Nueva pelea en el petrismo podría tumbar la lista del Pacto Histórico por Bogotá: esta es la razón

El Consejo Nacional Electoral (CNE) ha comenzado una investigación preliminar sobre la lista del Pacto Histórico para la Cámara de Representantes en Bogotá, tras la solicitud de revocación de la inscripción del listado presentada por Claudia Patricia Calao González, asesora de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) de la representante María del Mar Pizarro.

En la denuncia presentada ante el organismo electoral, se alega que se infringieron los acuerdos internos al constituir la lista, lo que pone en peligro la continuidad de la coalición oficial en la capital colombiana.

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La solicitud oficial, presentada el 15 de diciembre de 2025, denuncia el incumplimiento del acuerdo que estipulaba que la lista debía organizarse en estricto orden descendente de los votos individuales obtenidos en la consulta interpartidista realizada el 26 de octubre de ese año.

Según el CNE, la queja principal indica una alteración en el orden de los primeros puestos en relación con los resultados de la consulta interna. La discrepancia se intensificó tras la inscripción oficial de la lista, a pesar de intentos anteriores de resolver la controversia.

La magistrada Maritza Martínez, del Partido de la U, ha tomado el caso. Según reportó W Radio, la funcionaria ha ordenado la recopilación de pruebas para determinar si la revocación o modificación de la lista es procedente antes de las elecciones legislativas programadas para el 8 de marzo de 2026. El proceso exige la entrega de documentos, acuerdos internos y formularios de inscripción, así como las respuestas de los partidos implicados.

La petición de Claudia Calao se basa en una supuesta violación del acuerdo que insistía en ordenar la lista según la cantidad de votos, manteniendo la alternancia de género, sin alterar el resultado de la voluntad popular.

La solicitante opina que la utilización del mecanismo denominado lista cremallera —que intercala candidatos de diferentes géneros— relegó a mujeres con mayor votación a posiciones menos ventajosas, priorizando a aspirantes con menor apoyo ciudadano.

“La organización de la lista debía seguir el orden descendente de la votación individual, asegurando los principios de paridad y alternancia de género, sin alterar el orden de prelación establecido por el voto popular”, se indica en el documento.

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Así, la demanda sostiene que las acciones afirmativas en materia de paridad no deben contrarrestar el sentido de los resultados democráticos ni desafiar la decisión de los electores.

“Se evidencia que el orden final de los renglones iniciales de la lista inscrita no coincide estrictamente con el resultado de la consulta, particularmente en lo referente a la ubicación relativa de algunas candidaturas que recibieron mayor respaldo ciudadano frente a otras con menor votación, lo cual, según la peticionaria, constituiría una alteración del resultado democrático y de lo acordado por la propia coalición”, argumenta Calao en la demanda.

En la consulta interna del 26 de octubre de 2025, la actual representante a la Cámara María Fernanda Carrascal obtuvo la mayor votación con 65.547 sufragios, seguida por la creadora de contenido Laura Beltrán, conocida popularmente como Lalis, con 26.718 votos y la congresista María del Mar Pizarro, que recibió 26.022 votos.

Posteriormente, fueron ubicados Daniel Monroy (20.280 votos), Heráclito Landínez (11.788 votos) y Claudia Teresa Romero (11.322 votos).

No obstante, la implementación de la lista cremallera alteró ese orden, colocando a Monroy en la segunda posición y a Landínez en la cuarta, relegando a Beltrán al tercer lugar y a Pizarro al quinto.

Esta reconfiguración ha llevado a nuevas disputas internas y alegaciones sobre la desventaja para las candidatas con mayor cantidad de votos. Según El Espectador, desde el equipo de Pizarro se advirtió que la alteración en su posición pone en peligro la obtención del escaño, considerando las proyecciones de resultado para el Pacto Histórico en Bogotá.

La controversia ha derivado en una fractura interna dentro del Pacto Histórico, generando opiniones divergentes sobre la validez y pertinencia de la lista cremallera.

Mientras Carrascal defendía la alternancia de género y su implementación no solo en el Pacto Histórico, sino en todos los partidos, figuras como el influencer Walter Alfonso Rodríguez, conocido como Wally, criticaron lo que consideran una “inclusión forzada” de mujeres y sugirieron que este esquema debería moderarse en próximas elecciones.

“En la consulta hubo 1.644.886 votos por candidatos hombres y 637.153 votos por mujeres. Es indudable que esta diferencia es producto de roles y estructuras patriarcales que afectan negativamente la participación política de las mujeres”, comentó Carrascal a los medios.

Por su parte, Monroy ha pedido que se mantenga el criterio de alternancia, que ya fue aplicado en la lista al Senado, lo que subraya el conflicto entre los mecanismos destinados a asegurar la representación de género y el respeto al mandato surgido de la consulta. Hasta ahora, María del Mar Pizarro no ha hecho declaraciones sobre la situación.

La apertura de la indagación en el CNE abre la posibilidad de modificar o revocar la lista, lo que podría dejar al Pacto Histórico sin representación en la Cámara por Bogotá.

Si la demanda tiene éxito, establecería un precedente a nivel nacional que afectaría la configuración de listas en otras circunscripciones y intensificaría el debate sobre la democracia interna, acciones afirmativas y el diseño de mecanismos electorales.

Este caso pone en evidencia los desafíos que enfrenta la democracia interna en los partidos políticos colombianos y la complejidad de reconciliar normativas de paridad de género con el respeto a la voluntad electoral.

La decisión del CNE será fundamental tanto para la estructuración de la Cámara de Representantes por Bogotá como para el futuro de la representación y la equidad de género en la política colombiana.

El creciente protagonismo de las mujeres en la política visualiza un futuro donde la igualdad se implemente de manera natural, sin necesidad de intervenciones específicas en las listas electorales.