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El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, hizo pública la denuncia penal completa que presentó ante la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia contra los congresistas Lina María Garrido, Jonathan Ferney Pulido Hernández (‘Jota Pe’) y Miguel Abraham Polo Polo.
Aunque la existencia de la denuncia ya se conocía desde la mañana, fue el propio ministro quien informó sobre su radicación a través de redes sociales, y ahora se ha publicado el documento completo que detalla los eventos, fundamentos legales, normas penales invocadas y materiales probatorios presentados ante el tribunal.
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La divulgación del documento busca dar claridad al proceso judicial y permitir que la ciudadanía entienda el verdadero alcance de la denuncia, más allá de interpretaciones fragmentadas o políticas.
El escrito fue dirigido al magistrado César Augusto Reyes Medina, de la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, que es la entidad competente para conocer denuncias penales en contra de congresistas.
En el documento, Sanguino solicita a la Corte que determine si es necesario abrir una investigación formal, analizando múltiples publicaciones realizadas por los congresistas entre el 3 y el 5 de enero, en el contexto político generado tras la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro.
El ministro aclara que no le corresponde calificar penalmente las conductas, pero sí presenta a la autoridad judicial hechos que, a su juicio, pueden encuadrar en tipos penales contemplados en el Código Penal colombiano.
Uno de los aspectos clave del documento es la fundamentación jurídica. En la denuncia, Sanguino indica que las conductas descritas podrían constituir los delitos de:
- Menoscabo de la integridad nacional, según el artículo 455 del Código Penal, que castiga actos que pongan en riesgo la soberanía, independencia o integridad territorial del Estado.
- Participación en hostilidades contra la patria, tipificada en el artículo 458 del Código Penal, que se relaciona con conductas que fomentan o facilitan acciones hostiles contra el país, incluso en escenarios no armados.
El ministro enfatizó que “la libertad de expresión no justifica la traición a la patria”, especialmente cuando las manifestaciones públicas pueden interpretarse como llamados a la intervención extranjera, a la violencia o a la desestabilización institucional.
La denuncia detalla diversos mensajes del senador Jonathan Ferney Pulido Hernández, conocido como Jota Pe.
El 3 de enero, publicó en X: “Mi sueño menos grande, ver a Petro capturado y tras las rejas, mi sueño más grande es que Colombia no tenga que verlo más”.
Ese mismo día, compartió en Instagram: “Celebra Venezuela, ojalá algún día podamos celebrar nosotros de ver a Gustavo Petro tras las rejas”.
El 4 de enero, difundió un video con el texto: “A Gustavo Petro le decimos, si lo piensa así, atájanse a las consecuencias, Estados Unidos lo está mirando, ya le dijo Donald Trump cuide su trasero”.
Finalmente, el 5 de enero, publicó un mensaje extenso sobre declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump, la situación de Colombia frente a Venezuela y menciones a grupos armados ilegales, lo que, según el ministro, requiere una valoración judicial exhaustiva.
En cuanto a la representante Lina María Garrido, la denuncia incluye publicaciones realizadas en X el 3 y 4 de enero.
Su primer mensaje menciona: “#Justicia. Esto apenas empieza. Muy pronto una foto así también será tomada para los amigos del régimen que hoy están destruyendo a #Colombia. Están advertidos”.
Posteriormente, escribió: “Bienvenido a #Colombia Presidente @POTUS. Con gran anhelo el pueblo colombiano lo espera. No tarde tanto por favor”.
Para el denunciante, estas expresiones deben ser analizadas en su contexto, especialmente en relación con eventuales llamados a actores extranjeros.
Respecto al representante Miguel Abraham Polo Polo, el documento menciona un mensaje del 3 de enero: “El siguiente eres tú @petrogustavo”.
También se incluye otro mensaje en el que afirmó: “El sueño de 50 millones de colombianos”.
Según el ministro, estas publicaciones no deben ser evaluadas de manera aislada, sino en el contexto político y de seguridad actual.
En su declaración pública, Antonio Sanguino subrayó que “llamar a invasiones, promover hostilidades o incentivar acciones contra nuestro país no es una opinión política”, y enfatizó que este tipo de conductas puede tener consecuencias penales, sin considerar el cargo o la afiliación política de quien las emita.
El ministro reiteró que la denuncia no pretende censurar, sino activar los mecanismos institucionales establecidos por la ley.
Ahora corresponderá a la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia decidir si se admite la denuncia, y, de ser afirmativo, si ordena la recolección de pruebas y la apertura formal de la investigación contra los congresistas mencionados.
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