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En medio de la difícil situación fiscal que vive el país, con altos niveles de déficit y deuda y un proyecto de presupuesto para el 2026 desfinanciado por 16,3 billones de pesos, hay otro elemento que podría poner más presión a las cuentas de la Nación.
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Se trata de los pasivos por los litigios y demandas en contra del Estado que interponen tanto particulares como entidades por considerar que sus derechos legales o económicos han sido perjudicados.
César Palomino, director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado. Foto:Sergio Acero Yate / El Tiempo
Según un análisis de Anif, aunque la tasa de éxito de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje) es alta en estos procesos, el incremento en el número de demandas que se ha presentado en los últimos años les lleva a calcular que el Gobierno podría perder 29 billones de pesos (1,6 por ciento del PIB) por este tipo de pleitos nacionales que están activos actualmente.
“Esta cifra viene con incertidumbre pues depende de cómo se comporten esas reclamaciones contra el Estado. Calculamos cuáles son los litigios más grandes y les aplicamos la tasa de éxito del Estado y la tasa promedio de reclamación”, señaló su presidente José Ignacio López.
Y es que hay que tener en cuenta que no en todos los fallos judiciales la Nación resulta perdedora, aspecto que en últimas depende de la efectividad de la defensa jurídica estatal. En los casos donde interviene la Andje, la tasa de éxito alcanzó el 88,2 por ciento en el 2024. Sin embargo, cuando la defensa es por parte de otras entidades públicas llega a 52,6 por ciento.
Para el centro de estudios económicos, este pasivo supera ampliamente los recursos que tiene el Fondo de Contingencias de las entidades estatales, que si bien en el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2025 reportó tener cerca de 6 billones, sus cuentas sugieren un saldo menor.
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“El Estado debe reforzar su defensa jurídica, retomar los aportes al Fondo de Contingencias y evitar decisiones que induzcan a inseguridad jurídica. Asimismo, es fundamental realizar pagos oportunos de los fallos desfavorables para mitigar la presión fiscal asociada a los intereses de mora de dichos litigios”, asegura el reporte.
Pretensiones ya van por 743 billones de pesos. Foto:iStock
Pretensiones de más de 753 billones de pesos
La Agencia calcula que entre 2015 y 2020 se registró un promedio de 13.000 procesos activos por año, pero en el 2024 la cifra llegó a 70.000 y en lo corrido de este año a junio las demandas ya alcanzaron las 28.700, muy por encima del promedio histórico.
En especial, destaca el aumento que han tenido los litigios no laborales, que pasaron de 3.200 demandas en 2015 a 14.500 en el 2024.
“El aumento de las pretensiones acumuladas constituye un pasivo contingente que de materializarse presionaría aún más las finanzas públicas en un contexto de escaso espacio fiscal”, asegura el informe de Anif.
El documento afirma que esta situación no solo afecta las cuentas fiscales, sino que también constituye un desafío jurídico y contribuye a deteriorar la credibilidad del Estado frente a los inversionistas y ciudadanos.
En total, las pretensiones de estos litigios (entre nacionales e internacionales) alcanzaron los 753 billones de pesos a junio de 2025, según la Agencia, lo que representa un incremento de 326 billones de pesos (133 billones en pesos constantes, un 22 por ciento más) frente al total observado al cierre del 2019.
Por ejemplo, al cierre del primer semestre del 2025 se registraron hasta 43 procesos judiciales donde empresas mineras han demandado a diferentes entidades estatales, incluyendo a Ecopetrol, por pretensiones que ascienden a 3,82 billones de pesos. Otro ejemplo de estos pleitos es la intervención de la EPS Sanitas que llevó a los accionistas del grupo Keralty a demandar al Estado.
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Los litigios de la Dian
De otro lado, están los litigios tributarios que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) espera recaudar por cuenta de los procesos judiciales que tienen los deudores en el ámbito de la jurisdicción contenciosa administrativa.
Las instalaciones de la Dian. Foto:Dian
“Si hay que priorizar uno de los impuestos para evitar riesgos de fiscalizaciones y discusiones, el impuesto de renta debe ir primero. Es el más complejo y, claramente, el más litigioso. Este impuesto es un terreno fértil para las diferencias de interpretación. Hay espacio para matices, para posturas encontradas, que muchas veces terminan en litigios eternos”, señaló el abogado Felipe Arias de la firma Arias & Asociados.
Según el Marco Fiscal de Mediano Plazo (Mfmp) de hace dos años, la Dian había identificado alrededor de 7.000 procesos judiciales activos en la jurisdicción contenciosa administrativo con una cuantía de alrededor de 27,3 billones de pesos.
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Sin embargo, como estos litigios se demoran en promedio ocho años en resolverse desde la entidad que lideró en ese momento Luis Carlos Reyes se abogó por crear una nueva figura de arbitraje que les permitiera acelerar estos procesos de tal forma que solo duraran un año.
Si bien en el Presupuesto del 2024 se contempló recaudar hasta 10 billones de pesos, finalmente Reyes aseguró que no lograron tal valor porque nunca se creó la ley que permitía crear esta figura.
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