Colombia
Más de 500 niños con discapacidad en Atlántico están sin medicamentos: familias alertan riesgo en tratamientos vitales
En numerosas viviendas del Atlántico, la vida cotidiana depende de un medicamento que no siempre llega. No es una exageración, pues más de 500 niños con discapacidad en la región están enfrentando hoy demoras en la entrega de fármacos vitales y problemas en la atención médica que, según sus familias, amenazan su estabilidad clínica.
La alerta proviene de la Asociación de Padres de Niños Especiales Unidos por Colombia (Apadeu), que ha señalado interrupciones en tratamientos continuos y demoras administrativas que se repiten con regularidad. Para muchos menores con condiciones neurológicas, metabólicas y crónicas, la constancia en la medicación es crucial; es la base de su calidad de vida.
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Los relatos recopilados por organizaciones de discapacidad subrayan un punto: la escasez impacta con particular dificultad a quienes necesitan fármacos especializados. Anticonvulsivos, antiepilépticos y otros medicamentos complejos no siempre están disponibles en las farmacias institucionales. En algunos casos, los padres han tenido que recorrer numerosos puntos de dispensación, tanto públicos como privados, sin éxito.
La consecuencia inmediata es la interrupción del tratamiento. Médicos consultados por las familias han indicado que la falta de adherencia terapéutica, incluso por breves períodos, puede provocar crisis y complicaciones graves. En niños con diagnósticos neurológicos, por ejemplo, la suspensión repentina de ciertos medicamentos puede romper su estabilidad y retroceder los avances logrados tras meses de atención.
En medio de la urgencia, algunos cuidadores han tenido que improvisar. Ajustan las dosis, separan las tomas o buscan alternativas menos adecuadas mientras esperan respuestas de las EPS (Empresas Promotoras de Salud). Estas decisiones, tomadas en condiciones de presión, aumentan la ansiedad en hogares que ya enfrentan retos permanentes.
El problema no se limita solo al desabastecimiento. Las familias también reportan retrasos en aprobaciones y trámites repetitivos que alargan la entrega de medicamentos. Incluso con órdenes médicas vigentes, las respuestas pueden tardar semanas. Cuando se trata de medicamentos altamente especializados, el proceso frecuentemente exige requisitos adicionales que retrasan aún más el acceso.
Padres consultados describieron un circuito burocrático desgastante: presentan documentos, reciben solicitudes de información adicional, esperan validaciones internas y, en ocasiones, deben reiniciar el proceso. Durante ese tiempo, el niño queda sin la medicación prescrita. La sensación de abandono, afirman, se ha intensificado.
Los defensores de derechos de pacientes han señalado que los menores con discapacidad necesitan un enfoque diferenciado. No es suficiente aplicar los mismos tiempos y procedimientos que se manejan para otros usuarios del sistema. Proponen establecer mecanismos prioritarios y eficaces que aseguren continuidad en tratamientos críticos y eviten que las familias tengan que recurrir a acciones judiciales para obtener lo que ya fue prescrito por un profesional de la salud.
El impacto va más allá de lo clínico. Las demoras obligan a muchos padres y madres a modificar su vida laboral. Algunos reducen sus jornadas; otros piden permisos frecuentes o, en situaciones más extremas, abandonan temporalmente sus empleos para gestionar citas, trámites y desplazamientos. En hogares donde los ingresos ya son limitados, esta carga adicional agrava la vulnerabilidad económica.
La situación también revela fallas estructurales en la atención de salud para poblaciones con necesidades específicas. Aunque la normativa reconoce derechos reforzados para personas con discapacidad, en la práctica aún persisten obstáculos administrativos y logísticos que complican el acceso oportuno a servicios y medicamentos.
Mientras tanto, cada día sin tratamiento suma incertidumbre. Para las familias, el asunto no es técnico ni abstracto; se trata de asegurar que sus hijos reciban puntualmente lo que necesitan para mantener su estabilidad. En un sistema que promete cobertura integral, la continuidad debería ser la norma, no la excepción. Las organizaciones de apoyo subrayan que la solución implica una coordinación efectiva entre EPS, farmacias y autoridades de salud, además de sistemas de seguimiento que identifiquen tempranamente los casos críticos.
