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Este martes se revelaron las 12 interrogantes que formarán parte de la consulta popular que el gobierno del presidente Gustavo Petro espera que sea aprobada pronto por el Senado de la República.
Este representa el plan alternativo del Gobierno Nacional tras el rechazo de la reforma laboral el pasado 18 de marzo en la Comisión Séptima del Senado. Sin embargo, es desaprobado por los empresarios debido a la posible pérdida de empleos y los sobrecostos que implicaría.
Algunas de las preguntas abarcan los temas centrales de la reforma laboral que fue rechazada, como, por ejemplo, que la jornada laboral diurna concluya a las 6:00 de la tarde y no a las 9:00 de la noche, como es actualmente.
Además, se interrogará a los colombianos si están a favor de que el trabajo en un día de descanso dominical o festivo se compense con un recargo del 100 por ciento. Actualmente esto es del 75 por ciento.
Asimismo, se formulan preguntas sobre temas vinculados a la formalización laboral, permisos médicos, un subsidio pensional para los campesinos y estímulos para las micro, pequeñas y medianas empresas.
Foto:iStock
No se puede replicar la reforma laboral
Para Bruce Mac Master, presidente de la Andi, es “muy incierto” que algunas preguntas puedan plantearse de manera tan precisa, al punto de reproducir los borradores de la reforma laboral, a través del mecanismo de consulta popular.
“El gran desafío de las preguntas, tal como se están formulando, es que tratan cada decisión suponiendo que no generan ningún costo para los trabajadores, para el empleo, para las empresas o para el Estado, ni en términos de informalidad”, comenta.
De igual manera, el presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, sostiene que las 12 preguntas formuladas buscan revivir el articulado de la reforma laboral que fracasó y ninguna de ellas busca abordar el grave problema del desempleo en el país, que actualmente afecta a casi tres millones de personas sin empleo.
Asimismo, el líder gremial señaló que los mecanismos de participación ciudadana no deben ser utilizados para sustituir las decisiones del Congreso de la República. “Si cada vez que no se aprueba una iniciativa el Gobierno se sometiera a consulta popular, el Congreso perdería su esencia y la separación de poderes dejaría de existir”, señala.
El efecto negativo sobre las empresas
Con las interrogantes que se están llevando a cabo, el presidente de la Andi considera que el Gobierno Nacional está olvidando el impacto que tendría esta consulta popular sobre la creación de empleo en el país y los desempleados, así como los incentivos a la informalidad.
“Se está fomentando la toma de decisiones de política pública con información completamente sesgada, que solo considera algunos de los eventuales beneficios de cada una de esas decisiones, ignorando los costos o las repercusiones negativas para las empresas”, expresa.
Según Acopi, pasar de un contrato de aprendizaje a uno laboral para los aprendices del Sena implicaría un aumento significativo del 126 por ciento (1,35 millones de pesos) en la estructura de costos empresariales.
El costo mensual de un aprendiz aumentaría de 1’067.625 pesos a aproximadamente 2’417.403 pesos. Para una empresa con tres aprendices, el costo total se incrementaría de 3’202.875 pesos a 7’252.209.
pesos, sin contar los beneficios adicionales que determinadas empresas brindan.
Asimismo, un estudio del Observatorio de la MiPyme de Acopi en 2023 indicó que, si se alterara la jornada laboral diurna, el 36,5 por ciento de los empresarios prevé un incremento en sus gastos del 1 al 20 por ciento, mientras que un 33,5 por ciento de los consultados anticipa un aumento del 20 al 40 por ciento.
Los aranceles impuestos por Donald Trump podrían afectar el empleo en Estados Unidos. Foto:iStock
Estos incrementos podrían tener consecuencias adversas, incluyendo una disminución de puestos de trabajo (34,3 por ciento), la dificultad para contratar personal adicional (29,8 por ciento) y un pequeño porcentaje de empresarios que se vería forzado a cerrar sus negocios (5,2 por ciento).
En cambio, el 58,4 por ciento de los empresarios mencionó que, si se llevara a cabo esta modificación en las jornadas diurnas y nocturnas, reduciría su plantilla laboral entre uno y cinco trabajadores.
Por este motivo, la directora ejecutiva de Acopi Seccional Atlántico y presidenta del Observatorio de la MiPyme, Rosmery Quintero, opina que la mejor solución ante la actual situación es la creación conjunta de un nuevo proyecto que logre un equilibrio genuino y responsable entre el empleo, la supervivencia empresarial y la formalización.
“Lamentablemente, los gobiernos nacionales y locales realizan proyecciones de soluciones a la crisis actual a través de más impuestos que están asfixiando a las empresas, especialmente a las micro, pequeñas y medianas, que ya soportan una alta carga tributaria y una estructura de costos cada vez más complicada de mantener”, añadió.
Mientras tanto, la Cámara Colombo Americana (AmCham Colombia) sostiene que las interrogantes de la consulta popular generarían serios riesgos para la viabilidad institucional, democrática y fiscal del país.
Foto:iStock
“Las interrogantes de la consulta popular anunciada por el Gobierno no cuentan con el respaldo técnico necesario para una reforma laboral, se están presentando sin considerar las complejidades e implicaciones para todos los colombianos”, declaró la presidenta de AmCham Colombia, María Claudia Lacouture.
El riesgo institucional radica en que la consulta popular podría comprometer el principio democrático al no asegurar una participación deliberativa adecuada, tal como lo permiten los debates sobre reformas en el Congreso de la República.
A esto se añade un impacto económico, ya que, según la presidenta de AmCham Colombia, las propuestas plantean la inviabilidad de las empresas al establecer mayores costos y arriesgar la pérdida de empleo de muchos colombianos.
Para la líder gremial tampoco resulta coherente el elevado costo que tendría esta consulta popular en relación con la actual situación fiscal del país, en un momento en que el Gobierno no ha cumplido con sus deudas con el sistema de salud y las empresas de energía, entre otras prioridades sociales.
“Mientras se recurre a la figura de la conmoción interior para imponer nuevos impuestos, por otro lado, se promueve una consulta popular financiada con fondos públicos sobre temas que ya han sido rechazados en dos ocasiones por el Congreso y que podría costar 700.000 millones de pesos”, manifestó el presidente de Fenalco.
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