Colombia
Revolución en la legislación migratoria: el Gobierno propone que los extranjeros no residentes asuman costos en salud y educación.
La administración nacional está elaborando una nueva legislación sobre inmigración, con la esperanza de que el Congreso la ratifique antes de que concluya 2025. El presidente Javier Milei la subrayó como parte del conjunto de reformas que planea aplicar durante su gestión, comenzando el 143° período de sesiones ordinarias el sábado. Entre los aspectos más destacados se encuentran el cobro de tarifas para los extranjeros no residentes en servicios como salud y educación, un procedimiento más ágil para repatriar a extranjeros implicados en delitos, mayores requisitos para obtener la residencia en Argentina y mejores controles en las fronteras.
“Este fue un reclamo que realizó el ministro Cúneo Libarona y se están logrando progresos significativos para llevarlo a cabo”, indicaron fuentes oficiales a Infobae. El Ministerio de Justicia será responsable de la redacción del nuevo texto. La normativa vigente, Ley de Migraciones 25.871, fue alterada en 2010 mediante el decreto 616 de ese mismo año durante la presidencia de Cristina Kirchner.
En su discurso del sábado por la noche en el Parlamento, en medio de un intercambio verbal con el diputado del bloque Democracia por Siempre, Facundo Manes, Milei afirmó que “para ser un país serio, también debemos implementar una reforma migratoria”.
“Nuestra Nación ha demostrado generosidad hacia los inmigrantes, pero eso no implica permitir que nos consideren ingenuos o que nuestro país se convierta en un centro de beneficiarios financiado por el pueblo argentino. Deseamos que los extranjeros que se encuentren temporal o transitoriamente en nuestro país asuman la responsabilidad de los gastos de los servicios que utilizan”, añadió.
Este último elemento, en relación con las modificaciones que se proponen, está en consonancia con las medidas adoptadas por varias provincias en 2024. Salta, Mendoza, Santa Cruz y Jujuy pusieron en marcha el repago por atención médica, especialmente para internaciones y tratamientos especializados, lo que ha provocado una disminución de los llamados “turismos médicos”. Según las autoridades locales, esta política en Salta ha generado un ahorro de aproximadamente $60 millones solo en un hospital, lo que equivale casi al 50% del presupuesto que recibe, por ejemplo, el hospital de Santa Victoria Este.
“Esta regulación comenzó mediante un decreto de necesidad y urgencia, lo que ha producido un considerable ahorro para la provincia y una drástica reducción en la atención médica para extranjeros, especialmente de países colindantes como Bolivia, Chile y Paraguay,” detallaron los responsables de la salud pública salteña.
Otras provincias que han expresado su intención de adoptar una postura similar abarcan Neuquén, Corrientes, Entre Ríos y Córdoba.
“Además, es fundamental que las universidades cobren a aquellos que no son residentes permanentes; igualmente, es necesario endurecer notablemente las condiciones para la deportación de extranjeros que cometen delitos. Esto es lo que realiza cualquier país que se respete. Y si esto necesita alguna justificación, es porque a lo largo del último siglo se ha desencadenado
“una falta de consideración hacia quienes contribuyen con impuestos”, expresó el Presidente durante su alocución.
Respecto a la iniciativa de cobro a extranjeros en instituciones educativas, se aguarda observar si se logran progresos durante las negociaciones legislativas, dado que el apoyo al sistema actual de educación pública fue uno de los asuntos con mayor repercusión social entre la oposición. “Cualquier decisión que no se ratifique en el Congreso nos beneficiará, porque si las reformas no son aprobadas, la culpa recaerá en la casta política”, mencionó un funcionario próximo al Presidente en la Casa Rosada la semana pasada. Si la propuesta de ley no avanza, se contempla la opción de recurrir a un decreto. A pesar de que “no es el enfoque óptimo”, están determinados a impulsar modificaciones en la normativa.
La regulación de inmigrantes sin documentos fue una de las primeras acciones de la administración de Donald Trump al retomar la presidencia de Estados Unidos. Algunas de las estrategias que adoptó el líder republicano podrían servir de modelo a seguir, según comunicaron fuentes oficiales.
Uno de los artículos que probablemente será analizado es el 6 de la legislación vigente 25.871, que establece que “el Estado en todas sus jurisdicciones, garantizará el acceso equitativo a los inmigrantes y sus familias en las mismas condiciones de protección, asistencia y derechos de los que disfrutan los nacionales, especialmente en lo relacionado con servicios sociales, bienes públicos, salud, educación, justicia, trabajo, empleo y seguridad social”.
Las primeras indicaciones sobre una posible reforma migratoria fueron proporcionadas el 3 de diciembre pasado por el portavoz presidencial Manuel Adorni durante una conferencia en la Rosada. Tras referirse al cobro de tarifas en salud y educación, mencionó que “esto constituirá una fuente de financiamiento para las instituciones educativas y, como ejemplo, hoy 1 de cada 3 estudiantes en Medicina es extranjero”, y adelantó que “incorporaremos más delitos como causales para negar el ingreso o como justificación para expulsar a un inmigrante del país.”
Asimismo, Adorni destacó que “cualquier criminal que sea capturado en flagrante delito, es decir, en el momento de realizar un delito, será expulsado y se le vetará el reingreso al país.”
“Igualmente, quienes intenten cruzar con documentos fraudulentos o cuya entrada genere sospechas en relación con el motivo declarado en los trámites migratorios, permanecerán del otro lado de la frontera”, agregó en esa ocasión.
Los controles en las fronteras con Chile, Bolivia, Paraguay, Brasil y Uruguay se reforzarán para prevenir la entrada ilegal de extranjeros y mitigar delitos como el narcotráfico o el contrabando a través de pasos no autorizados. Se incluirán radares y ya se han convocado licitaciones para mejorar la operatividad de los centros de control internacional en el país.
