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La historia se repite y, cada vez que llega el verano, vuelve a golpear a los mismos: los habitantes de Manatí, Candelaria y sus corregimientos, en el sur del departamento del Atlántico.
Mientras las familias esperan agua con baja presión o cortes prolongados, en esta zona del Caribe colombiano algunos finqueros y empresarios siguen alimentando un viejo y conocido problema: el robo sistemático de agua potable del acueducto regional.
En un nuevo operativo de gran escala, la Gobernación del Atlántico, la Policía y la empresa AQsur detectaron 30 predios con conexiones ilegales entre la bocatoma del Canal del Dique y la planta de tratamiento.
Allí se desviaban 34.000 metros cúbicos de agua cada mes, un volumen suficiente para abastecer a millas de hogares y que, en cambio, terminaba llenando jagüeyes privados, criaderos, industrias y extensiones agrícolas.
Un viejo delito
El hallazgo no descubrió a los técnicos: desde hace años, estas conexiones fraudulentas se repiten en las mismas zonas rurales, en el mismo corredor y en los mismos tipos de predios. Esta vez, los operarios encontraron jagüeyes rebosados con agua potable y pruebas de cloro positivas, evidencia irrefutable de que el líquido terminado allí no provenía de pozos ni lluvias, sino del acueducto que debería abastecer a las comunidades.
Equipo operativo revisando tuberías y válvulas alteradas. Foto:Gobernación
“Esa agua que se roban es la misma que falta cuando llega el verano. Mientras se llena un jagüey, una familia en Manatí o Candelaria se queda sin servicio”, dijo la secretaria de Agua Potable del Atlántico, Lady Ospina. Cada mes se pierden más de 127 millones de pesos por estas prácticas, una cifra que se duplica cuando se suman los costos operativos y las reparaciones.
Entre enero y noviembre de este año, ya se han realizado 20 operativos solo en esta zonalo que muestra que los fraudes no son casos aislados, sino un patrón extendido que obliga a desplazar técnicos, maquinaria y policías para corregir daños que nunca deberían existir.
Lista de empresas y fincas que roban agua
Uno de los cambios clave es que ahora las denuncias ante la Fiscalía no serán genéricas. Usando coordenadas exactas, cada predio infractor tendrá un proceso individual. Entre los señalados aparecen nombres conocidos en la zona:
Fundación Vides, Parque Industrial Araguaney, Construblock, Granja El Paso, Fábrica de Carbón Vegetal, Finca Los Corrales, Finca Maida 1 y 2entre otros.
Estos casos ya están en ruta judicial. El hurto de agua potable puede significar meses de cárcel y multas de hasta 150 salarios mínimos.
Técnicos de AQsur inspeccionan una de las conexiones ilegales en el sur del Atlántico. Foto:Gobernación
AQsur destinó más de 30 técnicos para identificar y reparar daños, mientras la Policía acompañaba a 20 uniformados. “Todo este personal debería estar mejorando los sistemas, no corrigiendo fraudes”, recordó Ospina.
El director operativo de AQsur, Luis Alfredo Galán, aseguró que los operativos serán permanentes, especialmente ahora que se avecina la temporada seca: “Vamos a tener mano dura contra los delincuentes que roban agua”.
El gobernador Eduardo Verano Fue claro: el agua es un recurso estratégico que no puede estar en manos de quienes la usan para fines privados ya costa de comunidades enteras.
“No vamos a permitir que unos pocos afecten el derecho de millas de familias. Cada litro robado es un hogar sin agua. Vamos a actuar con decisión y todo el peso de la ley”, afirmó.
mientras los jagüeyes ilegales siguen apareciendo llenos, los pueblos del sur del Atlántico continúan esperando lo que debería ser lo más básico: abrir la llave y que el agua salga.
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