María José Pizarro se sumó a las denuncias de riesgo de fraude electoral hechas por Gustavo Petro y lanzó urgente llamado

Las alarmas sobre un posible fraude electoral, planteadas por el presidente Gustavo Petro, aunque sin pruebas contundentes, han generado inquietudes sobre la transparencia en las elecciones del 8 de marzo en Colombia. Esto ha sido reiterado en distintos comunicados, ya sea en eventos públicos o en redes sociales. A pesar de las críticas recibidas, el presidente recibió el apoyo de manera contundente el martes 24 de febrero.

María José Pizarro, senadora del Pacto Histórico y directora de la campaña de Iván Cepeda, hizo hincapié en las complicaciones para acceder al código fuente del software electoral y recordó experiencias pasadas de votos perdidos, lo que intensificó la atención sobre este proceso electoral. Pizarro busca, en parte, respaldar las múltiples denuncias del presidente, quien enfatizó que la empresa ASD, encargada del conteo, sigue operando a pesar de sentencias judiciales que apuntan a irregularidades.

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Según Petro, en 2022, la intervención de testigos electorales permitió recuperar 500.000 votos y obtener cinco curules, cifra que se convierte en el eje de las denuncias actuales. Esta situación se ha convertido en el motivo, como afirmó la congresista oficialista, para solicitar una vigilancia reforzada en las mesas de cara a la jornada del 8 de marzo de 2026: un evento crucial para el futuro político del Pacto, que se posiciona como la principal fuerza política del país con una destacada presencia legislativa.

Pizarro ha vinculado estos riesgos con la falta de posibilidad de auditar el sistema electrónico de conteo. “Hasta ahora no hemos podido, ni en 2022 ni ahora en 2026, acceder realmente al código fuente. Así que el trabajo de los testigos electorales en la custodia del voto será absolutamente fundamental”, expresó la congresista, quien renunció a su aspiración presidencial para apoyar a Cepeda, quien es el que mejor se posiciona en las encuestas.

Es esencial “garantizar que el voto de los ciudadanos, que se manifestará mayoritariamente en las urnas el próximo 8 de marzo, no sea desviado hacia otros partidos o candidatos, sino que refleje la voluntad popular tal como fue expresada”. Pizarro respaldó así las acusaciones de Petro, quien previamente había señalado directamente la responsabilidad de la empresa seleccionada para el preconteo, recordando los antecedentes judiciales negativos.

“La empresa ASD está implicada en el fraude revelado por el Consejo de Estado en la sentencia del caso de las elecciones de Senado de 2014, y también en las consultas presidenciales y congresuales del 2022 en Colombia, así como en las elecciones más recientes de Honduras. Sin embargo, seguirá siendo la empresa responsable del preconteo en las elecciones de congreso y presidencia para 2026″, denunció Petro, provocando la controversia.

Con este diagnóstico presentado por el presidente, del cual los entes de control se han distanciado, alegando que todo se encuentra en normalidad de cara a las elecciones, el Pacto Histórico, como destacó Pizarro, comenzó a fomentar la participación de un testigo electoral para cada una de las aproximadamente 124.000 mesas dispuestas en todo el país este año. “La vigilancia en boca de urna es absolutamente fundamental y crítica”, afirmó la parlamentaria capitalina.

Es relevante mencionar que Petro fue aún más allá en sus serias acusaciones. “Las urnas solo pueden abrirse nuevamente para el recuento de votos por impugnación de testigos electorales ante los jueces de escrutinio, y generalmente, si hay un número limitado de testigos o el partido no los tiene, el resultado queda como se informa por teléfono de la mesa a ASD y en sus oficinas, y conforme a los testigos presenciales, se modifican los datos”, afirmó el presidente.

Por esta razón, tanto el presidente como Pizarro piensan que, para asegurar la capacidad de detectar, denunciar e impugnar posibles fraudes, se necesitan al menos 60.000 testigos electorales capacitados y activos durante todo el proceso, desde la apertura de urnas hasta la firma de las actas. Una cifra que, según la congresista, presenta un gran reto a solo 12 días de las elecciones que elegirán un nuevo Congreso.

“Contamos con ustedes para que se conviertan en testigos electorales y protejan el voto antes, durante y después de las elecciones”, expresó Pizarro, quien también está de acuerdo con las advertencias sobre transparencia, que no solo se refieren a posibles manipulaciones informáticas, sino también a una serie de medidas legales que no se han cumplido, ya que Petro subrayó que desde 2014 se debería contar con un software ‘del Estado y para el Estado’.