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Ante la Corte Constitucional, el senador Carlos Fernando Motoa interpuso una demanda contra el recién aprobado Presupuesto General de la Nación, al considerarlo que contiene vicios de procedimiento, además de facultades que pueden llegar a ser excesivas para el presidente Gustavo Petro.
En un documento de 70 páginas, el congresista explica que el texto del PGN, que tuvo luz verde el pasado 16 de octubre, tiene serios problemas que pueden afectar a corto plazo la operación del Estado.
“El PGN no responde a las verdaderas necesidades de los colombianos. Su atropellado trámite en el Congreso vulneró principios esenciales de nuestra Constitución: el principio democrático, el de publicidad y el de bicameralismo”, explicó Motoa.
Carlos Fernando Motoa, senador de Cambio Radical, interpuso demanda ante la Corte Constitucional. Foto:Prensa Senado
“El texto reduce los recursos de sectores clave como Vivienda y Agricultura, a la vez que recorta el pago de la deuda y otras obligaciones del país. ¡Ni hablar de los vicios en los que incurrió la Plenaria!”, aseguró Motoa.
¿Poco impacto en los territorios?
Para el congresista nacido en Palmira (Valle del Cauca), durante el presente año, la Nación, que se quedó con el 21 por ciento del regionalizado, en 2026 pretende quedarse con el 24 %, es decir, que Serían alrededor de $ 3.6 billones más que los territorios dejarán de recibir para cubrir sus necesidades (sean en materia de salud, vivienda, infraestructura, etc).
Parte del texto de la demanda del senador Carlos Fernando Motoa al PGN Foto:Particular
“Lo que realmente habla de un Gobierno Central que no cree en las regiones, la descentralización ni la autonomía fiscal, con el agravante, de que la mayor parte de los recursos en manos de la Nación rara vez se ejecutan o terminan en temas que impactan en la población”, expresó el senador del partido Cambio Radical.
Los vicios que tendría el PGN
El senador Carlos Fernando señaló algunos de los vicios, que, desde su concepto, tiene la PGN.
Considera que el principal, hace referencia a que el Senado aprobó el texto de la Cámara sin generar debate alguno, lo que implicó que más de 70 proposiciones de distintos senadores eran totalmente ignoradas.
También considera que la Plenaria “nunca conoció finalmente el texto aprobado, pues no fue publicado ni reproducido, como exige la Ley 5 de 1992”.
Motoa Solarte, señaló que el artículo 89 vulnera la unidad de materia, al introducir una modificación permanente sobre el recaudo de monedas.
“El artículo 90 entrega facultades extraordinarias al Presidente, permitiendo alterar el presupuesto entre ministerios por decreto”, subrayó el congresista, al señalar este vicio como uno de los más graves.
Cabe mencionar que el PGN también había recibido críticas por parte de distintos congresistas.
Norma Hurtado, senadora de La U había cuestionado el texto de la PGN. Foto:Prensa Norma Hurtado
Desde el sector social, la senadora Norma Hurtado hizo énfasis en el impacto sobre la salud pública, alertando que los recursos destinados al sistema de seguridad social “no reflejan la magnitud del déficit” y desconoce las necesidades de un sistema que actualmente tiene afectados a millones de colombianos. que esperan tratamiento médico.
Para la senadora vallecaucana, la reducción de aportes a la mediana y alta complejidad médica puede poner en riesgo la atención de pacientes con enfermedades crónicas o de alto costo e ironizó que “poco se dijo del déficit del sistema. No sé si es que todos los enfermos se curaron y no nos avisaron”.
Más de 500 billones para el PGN
A través de una sesión que reflexió, tanto los acuerdos políticos del Gobierno como las tensiones por la distribución del gasto, la plenaria del Senado aprobada el pasado jueves16 de octubre, PGN para 2026, por un monto total de $ 546,9 billones; conforme se había acordado durante las votaciones en Comisiones Económicas Conjuntas y la posibilidad de ajustar la Ley de Financiamiento.
La aprobación del texto se logró con 50 votos a favor y 27 en contra, con lo que el Legislativo dio luz verde al texto que ya había sido aprobado por la Cámara de Representantes, lo que evita el trámite de conciliación y deja listo el presupuesto que regirá a partir del primero de enero del el próximo año.
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