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La emergencia invernal no solo dejó más de 170.000 hectáreas bajo el agua y miles de productores en aprietos. También abrió la puerta a una arremetida fiscal sin precedentes recientes. En un país que apenas creció 2,8 por ciento en 2025 y que entra en un año electoral cargado de tensión, el Gobierno activó poderes excepcionales para imponer un impuesto al patrimonio empresarial, aplicar sobretasas a la generación de energía y endurecer la carga sobre sectores extractivos y financieros. Oficialmente, para recaudar cerca de 8 billones de pesos; en la práctica, en medio de cuestionamientos sobre si la ejecución real para atender los daños no alcanza ni siquiera una fracción de esa cifra.
El movimiento encendió alarmas en el sector productivo. Desde la Andi hablan de un Ejecutivo “desesperado por acumular recursos” y decidido a hacerlo “a todo costo”, mientras la economía sigue frágil y la inversión privada no termina de despegar. La discusión ya no es solo cuánto dinero se necesita para enfrentar la crisis en ocho departamentos, con Córdoba como epicentro, sino hasta dónde pueden llegar las facultades extraordinarias sin alterar las reglas de juego en materia tributaria, contractual y de propiedad.
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El paquete tampoco llega aislado. Se suma al borrador de decreto que ordena el traslado anticipado de 25 billones de pesos desde fondos privados hacia Colpensiones —recursos que, según el diseño original de la reforma pensional, debían administrarse en un fondo del Banco de la República— y al proyecto que obligaría a las AFP a repatriar parte de las inversiones que hoy mantienen en el exterior (unos 125 billones de pesos). En pocas semanas, el Ejecutivo ha movido piezas estructurales sobre ahorro, capital empresarial y mercado financiero, en medio de la emergencia y a meses de que el calendario electoral entre en su fase más sensible.
El golpe fuerte viene por cuenta del Decreto 0173, que creó un impuesto temporal al patrimonio líquido de personas jurídicas con activos superiores a los 10,4 billones de pesos. La tarifa general será del 0,5 por ciento, pero sube al 1,6 por ciento para entidades financieras y sectores extractivos. Se pagará en dos cuotas, el 1 de abril y el 4 de mayo de 2026.
Bruce Mac Master, presidente de la Asociación de Empresarios de Colombia (Andi). Foto:NÉSTOR GÓMEZ
Frente a esta medida Bruce Mac Master, presidente de la Andi, elevó el tono y aseguró que ve a un Gobierno “desesperado por acumular recursos” y que en apenas seis meses ha encadenado dos emergencias económicas con el mismo telón de fondo: “lo quiere hacer y lo quiere hacer a todo costo”. Para el dirigente gremial, el problema no es solo el impuesto al patrimonio, sino el patrón: “son muchísimas cosas las que el Gobierno está haciendo de forma desesperada por gastarse los recursos de los colombianos”.
Sobre el gravamen al patrimonio empresarial, Mac Master dijo que: “Castigar la inversión en Colombia… castigar el capital de las empresas… no es otra cosa que desestimular completamente la actividad económica”. Y advirtió el efecto dominó: “desestimular la inversión, la creación de empleo y generarnos un problema estructural gigantesco”, en un año en el que la economía viene de crecer apenas 2,8 por ciento.
El presidente de la Andi insistió en que, a diferencia de episodios anteriores, esta vez no ve una relación clara entre el cobro y el gasto específico para atender a los damnificados: “eso no está sucediendo en esta ocasión”, dijo, al cuestionar que el Gobierno no haya explicado con precisión “para dónde” irá la plata.
Y remató con una acusación política de alto voltaje: a su juicio, el Ejecutivo “dejó de lado el interés general” para concentrarse en “prioridades electorales”, con medidas que —según afirmó— terminan llevando recursos “a la actividad proselitista por cuenta de todos los colombianos”.
No solo el crecimiento y la inversión se afectarán con las medidas, también lo hará el empleo. Foto:Archivo particular
Impacto estructural
Desde el Observatorio Fiscal de la Pontificia Universidad Javeriana, si bien reconocen la necesidad de recursos ante un entorno de mayor frecuencia de desastres climáticos, cuestionan que la respuesta fiscal vuelva a concentrarse en nuevos tributos, sin explorar con mayor profundidad reasignaciones presupuestales u otras fuentes.
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El gremio del comercio, por su parte, eleva el tonoen el debate. Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, afirma que gravar el patrimonio empresarial genera, además, “un nuevo hecho de inseguridad jurídica”. Recuerda que el comercio formal opera con márgenes de entre 0,8 y 3 por ciento. “Gravar el patrimonio con una tarifa del 0,5 por ciento —es decir, los activos, inventarios y locales que permiten la operación— sin considerar si estos generan utilidades, desconoce la capacidad contributiva real del sector”, señala. En supermercados y retail, advierte, el impuesto podría igualar o superar la utilidad neta.
Jaime Alberto Cabal Sanclemente, presidente de Fenalco, gremio de los comerciantes del país. Foto:Fenalco
La firma BDO pone el foco en la operación práctica. “El nuevo impuesto al patrimonio exige que las empresas revisen con detalle su balance al 1.° de marzo de 2026 y tomen decisiones con anticipación”, explica Martha Reyes Amaya, socia Tax de la firma. Habrá que anticipar cierres contables, documentar movimientos y evitar contingencias en un entorno regulatorio excepcional.
Para Mauricio Marín Elizalde, socio fundador de Bastet Family & Corporate Consulting, el debate es más profundo: “En un momento en el que el país necesita empresas sólidas para sostener el empleo y apoyar la recuperación económica, esta medida reduce músculo financiero y envía una señal de incertidumbre”. Advierte que no se grava la utilidad, sino la acumulación de activos y la reinversión. “Cuando un mismo flujo económico es gravado en distintos momentos y en diferentes niveles, el efecto deja de ser coyuntural y se vuelve estructural”.
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La otra factura: minas y energía
No son los únicos sectores impactados. El golpe también es para el de minas y energía, en la medida que el paquete también incluye una sobretasa del 2 por ciento sobre las ventas brutas de energía de hidroeléctricas y térmicas durante seis meses. La carga total para las hidroeléctricas subiría al 8 por ciento y para las térmicas al 6 por ciento, afectando a 51 plantas.
Natalia Gutiérrez, presidenta de Acolgén, advierte que: “No se trata de un cobro sobre las utilidades, sino sobre las ventas brutas; es decir, se paga incluso cuando los márgenes son bajos”. Alejandro Castañeda, presidente de Andeg, precisa que el impuesto al patrimonio del 1,6 por ciento para el sector extractivo “vuelve a cargar a las mismas empresas de siempre” y puede erosionar competitividad.
Natalia Gutiérrez, máxima vocera de Acolgén, y presidenta del Consejo Gremial Nacional (CGN). Foto:Archivo particular
Mientras, Frank Pearl, presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP), subraya que el sector ya paga renta, regalías y sobretasas. “Gravar el patrimonio es, en esencia, gravar la capacidad de invertir. El país necesita equilibrio: recaudo hoy, pero inversión y crecimiento mañana”. Carlos Cante, de Fenalcarbón, habla de “trato discriminatorio” contra la industria.
El impacto no sería menor. Solo en el sector eléctrico, el costo adicional podría rondar los 330.000 millones de pesos, que eventualmente podrían trasladarse a tarifas, en un momento en que la inflación de servicios sigue siendo un frente sensible para los hogares.
Líneas de transmisión de energía. Foto:Archivo particular.
Mercado bajo presión
También el mercado de capitales alerta sobre los impactos de las medidas, pues generan mucha incertidumbre. Desde Asobolsa, gremio de las comisionistas de bolsa, advierten que las decisiones tributarias, incluida la sobretasa al sector financiero, podrían afectar la confianza inversionista.
Su presidenta, Shenny González Uribe, recuerda que las comisionistas enfrentan tasas efectivas cercanas al 39 por ciento y que con la sobretasa podrían llegar al 54 por ciento. “Cuando se envían señales fiscales que encarecen la actividad financiera y empresarial, se afecta el ahorro y la capacidad del país de financiar proyectos productivos”.
El Consejo Gremial Nacional (CGN) respalda la atención urgente de la crisis, pero rechaza que se usen facultades extraordinarias para introducir “modificaciones estructurales en materia tributaria, ambiental, financiera y sectorial”. “La inversión en Colombia exige reglas claras, previsibles y estables. Cuando el marco normativo puede alterarse de esta forma, el mensaje es inequívoco: el riesgo institucional aumenta y la confianza disminuye”, sostiene.
El panorama de afectaciones por inundaciones es muy grave, sobe todo, en Córdoba, al norte del país. Foto:Cortesía
Medidas de la emergencia que prenden alarmas
Dos medidas incluidas en el paquete de decretos de la emergencia expedidos esta semana encendieron alertas porque que van más allá del recaudo. El Decreto 0175 habilita a las entidades públicas a contratar de manera directa para ejecutar las medidas de la emergencia, exceptuándolas expresamente de la prohibición contenida en la Ley de Garantías. Además, autoriza adicionar contratos sin el límite del 50 por ciento del valor inicial.
La implicación no es menor: en los meses previos a elecciones presidenciales, el Ejecutivo podría celebrar y ampliar contratos sin las restricciones ordinarias diseñadas para evitar el uso político del gasto público.
La senadora Angélica Lozano advirtió que la emergencia “no puede ser un cheque en blanco para la politiquería” y exigió plan de inversión público, responsables identificables y control en tiempo real.
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Desde el análisis constitucional, Ramiro Bejarano y Eduardo Salgado recuerdan que la contratación directa es viable en escenarios de urgencia manifiesta, pero el debate de fondo es si todas las medidas adoptadas guardan una relación estricta y necesaria con la emergencia.
Para el analista Gabriel Cifuentes, el riesgo está en que se utilice el estado de excepción para introducir reglas que podrían tramitarse por vía ordinaria. El mensaje al mercado, advierte el sector empresarial, es que las reglas pueden cambiar en plena coyuntura electoral.
Expropiación exprés
Por su parte, el Decreto 0174 faculta a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) para ocupar temporalmente, adquirir e incluso expropiar predios necesarios para reubicar a damnificados o reorganizar la producción agropecuaria. También le otorga facultades para adelantar procesos de clarificación, deslinde y recuperación de baldíos con mayor celeridad.
Andrés Valencia, exministro de Agricultura. Foto:EFE
El Gobierno estima que más de 170.000 hectáreas y 40.000 productores han sido afectados. Sin embargo, críticos advierten que el alcance del decreto va más allá de la atención inmediata de la calamidad.
El exministro Andrés Valencia habló de la reaparición de una “expropiación exprés”. La candidata Paloma Valencia sostuvo que se elimina en la práctica la fase judicial previa en procesos sensibles, lo que podría derivar en decisiones administrativas ejecutables antes de que exista control judicial efectivo.
La alerta jurídica es evidente. Acelerar procedimientos puede facilitar la atención de la crisis, pero también tensiona el derecho a la propiedad, la seguridad jurídica y el equilibrio entre poderes. En un entorno ya marcado por debates sobre inversión y capital, el impacto de esta señal puede trascender el ámbito rural.
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