[ad_1]
El Gobierno Nacional propuso la convocatoria de una asamblea nacional constituyente, con el argumento de que el actual marco institucional presenta bloqueos estructurales que impiden la realización efectiva de los derechos y las reformas sociales contempladas desde la Constitución de 199.
La iniciativa parte de la idea de que Colombia atraviesa un momento comparable al de inicios de los años noventa, cuando se gestó la actual Carta Magna.
En ese contexto, en lo que se conoce del proyecto se sostiene que la persistencia de la violencia, la desigualdad, la falta de garantías de derechos sociales y la desconfianza ciudadana en el Congreso justifican la activación del poder constituyente primario, es decir, la soberanía directa del pueblo
El bloqueo institucional como eje central
Uno de los argumentos principales del proyecto es la existencia de un bloqueo institucional, entendido como la incapacidad del sistema político para tramitar reformas clave en temas como salud, trabajo, pensiones, educación, reforma agraria, autonomía territorial y medio ambiente.
Congreso de la República Foto:Senado
El texto señala que muchas de estas iniciativas han sido archivadas, dilatadas o modificadas sin un debate de fondo, lo que ha generado una brecha entre los derechos consagrados en la Constitución y su aplicación real.
Además, se advierte sobre omisiones legislativas, es decir, mandatos constitucionales que, más de tres décadas después, no han sido desarrollados por el Congreso, como el estatuto del trabajo, la jurisdicción agraria o un verdadero ordenamiento territorial.
Reforma del modelo político y del ejercicio del poder
El proyecto plantea la necesidad de revisar la organización del poder en Colombia, al considerar que el diseño presidencialista ha derivado en parálisis, concentración de poder y dificultades para gobernar en escenarios de división política.
Casa de Nariño. Foto:Presidencia de Colombia
En ese sentido, se propone que una nueva Constitución no solo amplíe derechos, sino que modifique la llamada “parte orgánica” del Estado, es decir, la forma en que se distribuyen y ejercen las funciones públicas.
Paz, reconciliación y cumplimiento de los acuerdos
Otro eje clave es la paz. El proyecto plantea la Asamblea Constituyente como un escenario de reconciliación nacional, orientado a garantizar el cumplimiento integral del acuerdo de paz de 2016, especialmente en aspectos como la reforma rural integral, el enfoque territorial y el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación.
También se menciona la necesidad de ajustes constitucionales para fortalecer la justicia transicional y los mecanismos de no repetición
Derechos sociales y modelo económico
En materia social, el proyecto propone revisar de manera estructural el sistema de salud, el derecho a la vivienda, la educación y las condiciones laborales.
Se afirma que la Constitución de 1991 reconoció estos derechos, pero no logró garantizar su efectividad, lo que ha llevado a una judicialización masiva mediante tutelas y a una creciente percepción de inequidad.
Déficit del sistema alcanzaría $9 billones en 2025. Foto:iStock
Asimismo, el texto plantea la discusión de un nuevo modelo económico, que combine la economía privada con un mayor papel del Estado en sectores estratégicos, fomente la economía popular y revise el rol del Banco de la República en relación con el empleo y el desarrollo productivo.
Medio ambiente, territorio y pueblos étnicos
El proyecto dedica un capítulo amplio al cambio climático y la protección ambiental, proponiendo elevar a rango constitucional compromisos sobre descarbonización, transición energética y derechos de la naturaleza.
También plantea resolver de manera estructural la falta de autonomía territorial de pueblos indígenas, afrodescendientes y campesinos, así como avanzar en un reordenamiento territorial que supere el centralismo histórico.
Reforma política y justicia
Finalmente, se propone una reforma política orientada a reducir la influencia del dinero en la democracia, fortalecer la financiación estatal de campañas y aumentar la transparencia.
En cuanto a la justicia, el texto plantea la necesidad de un sistema más accesible, eficaz y centrado en la verdad, la reparación de las víctimas y la lucha contra la corrupción, sin eliminar el control constitucional vigente.
PORTAFOLIO
[ad_2]
