Médicos de Colombia arremetieron contra Petro por “desproporción” entre pensiones y el salario mínimo: aseguran que afecta a los cuidadores

La aprobación de un aumento del 23% al salario mínimo para 2026 en Colombia ha suscitado debates respecto a su efecto sobre la población pensionada y la sostenibilidad de los servicios de atención en salud. Médicos y especialistas del sector han manifestado su inquietud sobre la “desproporción” que existe entre el incremento de las pensiones y el costo de los cuidadores, advirtiendo que esta diferencia podría dejar a gran parte de la población sin acceso a estos servicios necesarios.

Los expertos subrayan que la falta de alineación entre el salario mínimo y las pensiones puede impactar directamente la salud y el bienestar de los adultos mayores. Sin los recursos suficientes para contratar cuidadores, muchos jubilados enfrentarían dificultades para recibir asistencia en actividades cotidianas, monitoreo médico o terapias de rehabilitación.

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A través de un comunicado publicado en X, los médicos afirmaron que “la cuestión de los cuidadores de salud no debe ser subestimada. Dada la gran disparidad entre el aumento de las pensiones y el salario mínimo legal, miles de personas no podrán costear dichos servicios. La promesa de Gustavo Petro sobre la financiación a través del ‘sistema de prevención’ carece de bases y recursos suficientes”.

La situación se torna aún más complicada, ya que el ajuste de las pensiones mínimas no abarca automáticamente todos los gastos relacionados con los cuidadores, que dependen del tipo de atención necesaria y la frecuencia del servicio. Esto podría llevar a que un número considerable de adultos mayores y personas con discapacidad se vea afectado en su autonomía y calidad de vida, especialmente aquellos que requieren cuidados intensivos o constantes.

Por su parte, el presidente Gustavo Petro ha defendido el incremento del salario mínimo, argumentando que su cálculo se fundamenta en estudios del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) sobre el costo de la canasta básica y el número promedio de trabajadores en cada hogar. Según el mandatario, el salario fijado corresponde al “mínimo vital” establecido en el artículo 53 de la Constitución.

Con el aumento del 23%, el salario mínimo pasará de $1’423.500 en 2025 a cerca de $1’750.905 en 2026. Este ajuste se aplicará principalmente a quienes reciben pensiones mínimas, que representan casi el 60% del total de jubilados en Colombia. La normativa pensional indica que ninguna pensión puede estar por debajo del salario mínimo legal vigente, por lo que quienes actualmente reciben la mesada mínima verán un ajuste proporcional al incremento.

Sin embargo, el aumento no se refleja de la misma manera en todas las pensiones. Los que perciben montos superiores al mínimo dependen de la actualización por inflación para un ajuste en su ingreso, lo que genera disparidades entre los pensionados y su capacidad para costear servicios de cuidado en salud.

Según los médicos, la diferencia existente entre el aumento del salario mínimo y los costos de los cuidadores podría generar una situación en la que muchos adultos mayores no puedan acceder a asistencia domiciliaria o acompañamiento profesional. Se enfatiza la preocupación acerca del prometido “sistema de prevención” para financiar cuidadores, que no cuenta con recursos y fundamentos claros, aumentando la incertidumbre sobre su efectividad.

Recientemente, el presidente Petro anunció que el próximo congreso, que será elegido en marzo, revisará un proyecto de ley para establecer el salario mínimo vital en Colombia. Además, defendió su medida subrayando que la Constitución de 1991 establece un sistema tributario progresivo, donde “los más ricos deben pagar impuestos más altos que los demás, asegurando así los derechos fundamentales del pueblo y del individuo en el gasto público”.

Mientras el gobierno sostiene que el aumento del salario mínimo garantiza un ingreso básico vital, los médicos expresan preocupación sobre la brecha entre las pensiones y la capacidad para acceder a cuidadores, lo que podría limitar la atención hacia miles de adultos mayores y personas con condiciones especiales de salud en Colombia.