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Naciones Unidas acto político del Pacto Históricorealizado el 10 de enero en Baranoa (Atlántico)encendió una controversia que trascendió el ámbito local y llegó al debate nacional. La razón no fue la convocatoria ni el contenido del encuentro, sino el lugar donde se llevó a cabo: una finca administrada por la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y alguna vez a medida cautelar por su origen judicial.
El evento congregó a simpatizantes del precandidato presidencial Iván Cepeda y se desarrolló en la finca El Hatilloun predio que, de acuerdo con información conocida públicamente, se encuentra bajo custodia estatal tras haber sido incautado. La situación generó interrogantes sobre la legalidad y pertinencia del uso de bienes administrados por la SAE
para actividades de carácter político.
La polémica tomó fuerza luego de que las redes oficiales del Pacto Histórico en Atlántico difundieron imágenes y mensajes del encuentro, señalando que el objetivo era la conformación de un comité agrario que respaldará la aspiración presidencial de Cepeda en la región Caribe.
Un predio con antecedentes judiciales
Polémica por campaña de Iván Cepeda en el Atlántico. Foto:redes sociales
la finca El Hatillo está aislado con el folio de matrícula inmobiliaria 040-16424 y fue incautada en el marco de procesos judiciales relacionados con su antiguo propietario, Julio César Polaníaun empresario asesinado en 2020 y señalado en su momento por presuntos vínculos con estructuras armadas ilegales en la región Caribe.
Tras la incautación, el predio pasó a manos de la Asociación Agraria, Campesina, Pescadores, Artesanas y Étnica (Asoagro)organización que actualmente figura como administradora del terreno, bajo la supervisión de la SAE. Este detalle es clave, pues los bienes bajo esta figura. no pueden destinarse libremente a cualquier tipo de actividad sin autorización expresa.
La realización de un mitin con tinte político en este contexto abrió un debate sobre los límites de uso social, comunitario o institucional de los bienes incautados, especialmente cuando estos estén sujetos a procesos judiciales en curso.
Difusión en redes y presencia de dirigentes
Iván Cepeda en el debate. Foto:Prensa Senado.
Las imágenes compartidas por el Pacto Histórico Atlántico muestran a decenas de personas reunidas en un quiosco dentro de la fincacon mensajes alusivos a la organización política ya la agenda agraria del movimiento. La publicación reforzó la idea de que se trataba de una actividad partidista formalmás allá de un encuentro comunitario.
Entre los asistentes se identificó al candidato a la Cámara por el Atlántico, Jaime Santamaría Acostaquien incluso publicó un video desde el lugar, confirmando su participación en la reunión. Este hecho aumentó la atención mediática, al tratarse de un aspirante en plena contienda electoral.
La presencia de figuras políticas y la narrativa difundida por los organizadores contrastaron con la versión posterior entregada por la administración del predio, lo que profundizó las dudas sobre la naturaleza real del encuentro.
La versión de Asoagro y el deslinde de Cepeda
Ante la controversia, Nelson Viloria Lariosrepresentante legal de Asoagroaseguró que el encuentro no correspondía a un acto político del Pacto Históricosino a una reunión para analizar las políticas actuales de la reforma agraria y su impacto en el territorio.
Según esta versión, el espacio habría sido utilizado con un enfoque comunitario y de discusión social, aunque la difusión pública y la participación de dirigentes políticos generan una lectura distinta sobre el alcance del evento.
Por su parte, Iván Cepeda se desmarcó el episodio. Consultado sobre la reunión, afirmó no tener conocimiento previo de su realización y explicó que no se encontró en el país en ese momento. “Yo no tengo ningún conocimiento de esa reunión. En ese momento estaba en España.”, señaló el precandidato, quien agregó que la situación “tendrá que ser asumida por quienes la organizaciónon”.
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Implicaciones legales y cuestionamientos éticos
El caso reavivó el debate sobre el uso de bienes incautados y administrada por la SAE, una entidad encargada de custodiar activos provenientes de procesos judiciales, con el objetivo de darles un uso social transparente y conforme a la ley.
Expertos consultados por EL TIEMPO han advertido que la utilización de estos predios para actividades políticas podría contravenir los principios de neutralidad y legalidad que rigen su administración, incluso si se argumenta un propósito comunitario o pedagógico.
Además, el episodio pone sobre la mesa la necesidad de mayores controles y lineamientos claros sobre quiénes pueden autorizar eventos en este tipo de bienes y bajo qué condiciones, especialmente en contextos preelectorales.
Un hecho que trasciende lo local
Polémica por campaña de Iván Cepeda en el Atlántico. Foto:redes sociales
Aunque ocurrió en un municipio del Atlántico, la situación tiene implicaciones nacionales, pues involucra a un precandidato presidenciala un movimiento político de alcance nacional ya una entidad estatal clave en la administración de bienes incautados.
El caso también plantea interrogantes sobre la responsabilidad de los partidos politicos en la verificación de los espacios que utilizan para sus actividades y sobre la línea que separa lo comunitario de lo proselitista.
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