Colombia
Luego de entregarse, esta es la fotografía del exministro Luis Fernando Velasco al ser reseñado en Cali
Luis Fernando Velasco, exministro del Interior de Colombia, fue arrestado en Cali tras entregarse voluntariamente alrededor de las 11:00 p. m. para cumplir con la orden de captura en su contra.
La acción se llevó a cabo en el marco de una indagación sobre corrupción presunta relacionada con la gestión irregular de contratos en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) y el Instituto Nacional de Vías (Invías).
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La resolución judicial, emitida por el Tribunal Superior de Bogotá, incluyó la imposición de medidas de aseguramiento de detención preventiva en un establecimiento carcelario tanto para Velasco como para el exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, según informó Blu Radio.
La reseña de Velasco en Cali se realizó después de que el exministro asistiera a la audiencia desde su casa. Después de rechazar los cargos, expresó su intención de entregarse en el lugar indicado por las autoridades.
A continuación, la imagen del exministro Luis Fernando Velasco:
La Policía Nacional realizó la captura y reseña, acatando así la orden judicial.
En el caso de Bonilla, la detención ocurrió en el propio Tribunal Superior de Bogotá, donde el exministro fue instruido por la Sala Penal y salió del complejo judicial sin incidentes.
La magistrada Alexandra Rosero, a cargo de la decisión, consideró que la detención domiciliaria no era suficiente para mitigar los riesgos señalados en el proceso.
Entre los motivos expuestos por el Tribunal Superior de Bogotá, se destacó la gravedad de los hechos investigados, la continuidad del riesgo institucional y la posibilidad de influencia indirecta por parte de los acusados.
El Tribunal concluyó que solo una medida de aseguramiento intramuros podía garantizar la protección de la comunidad y la preservación del orden institucional, apartándose así de la solicitud de la Fiscalía General de la Nación, que había pedido prisión domiciliaria para ambos exfuncionarios.
La magistrada ordenó emitir las órdenes de captura y estableció que, una vez ejecutadas, los imputados debían ser presentados al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).
La indagación que involucra a Velasco y Bonilla se centra en presuntas irregularidades en la asignación de contratos en la Ungrd y el Invías.
La Fiscalía General de la Nación ha imputado a ambos por los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer.
El proceso busca esclarecer la posible existencia de una estructura organizada para manipular los procesos contractuales, con el fin de beneficiar a ciertos congresistas a cambio de apoyo a reformas del Gobierno nacional en avance en el Congreso, como la reforma tributaria y la reforma a la salud.
Según la Fiscalía, las conductas investigadas habrían ocurrido en tres intervalos. Entre junio y septiembre de 2023, se alega que los exministros intervinieron en 79 contratos (74 en Invías y cinco en Ungrd) por un total de 612.237 millones de pesos, de los cuales siete se concretaron y fueron dirigidos según intereses específicos.
Posteriormente, entre septiembre y diciembre de 2023, se señala la intervención en tres contratos de la Ungrd destinados a atender emergencias en Saravena (Arauca), Cotorra (Córdoba) y El Salado en Carmen de Bolívar (Bolívar), por un total de 86.619 millones de pesos.
A pesar de que estos contratos no fueron direccionados, se asegura que los congresistas supuestamente favorecidos aprobaron 17 notas de crédito de endeudamiento a favor del Gobierno. Finalmente, entre noviembre de 2023 y marzo de 2024, la Fiscalía sostiene que Velasco y Bonilla habrían intervenido para que un contrato de la Ungrd en Sahagún (Córdoba), por 35.000 millones de pesos, fuera adjudicado a allegados a un congresista, aunque esto no se concretó.
Durante la audiencia, tanto Velasco como Bonilla negaron los cargos en su contra.
Velasco, en especial, <%b>reiteró su compromiso de acatar las decisiones judiciales y de presentarse ante las autoridades en el lugar que estas determinen.
