Narcopiloto denunció cómo opera el cartel de corrupción en la Fiscalía, que presuntamente extorsiona a criminales: “Hay órdenes de arriba”

Una grave denuncia de corrupción y extorsión en la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional ha conmovido el ámbito judicial, tras los revelaciones de Juan Carlos Ramírez Taborda, conocido como alias Manicomio, sobre la existencia de una red de corrupción judicial. Según su testimonio, la red operaba a través de la extorsión a individuos acusados de lavado de activos y a exnarcotraficantes, incluyendo a él y su familia, manipulando expedientes para definir su destino ante la justicia.

Consecuentemente, las autoridades han arrestado a ocho personas vinculadas a estos actos. Sin embargo, el denunciante sostiene que individuos con poder siguen libres y ha denunciado la falta de protección estatal.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

La red estaba compuesta por funcionarios de la Dirección de Lavado de Activos de la Fiscalía. El esquema operaba a base de la extorsión a las víctimas, ofreciéndoles acceso a expedientes judiciales y la manipulación de procesos a cambio de sumas exorbitantes. Entre los arrestados hay funcionarios del CTI, miembros de la Policía, un exinvestigador, un viejo integrante del Inpec y un supuesto abogado. Las cantidades solicitadas superaban los $1.000.000.000, según el expediente presentado por Semana.

Ramírez Taborda, un expiloto relacionado con el narcotráfico y testigo del ente acusador, relató a la fuente mencionada que, tras cumplir su condena en Estados Unidos y regresar a Colombia, él y su familia fueron extorsionados. “Regresar a Colombia fue el peor error de mi vida”, expresó al mencionar cómo funcionarios de lavado de activos y extinción de dominio lo buscaron nuevamente. Informó que la persecución se extendió hacia su familia, a quienes señalaron como testaferros en estructuras complejas mencionadas en expedientes alterados.

El modus operandi de la red, según la revelación de Ramírez Taborda y documentado en el expediente, incluía amenazas sistemáticas y promesas de “soluciones” a cambio de grandes sumas de dinero. Los funcionarios seguían un guion escrito, hallado durante las redadas. Esta guía mostraba cómo intimidar a las víctimas enfatizando el avance de procesos penales en su contra y advirtiendo sobre la posible encarcelación si no entregaban dinero. Este documento demuestra que estas presiones incluían seguimientos, interceptaciones telefónicas y fotografías tanto de los afectados como de sus defensores.

Para mantener la aparente legalidad del proceso, los involucrados ofrecían el expediente judicial en una memoria USB que contenía información del caso y del organigrama familiar investigado. El enlace, que pretendía ser abogado, recibió $300.000.000 en las inmediaciones del búnker de la Fiscalía en Bogotá, además de entregar el número de proceso judicial en una servilleta, donde se especificaban los familiares implicados.

El expediente también revela cómo, al ejercer presión, los acusados intentaron acceder a la denuncia a través del sistema de la Fiscalía, tras no lograrlo de manera presencial en la URI. Según la investigación citada por el medio, descargaron la denuncia sin autorización, lo que generó nuevos cargos. Por otro lado, otro integrante ofreció hasta $100.000.000 a un asistente de fiscal para obstaculizar el proceso y amenazó con tener una supuesta alianza con una banda de sicarios operando en San Andresito.

Respecto a la manipulación de pruebas, Ramírez Taborda explicó que los funcionarios recibían pagos para dejar vacíos en los peritajes forenses, permitiendo que los expedientes carecieran de pruebas críticas y facilitando esquivar condenas. “Presentaban en la Fiscalía, nosotros no quedamos presos y que el proceso seguía, pero dejaban unas falencias, que el contador forense detectaba y con eso, más adelante, el proceso se caía”, detalló a Semana.

Ante estas acusaciones, se ha iniciado una investigación judicial interna que culminó en la detención de ocho individuos, incluidos funcionarios, exagentes y falsos abogados. No obstante, Ramírez Taborda sostiene que la estructura corrupta no ha sido desmantelada y que la protección a las víctimas sigue siendo insuficiente. Según su denuncia, algunas órdenes provienen de altos mandos y oficiales de alto rango podrían estar involucrados. Afirmó que, tras sus denuncias, la organización continúa persiguiéndolo a él y a su abogada, quienes han sufrido seguimientos e intimidaciones sin recibir protección efectiva.

Las amenazas continúan y los líderes de la red siguen activos, mientras que la respuesta estatal es insuficiente para garantizar la seguridad de quienes denuncian. Los familiares de Ramírez Taborda, incluidos hijos y sobrinos, han sido señalados por la organización, que mantiene su presión a través de contactos internos y externos, según lo documentado por el medio mencionado.

La situación de indefensión para aquellos que colaboraron con las autoridades y han saldado su deuda judicial refleja la cruda realidad de Ramírez Taborda. Él observa cómo el proceso pierde fuerza institucional y denuncia la sensación de persecución y abandono por parte del Estado colombiano.