Ministro de Salud rechazó presiones para aumentar la UPC: “Tenemos que mirar si Papá Noel está pobre, porque no hacen sino pedirle”

El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, utilizó el humor para reaccionar a las crecientes solicitudes de aumento en la Unidad de Pago por Capitación (UPC), luego de que la Corte Constitucional ordenara investigar los supuestos incumplimientos del Gobierno en ajustar este mecanismo de financiamiento del sistema de salud.

Frente a la controversia por la falta de recursos y la renuencia del Congreso a aprobar nuevas fuentes de financiación, Jaramillo expresó: “Es necesario preguntarnos si Papá Noel está en mala situación económica, porque solo le piden a él, piden y piden, pero no aprueban la ley de financiamiento. Son expertos en pedir, pero no en pagar”.

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El titular de la cartera de Salud, durante la firma de la resolución que regula la colaboración de las organizaciones comunitarias en el sistema de salud, mencionó que aún no ha recibido oficialmente la resolución de la Corte.

“Estoy a la espera de que me llegue el auto”, afirmó, enfatizando la importancia de conocer los detalles del fallo antes de ofrecer una respuesta formal.

Esta declaración se hace en medio de la solicitud de la Corte Constitucional a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría para investigar el cumplimiento de las decisiones del Gobierno relativas al ajuste de la UPC, un asunto que ha generado fricciones entre el Ejecutivo y diversos actores del sector salud.

Al final de su intervención, Jaramillo lanzó críticas directas hacia los gremios empresariales, en particular a la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), a quienes acusó de buscar beneficios económicos a expensas de los recursos públicos.

El ministro cuestionó la propuesta de la Andi de establecer la UPC para 2026 en un 15,6%, y afirmó: “Como siempre, la Andi procura que los ricos del país obtengan más recursos públicos para sus beneficios”.

Según Jaramillo, decisiones como la eliminación del aporte patronal han ocasionado para el Estado una merma superior a 32 billones de pesos, una carga que, aseveró, ha recaído sobre la ciudadanía mediante impuestos.