Las modificaciones abordan un inconveniente recurrente: millones de individuos en México obtienen tarjetas que nunca pidieron y, al no activarlas o utilizarlas, acaban pagando anualidades, tarifas y, en ciertos casos, provocando afectaciones en su historial crediticio. De acuerdo con datos oficiales, aproximadamente 40 millones de personas poseen alguna tarjeta de crédito o débito en el país.
Cambios esenciales para tarjetas de crédito y débito
Prohibición de cobros no permitidos: las entidades financieras y comerciales ya no tendrán la autorización para imponer comisiones, anualidades ni beneficios adicionales sin el consentimiento claro del usuario.
Transparencia absoluta: los bancos deberán asegurar que toda la información sobre costos, tarifas y comisiones sea comprensible, verídica y suficiente, cumpliendo con los principios de claridad, buena fe y resguardo al usuario.
Cancelación sencilla: los usuarios podrán anular sus tarjetas a través de métodos presenciales, telefónicos o digitales, incluyendo aplicaciones móviles y portales en línea, durante las 24 horas del día, todos los días del año.
Plazo máximo de cinco días: una vez solicitada la anulación, esta deberá realizarse en un máximo de cinco días hábiles, sin costo alguno y con comprobante digital o físico.
Tarjetas no solicitadas anuladas: si se emite una tarjeta sin autorización del usuario, no ocasionará cargos ni afectará su historial crediticio. Además, cualquier pago inapropiado deberá reembolsarse en un plazo máximo de cinco días.
Prohibición de promociones engañosas: se prohíben absolutamente todas las ofertas o mensajes que induzcan al usuario a creer que la tarjeta no tiene costos cuando en realidad genera comisiones, anualidades o cargos adicionales.
(Expansión Google AI Studio)
Protección ante abusos financieros
El diputado Ricardo Monreal, coordinador de Morena y autor de la propuesta, indicó que numerosas instituciones financieras envían tarjetas a los domicilios sin que hayan sido solicitadas. Como resultado, los usuarios terminan abonando anualidades e intereses moratorios y, en muchas ocasiones, su historial crediticio se ve afectado de manera negativa.
Estas reformas pretenden actualizar la regulación de los servicios financieros y alinear los procedimientos a estándares internacionales, donde la anulación de tarjetas tiende a ser un trámite ágil y sencillo. Además, refuerzan los derechos de los usuarios, protegiéndolos de cobros indebidos y promoviendo mayor claridad en la contratación de productos financieros.
Con estas reformas, los usuarios contarán con más control sobre sus tarjetas de crédito y débito, podrán evitar cargos no autorizados y tendrán garantías claras para cancelar productos que no solicitaron. Una medida que busca ofrecer tranquilidad a millones de mexicanos y facilitar la gestión de sus finanzas personales.
