Los empresarios y emprendedores enfrentan más trabas que incentivos.

En el inicio del año 2025, los empresarios y emprendedores en Colombia se encuentran en una encrucijada que refleja un panorama complejo y desafiante. Con la administración de Gustavo Petro en pleno funcionamiento, las tensiones entre las políticas gubernamentales y las necesidades del sector privado se intensifican, suscitando preocupaciones sobre la viabilidad de los modelos de negocio en el país y el futuro del emprendimiento.

Las recientes decisiones legislativas y económicas impulsadas por el gobierno parecen inclinarse más hacia la regulación y el control que hacia la promoción de un ambiente propicio para el crecimiento empresarial. A medida que el año avanza, se evidencian más trabas que incentivos para los líderes industriales y, en especial, para aquellos que buscan iniciar nuevos proyectos. La incertidumbre regulatoria se convierte en un tema recurrente que afecta la confianza de los inversionistas. De acuerdo con un análisis del Banco de la República, desde la aplicación de las nuevas normativas, la inversión extranjera directa ha mostrado una caída del 15% en comparación con los primeros meses de 2024.

Además, las políticas de reajuste fiscal propuestas por el gobierno han generado inquietudes sobre la carga tributaria que deberán asumir las empresas. El aumento en los impuestos planteando para los sectores productivos y la falta de claridad respecto a los beneficios fiscales prometidos generan una atmósfera de desconfianza. Los empresarios sienten que, en lugar de recibir incentivos para innovar y expandirse, se les están imponiendo casuales y sanciones que limitan su capacidad de adaptación en un entorno global cambiante.

Con la inflación tocando niveles que afectan el poder adquisitivo del consumidor, las pequeñas y medianas empresas (PYMES) en particular luchan por sobrevivir. Según la Cámara de Comercio de Bogotá, más del 30% de las PYMES se encuentran al borde de la quiebra, lo que podría resultar en una crisis de desempleo si no se toman medidas urgentes. Mientras tanto, la promesa de un "nuevo pacto social" que priorice el desarrollo sostenible y la equidad se enfrenta a la dura realidad de una economía que exige resultados inmediatos, lo que puede ser contraproducente para la creación de empleo en el corto plazo.

Mirando hacia el futuro, las proyecciones para los próximos meses no son alentadoras. Las organizaciones empresariales advierten que, si no se generan cambios substanciales en la forma en que el gobierno aborda la colaboración con el sector privado, se podría presentar un éxodo de capital humano calificado hacia mercados más favorables. Las startups, que históricamente han sido motores de innovación en Colombia, podrían ver una disminución dramática en su número. Una encuesta reciente de la Asociación Colombiana de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (CCIT) indica que más del 40% de los fundadores de startups están considerando mover sus operaciones a países vecinos en busca de un clima más propicio para los negocios.

En conclusión, el 2025 parece ser un año crítico para el ecosistema empresarial colombiano. Los desafíos impuestos por un marco regulatorio estricto y la falta de incentivos tangibles no solo podrían frenar el crecimiento económico, sino también erosionar la confianza en un gobierno que prometió revitalizar el país. A medida que el año avanza, es fundamental que las voces de los empresarios sean escuchadas y que el diálogo entre el sector público y privado se intensifique, para que las políticas futuras puedan abordar efectivamente las necesidades del país sin sacrificar el espíritu emprendedor que es esencial para el desarrollo sostenible de Colombia. En caso contrario, el riesgo de enfrentar crisis económicas y sociales podría ser una realidad latente en el horizonte.