisladores han vuelto a presentar el proyecto ante la Cámara de Representantes para desarrollar esta industria dentro de un marco normativo legal que asegure la transparencia y la protección de los consumidores.
“Es imprescindible un proyecto de ley. La industria cripto está dispuesta a acatar las normativas de un marco regulador integral, que resguarde a los consumidores a la vez que establece reglas claras para atraer inversiones y nuevos participantes en un sector que se fortalece continuamente”, afirmó Gabriel Santos, presidente de Colombia Fintech.
En total, los legisladores estiman que en Colombia se transaccionaron 26 billones de pesos en criptomonedas entre julio de 2023 y junio de 2024, quedando por detrás de naciones en la región como Argentina, Brasil, México y Venezuela.
El proyecto busca establecer un marco normativo. Foto:Archivo particular
¿Qué propone el proyecto?
La iniciativa pretende regular a los proveedores de servicios de activos digitales, definidos como entidades jurídicas o personas naturales, ya sean nacionales o extranjeras, que ofrezcan a terceros uno o más servicios relacionados con activos digitales. Por ejemplo, incluiría plataformas como Binance, Bitso o Buda, entre otras.
“La propuesta no tiene como objetivo regular un mercado o la tecnología, ni mucho menos reconocer a los criptoactivos como moneda oficial. El proyecto no establece un régimen que desplace las competencias de otros sectores como los financieros, de datos, de competencia, prevención de lavado de activos, entre otros”, se menciona.
Adicionalmente, el proyecto establece que los proveedores deberán constituirse como sociedades comerciales bajo la supervisión de la Superintendencia de Sociedades y que los activos digitales son negociables directamente por sus propietarios, aunque el funcionamiento, las pautas, precios y otros aspectos no forman parte de la intención y objetivos de la ley, quedando en el ámbito privado de los usuarios.
“Aunque el proyecto no otorga la clasificación de valor o moneda bajo la legislación colombiana a los activos digitales, tiene como fin que solo aquellos agentes registrados, o las terceras partes con las que estos contraten, puedan realizar actividades de promoción y comercialización“, explica Camilo Gantiva, socio.
de la firma Holland & Knight.
De manera similar, el proyecto establece que los proveedores estarán obligados a divulgar de manera clara y escrita los riesgos materiales relacionados con sus servicios. Entre otros aspectos, deberán informar que los activos virtuales no son considerados una moneda de curso legal, salvo que así lo autorice el Banco de la República, y que las transacciones con activos virtuales son irreversibles, por lo tanto, las pérdidas resultantes de sus operaciones no son recuperables.
“La volatilidad e impredecibilidad del valor de los diversos activos virtuales pueden ocasionar ganancias o pérdidas significativas, parciales o totales, en cualquier periodo de tiempo determinado”, se puede leer en el documento.
Para Juanita Rodríguez Kattah, gerente del país de Bitso en Colombia, la creación de un registro oficial para proveedores de servicios de activos virtuales facilitará la identificación de las empresas serias que cumplen con normativas de protección al usuario, ofrecen canales claros de atención al cliente y no buscan manipular el mercado. “Este proyecto también promueve la colaboración entre estos proveedores y las autoridades, incrementando la confianza en el ecosistema”, destacó.
De acuerdo con Alejandro Beltrán, cofundador y gerente del país de Buda, plataforma de criptomonedas presente en Colombia, Chile, Perú y Argentina, el proyecto centra su atención en la protección del usuario final, no solo al salvaguardar sus datos personales, sino también al proteger sus recursos, asegurados mediante la separación patrimonial. Asimismo, menciona que contempla la corresponsabilidad entre el sector privado y las entidades públicas en la promoción de educación y pedagogía sobre esta tecnología.
Proveedores deberán indicar cuáles son los riesgos. Foto:EFE / EPA / Sascha Steinbach
“Un aspecto importante es la exigencia a los proveedores de adoptar políticas de prevención y mitigación de la manipulación del mercado, una disposición que adquiere especial relevancia en el contexto de los recientes acontecimientos a nivel internacional. Igualmente, se exige la implementación de sistemas para la prevención de riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LAFT), reforzando los ya existentes en nuestro país, así como la gestión de riesgos en el ámbito de la seguridad informática y ciberseguridad”, opinó.
No obstante, el experto afirma que uno de los principales desafíos del proyecto reside en la implementación del registro de plataformas de servicios de activos virtuales, así como en la capacidad del supervisor para asegurar procesos ágiles que brinden seguridad jurídica y acceso eficiente a la ciudadanía.
Por su parte, Juan Camilo Pryor, abogado especializado en regulación financiera, apuntó que el principal reto que enfrenta el proyecto es superar la resistencia de algunos sectores hacia la industria. “La realidad es que el mercado opera con o sin regulación, por lo que es necesario establecer reglas que protejan a los colombianos, tal como existen para los bancos, los vehículos, y muchos sectores en los que el potencial de abuso está presente”, expresó.
Formación en blockchain
El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), a través de la financiación del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, deberá implementar diversas estrategias para promover la apropiación y formación en la tecnología blockchain y Distributed Ledger Technology (DLT). Para ello, señala que el Viceministerio de Transformación Digital creará una hoja de ruta que permitirá comprender los demás casos de uso.
de esta innovación y sus variantes, así como su implementación en Colombia.
Asimismo, indica que el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), en colaboración con las Secretarías de Educación de los departamentos, distritos y municipios, podrán incluir en sus planes de estudio formación en tecnología blockchain.
¿Son legales los criptoactivos en la actualidad?
De acuerdo con Lorenzo Villegas-Carrasquilla, Socio de CMS Rodríguez-Azuero, los criptoactivos son legales en Colombia, aunque en este momento no se dispone de un marco regulatorio específico que establezca pautas para su uso como medio de pago en el país.
El Banco de la República y la Superintendencia Financiera han emitido comunicados advirtiendo que no son considerados como moneda de curso legal ni están respaldados por el Estado; sin embargo, esto no significa que estén vedados.
“Esto indica que no pueden ser utilizados para saldar deudas bajo el régimen cambiario ni tampoco constituyen títulos valores y, en consecuencia, no forman parte del mercado de valores colombiano, por lo que las entidades financieras reguladas no pueden invertir legalmente en este tipo de activos digitales”, señaló.
Más noticias en EL TIEMPO:
[ad_2]
