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A través de un operativo masivo que se realizó en al menos tres ciudades del país y que permitió la captura de ocho personaslas autoridades desmantelaron una estructura criminal dedicada a comercializar motocicletas robadas haciéndolas pasar por nuevas.
El operativo se desarrolló en articulación con la Alcaldía de Medellín, la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá y la Fiscalía General de la Nación, quienes desplegaron uniformados en Medellín, Planeta Rica (Córdoba) y Aguachica (Cesar).
El proceso investigativo previo a las capturas, que se extendió por 18 meses, le permitió a las autoridades establecer cómo operaba esta estructura que generaba ingresos millonarios con la venta de motocicletas robadas, a las cuales se les hacían modificaciones que permitieran registrarlas como nuevas.
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Con precisión, la investigación de las autoridades permitió establecer que la red adquiría motocicletas previamente dañadas, a las cuales les modificaban los sistemas de identificación de motor y chasis para legalizarlas con documentos presuntamente falsos.
Los integrantes de la estructura comercializaban motos dañadas con registros modificados. Foto:Suministrada.
El factor clave para darle rodaje a la estratagema criminal, fue la ayuda de funcionarios vinculados a organismos de tránsito.
Más específicamente, EL TIEMPO conoció que durante la investigación se evidencia la presunta participación de dos exfuncionarios y un funcionario activo de un organismo de tránsito de Planeta Rica, quienes serán los designados de gestionar los trámites irregulares y validaciones documentales requeridas por los integrantes de la estructura para formalizar los registros adulterados.
Además, los funcionarios de tránsito implicados tenían un papel fundamental a largo plazo, pues gracias al blanqueo de datos que llevaban a cabo, las motocicletas pudieron circular sin levantar alertas.
Según lo explicaron los investigadores, los delincuentes ingresaban las motocicletas al sistema del Registro Único Nacional de Tránsito. Para poder alojar dichos registros en la base de datos, se le asignaron nuevas matrículas a los vehículos, de ese modo les daban apariencia de legalidad.
Ya habiendo superado las fases de registro y verificaciones básicas, las motocicletas eran comercializadas en el mercado abierto, principalmente en plataformas digitales, a través de terceros que hacían las veces de comerciantes para mantener a salvo la identidad de los integrantes directos.
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La estratagema era posible gracias a la colaboración de funcionarios del tránsito corruptos. Foto:Suministrada.
Además, según lo indicaron las autoridades, la investigación permitió establecer que la organización llevaba varios meses dedicada a la adquisición de motocicletas hurtadas en distintas zonas del país, los cuales eran algunas veces a procesos de grabación de chasis y motor, falsificación de documentos, manipulación de registros oficiales y comercialización engañosa.
Al respecto de los resultados del operativo, el secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa Mejía, señaló: “Cuando se trabaja con inteligencia, articulación y presencia institucional, los ciclos criminales se rompen y se protege a ciudadanos que podrían ser víctimas de estas estafas y delitos patrimoniales. Nuestra ciudad no será refugio ni territorio para estructuras que pretendan legalizar delitos con tecnología o corrupción. Vamos tras quienes roban, alteran y comercializan vehículos robados”.
Además, el secretario Villa sentenció: “Ninguna estructura criminal dedicada al daño de automóviles oa su legalización fraudulenta tendrá espacio en Medellín. Mientras intenten burlar al Estado, nosotros seguiremos actuando con inteligencia, tecnología y cooperación nacional”.
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Los ocho integrantes fueron capturados en tres ciudades del país. Foto:Suministrada.
El comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, el general de brigada William Castaño Ramos, precisó que los ocho integrantes de la estructura criminal capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación por los delitos de falsedad marcaría, recepción agravada, acceso abusivo a sistemas informáticos y falsedad en documentos públicos.
NICOLÁS TAMAYO ESCALANTE
Periodista de Nación, en Medellín.
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