‘Okupas peruanos’ en España: 120 compatriotas invaden 28 departamentos de Madrid y se niegan a salir por una ley que los ampara

Un artículo publicado por el semanario Hildebrandt en sus trece revela que la ocupación ilegal de viviendas en España está en aumento. En el distrito de Carabanchel, en Madrid, un grupo de 120 peruanos, que incluye tanto adultos como niños, ha invadido 28 apartamentos de un condominio de lujo. Aunque argumentan haber sido estafados, las investigaciones sugieren que pudieron haber colaborado con una mafia dedicada a la ocupación ilegal de propiedades.

El fenómeno de los “okupas” ha crecido en varias ciudades de España, y las leyes actuales dificultan desalojos inmediatos. Según el Ministerio del Interior, solo en 2023 se documentaron 15,289 casos de ocupación de inmuebles. El proceso judicial para desalojar a los ocupantes puede tardar hasta 24 meses y si alegan vulnerabilidad, el proceso se complica aún más. Además, la ley impide cortarles el suministro de agua y luz.

La inmobiliaria Vivenio, propietaria de los apartamentos, intentó recuperar los espacios mediante la contratación de dos empresas especializadas en desalojos. La primera intentó hacerlo por la fuerza, sin éxito. La segunda, Servi-Okupa, ha elegido negociar, ya que los ocupantes solicitan entre 10,000 y 15,000 euros para liberar las propiedades.

Las investigaciones han revelado un supuesto líder de la banda, apodado ‘Ronaldinho’, quien, según la inmobiliaria, ha sido visto en redes sociales posando con un rifle de asalto. Sin embargo, no es el único implicado; los okupas afirman que recibieron las llaves de los apartamentos de un ciudadano español apodado ‘El Gitano’.

El periodista español Cake Minuesa, que ha seguido casos similares en Barcelona, Navarra y Valencia, indica que estas ocupaciones no son actos espontáneos. “He sido testigo de situaciones similares en Barcelona, Navarra, Valencia… este fenómeno continúa creciendo”, enfatiza.

De acuerdo con los primeros hallazgos de la policía española, los apartamentos fueron ofrecidos a algunos de los “okupas” en un comedor social en Madrid, donde se les prometió un lugar para vivir a través de contratos falsificados. El intercambio de información entre ellos se considera crucial para la organización de la ocupación.

Desde la llegada de los peruanos okupas, los residentes han denunciado un clima de hostigamiento y violencia. Diego (33), un peruano que emigró a España hace seis años y se mudó al condominio en diciembre, compartió su experiencia:

“El 30 de diciembre le pedí a uno de los peruanos que bajara el volumen porque al día siguiente debía trabajar. Me respondieron con insultos y me dijeron que estaban en su casa, que hicieran lo que quisieran. Desde ese día, cada vez que salgo, hay alguien en la puerta mirándome fijamente”, relató.

Otro vecino, José María (38), indicó que los problemas comenzaron inmediatamente después de la ocupación: “Lo primero que hicieron fue cubrir las cámaras de seguridad. Luego empezaron las fiestas con música a todo volumen hasta la madrugada. Se han peleado en los pasillos y han dejado manchas de sangre en las áreas comunes”.

Los residentes sospechan que hubo complicidad interna, dado que los okupas ingresaron con llaves propias. “Nos pareció sospechoso que en noviembre cambiaran al conserje, y luego del escándalo, ese individuo desapareció”, comentó José María.

El 6 de diciembre, los vecinos notaron una actividad inusual: un idóneo flujo de camiones de mudanza dentro del condominio. Jorge (36), otro inquilino, se asombró por la velocidad del proceso de ocupación:

“Estos apartamentos fueron inaugurados en agosto y hasta entonces solo había unas 40 unidades ocupadas de un total de 170. Apenas se veían 8 o 9 mudanzas al mes, pero lo que sucedió ese fin de semana fue abrumador”.

Lo que más ha llamado la atención es que muchos de los okupas no parecen estar en una situación de necesidad extrema. “Tú los ves bien vestidos, sacando televisores de 60 pulgadas. Tienen un conserje diferente al nuestro, a quien llaman para que les abra la puerta del condominio porque no tienen llaves para entrar por fuera”, agregó Jorge.

Algunos okupas han intentado justificar sus acciones al afirmar que fueron víctimas de un engaño. Según testimonios recopilados por Hildebrandt en sus trece, varios dijeron haber pagado entre 1,500 y 2,000 euros como cuota inicial por los departamentos, bajo la promesa de un alquiler seguro. Sin embargo, al ser interrogados por pruebas, ninguno pudo presentar un contrato, y quienes lo hicieron, mostraron documentos falsificados.

Una mujer que se presentó como María Salguero Villa, de 32 años, dijo haber conseguido el apartamento a través de Facebook. Sin embargo, las indagaciones revelaron que su identidad era falsa: María Salguero tiene 56 años y no ha salido de Perú en 13 años.

El caso de Carabanchel no es aislado. En agosto de 2023, un grupo de familias —algunas originarias de Perú— invadió 12 apartamentos en el barrio El Cañaveral, en Madrid. Esta situación ha generado indignación entre la comunidad migrante legal y la ciudadanía española.

“Dan vergüenza como peruanos. Es inconcebible que alguien venga a hacerse pasar por pobre y luego quiera extorsionar 15,000 euros de una empresa”, dijo Diego, uno de los inquilinos afectados.

La situación se complica porque las autoridades tienen pocas herramientas legales para actuar de manera eficiente. Ricardo Bravo, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Ocupación en España, explicó:

“Aquí la ley establece que al ocupar una vivienda, la policía no puede desalojar si ya has instalado tus pertenencias. Entonces, se debe iniciar un proceso judicial que puede tardar 24 meses. Y si el ‘okupa’ alega ser vulnerable, el proceso se vuelve aún más difícil”.

Para el periodista Cake Minuesa, esta problemática proviene de una política que, aunque al principio buscaba proteger a personas en riesgo de desalojo, ha permitido abusos. “El gobierno ha estado luchando contra los desahucios, lo que ha abierto las puertas a los deshonestos y criminales. Hecha la ley, hecha la trampa”, aseguró.

Mientras tanto, los vecinos del condominio en Carabanchel siguen enfrentando incertidumbre y violencia en su propio hogar.

En 2023, se introdujeron modificaciones en la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil con el objetivo de mejorar la regulación del proceso de desalojo, especialmente en circunstancias de vulnerabilidad. Sin embargo, estas reformas han sido criticadas por varios políticos en España, quienes consideran que, en algunos casos, se otorgan más derechos a los okupas que a los propios propietarios.

Dicha ley de vivienda establece que en todos los desalojos debe especificarse “el día y la hora exacta” del lanzamiento. Además, para que los propietarios puedan iniciar el desalojo, deben cumplir dos requisitos: demostrar si el inmueble es la vivienda habitual del okupa y si el propietario es un gran tenedor (poseedor de 10 o más inmuebles residenciales).

El catedrático de Derecho Civil, Sergio Nasarre, comentó en el medio Newtral de España que considera “muy extraño” que sea el propietario quien deba certificar si la vivienda okupada es la residencia habitual del okupa. Sugiere el padrón como opción para verificarlo, aunque lo considera un trámite complicado de obtener.

“El objetivo de la ley de vivienda en relación a la ocupación es dilatar los procesos de desalojo ante la incapacidad del Estado de cumplir con el artículo 47 de la Constitución [que reconoce el derecho a una vivienda digna]”, afirma Nasarre.

Es importante mencionar que, a partir de abril de 2025, se implementará una reforma que acelera los desalojos por ocupación ilegal de viviendas. Esta fue introducida por el Partido Nacionalista Vasco (PNV) como enmienda a la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, modificando la Ley de Enjuiciamiento Criminal para incluir delitos de allanamiento de morada y usurpación de vivienda en juicios rápidos, lo que hará más ágiles los desalojos.

Esta medida no busca criminalizar a familias vulnerables, sino abordar casos de ocupación con “intención delictiva”. La reforma ha generado controversia, con partidos como el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Sumar y Podemos en contra, mientras que el PNV defiende la propuesta como una protección para los propietarios. La nueva normativa se aplicará a partir del 3 de abril de 2025, aunque Podemos ya ha prometido intentar derogarla.

El condominio, que se sitúa en la calle Excelente de Madrid, en la urbanización Carabanchel Alto, es un moderno complejo de unos cinco pisos con fachada beige y gris, distribuido en varios bloques y equipado con gimnasio, piscina, áreas de yoga y otras comodidades lujosas.

En el bloque izquierdo, 28 apartamentos han estado ocupados ilegalmente por familias peruanas desde finales de 2024, mientras que en el bloque derecho residen inquilinos que pagan hasta 1,500 euros a Vivenio.

A pesar de las numerosas comodidades del inmueble, los inquilinos legales no pueden disfrutar plenamente de ellas debido a las medidas implementadas por la inmobiliaria para restringir el acceso a los okupas. Estas medidas incluyen el bloqueo del telefonillo eléctrico y limitaciones en el uso de ascensores, lo que también afecta a los residentes legales.

Aunque los espacios cuentan con servicios como electricidad, agua potable y calefacción, la inmobiliaria solo ha podido restringir la calefacción para los okupas, ya que la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil prohíbe cortarles el agua y la electricidad, siempre que estos aleguen ser vulnerables.