minería ilegal se consolida como la economía criminal más rentable de la región

El más reciente informe de la FACT Coalition, titulado ‘Addressing Illegal Gold Mining in the Western Hemisphere: New Approaches for U.S. Policy’ y publicado el pasado 20 de agosto, lanza una advertencia contundente: la minería ilegal de oro se ha convertido en una de las economías ilícitas más grandes y de más rápido crecimiento en el hemisferio occidental. En países como Colombia, el negocio del oro ilegal ya genera más dinero para los grupos armados que la cocaína, según documenta el reporte que se basa en distintos estudios y documentos oficiales.

“La minería ilegal de oro es una crisis regional que socava el Estado de derecho, destruye el medioambiente y alimenta al crimen organizado”, afirmó Julia Yansura, directora de programas sobre Crimen Ambiental y Finanzas Ilícitas de la FACT Coalition.

Y es que, la minería ilegal de oro está dejando una huella ambiental de enormes proporciones en toda la región. El informe advierte que el uso indiscriminado de mercurio para separar el oro de los sedimentos ha contaminado ríos, suelos y cadenas alimenticias, afectando gravemente la salud de comunidades ribereñas e indígenas.

En la Amazonia, esta práctica se traduce en deforestación acelerada: miles de hectáreas de selva son arrasadas cada año para abrir paso a retroexcavadoras y dragas que destruyen ecosistemas frágiles. El impacto sanitario también es grave: poblaciones cercanas a campamentos mineros presentan niveles de mercurio en la sangre entre dos y seis veces superiores a los límites seguros, poniendo en riesgo especialmente a niños y mujeres embarazadas.

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El 70 % de la minería de oro en Colombia es ilegal

De acuerdo con el informe, Colombia vive un viraje criminal histórico. Si bien el país ha sido durante décadas el mayor productor mundial de cocaína, hoy el oro ilegal compite e incluso supera los ingresos del narcotráfico para redes como el Clan del Golfo. Según el reporte, en regiones como el Bajo Cauca, la Serranía de San Lucas o el Cañón del Micay, el metal precioso se ha transformado en la fuente principal de financiación de actores armados.

Las cifras son reveladoras. Según la Asociación Colombiana de Minería, en 2023 el país exportó 72 toneladas de oro por un valor superior a 2.500 millones de dólares. Sin embargo, “solo el 30 % de esa producción es legal y tributa al Estado; el 70 % restante proviene de la minería ilegal o informal”.

El destino principal de ese oro es Estados Unidos. En 2023, según el cálculo no oficial de FACT basado en el valor declarado en aduanas de exportaciones (que además es mayor al de la Asociación Colombiana de Minería) Colombia exportó 3.400 millones de dólares en oro, y de esa cifra, 1.400 millones tuvieron como comprador al mercado estadounidense. 

El problema es que, como advierte Yansura, “con vacíos significativos en nuestras regulaciones contra el lavado de dinero y en las políticas comerciales, Estados Unidos se ha convertido en un centro para las ganancias de este delito, fortaleciendo a redes criminales y regímenes autoritarios en el proceso”.

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El caso colombiano ilustra un patrón: el oro es más fácil de mover y legalizar que la cocaína. Mientras el narcotráfico enfrenta rutas vigiladas y decomisos constantes, el oro puede viajar en aviones o mezclarse en cadenas de suministro legales con documentación falsa. Así, se convierte en un negocio de “alto beneficio y bajo riesgo”, como lo describe el informe de la FACT Coalition.

Perú: el epicentro regional

Aunque la situación en Colombia es crítica, el epicentro de la crisis está en Perú. Allí, el oro ilegal representa el 44 % del comercio ilícito en América Latina, muy por encima de Colombia (25 %) y Bolivia (12 %). El auge se explica por el precio internacional del oro, que desde el año 2000 ha aumentado un 1.100 %, superando los 3.500 dólares por onza en 2025.

Las consecuencias son alarmantes: en 2023, Perú exportó 77 toneladas de oro ilícito valoradas en 4.830 millones de dólares. Buena parte de esas exportaciones terminan en Estados Unidos, que compró cerca de 1.000 millones de dólares en oro peruano ese mismo año. El resto se canaliza hacia la India y Emiratos Árabes Unidos, aprovechando vacíos regulatorios.

Por su parte, en Venezuela, la minería ilegal se ha transformado en un pilar económico del régimen de Nicolás Maduro. Desde la creación del Arco Minero del Orinoco en 2016, el país formalizó un modelo extractivo que en realidad abrió la puerta al saqueo descontrolado por parte de militares, guerrillas y megabandas como el Tren de Aragua.

Entre el 86 % y el 91 % del oro venezolano se produce de forma ilegal, y hasta el 70 % de ese metal —valorado en más de 4.400 millones de dólares en 2021— es contrabandeado al exterior mediante redes transnacionales y compañías de papel. Según el reporte, el oro se convirtió en la vía para evadir sanciones internacionales y mantener a flote al régimen. Investigaciones recientes han documentado vuelos privados que transportan toneladas de oro hacia el Caribe, Europa y hasta refinerías en Suiza, disfrazando su origen.

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En Ecuador, la minería ilegal aún es más joven, pero crece a un ritmo vertiginoso según el reporte. Bandas como Los Lobos y Los Choneros han tomado control de territorios amazónicos, desplazando comunidades indígenas y contaminando ríos con mercurio. Los ingresos son multimillonarios: se estima que solo Los Choneros obtienen un millón de dólares mensuales de la explotación ilegal.

El oro ecuatoriano tiene como principales destinos China y Estados Unidos. En este último, investigaciones han demostrado que los recursos se lavan a través de compañías fachada, algunas de ellas con sede en Florida.

El informe también advierte que en Brasil la minería ilegal creció hasta un 18 % anual en algunas zonas de la Amazonia con un impacto es devastador: la deforestación causada por el oro ilegal aumentó más del 90 % entre 2017 y 2020, mientras que la presencia de mercurio ha contaminado ríos y poblaciones indígenas. En áreas amazónicas, los niveles de mercurio en sangre de las comunidades son hasta seis veces superiores a lo permitido.

Estados Unidos: comprador y facilitador

Un elemento central del informe es la responsabilidad de Estados Unidos. Como mayor mercado de consumo de oro en el mundo, su papel es decisivo. El reporte estima que el 80 % del oro colombiano que ingresa a EE. UU. es ilegal, al igual que grandes porcentajes del proveniente de Perú, Ecuador y Venezuela.

El problema radica en las debilidades regulatorias: a diferencia del dinero en efectivo, el oro puede ingresar al país sin ser declarado. “Hoy en día, es legal que un pasajero ingrese a Estados Unidos con, por ejemplo, 50 libras de lingotes de oro —valorados en un millón de dólares— sin necesidad de presentar la misma declaración aduanera que se exige cuando se transporta un millón en efectivo”, alerta el documento.

Ese vacío legal, sumado al uso de empresas fantasma y la falta de transparencia en la propiedad corporativa, convierte al sistema financiero estadounidense en una plataforma ideal para lavar capitales de la minería ilegal.

La FACT Coalition concluye que ningún país puede enfrentar solo esta economía ilícita. Las redes criminales cruzan fronteras con facilidad, mezclan oro ilegal con cargamentos legales y explotan diferencias regulatorias.

“Con vacíos significativos en nuestras regulaciones contra el lavado de dinero y en las políticas comerciales, Estados Unidos se ha convertido en un centro para las ganancias de este delito, fortaleciendo a redes criminales y regímenes autoritarios en el proceso”, insistió Yansura. Para la experta, cerrar vacíos legales, reforzar la supervisión financiera y recuperar la capacidad de aplicación de la ley son pasos urgentes.

EDWIN CAICEDO

Periodista de Medioambiente y Salud

@CaicedoUcros