Colombia
ONU DDHH alerta por violencia en Colombia: más de 50 masacres y 150 menores reclutados en un año
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha emitido un informe sobre la situación de violencia en Colombia durante 2025, advirtiendo un deterioro en las condiciones de seguridad y un incremento de las afectaciones a la población civil, según información proporcionada por Blu Radio.
El documento indica que la reorganización y expansión de grupos armados ilegales podría poner en riesgo los logros alcanzados tras la firma del Acuerdo de Paz.
El informe destaca que la confrontación entre estructuras armadas, organizaciones criminales y la fuerza pública ha tenido un efecto considerable en regiones como Catatumbo, Magdalena Medio y la Sierra Nevada de Santa Marta, así como en departamentos como Arauca, Cauca, Nariño, Chocó, Caquetá, Huila, Meta y Antioquia. En estos lugares se registraron desplazamientos, confinamientos, homicidios selectivos, violencia sexual y reclutamiento de menores.
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Uno de los puntos más alarmantes del informe es la situación de los niños. La ONU corroboró 150 casos de reclutamiento de menores durante 2025, advirtiendo que la cifra real podría ser más alta debido al subregistro. También se documentó la muerte de 30 menores que estaban en contextos de reclutamiento en regiones como Arauca, Caquetá, Huila, Guaviare y Norte de Santander.
El organismo también manifestó preocupación por el uso de redes sociales para atraer a menores, indicando que algunas plataformas digitales estarían siendo utilizadas para difundir mensajes relacionados con el poder y el dinero vinculados a la violencia armada. Según el informe, esta situación ha motivado llamados a reforzar la responsabilidad de las empresas tecnológicas en la prevención de violaciones a los derechos humanos.
La ONU destacó que, además de los medios digitales, los grupos armados han utilizado espacios comunitarios para acercarse a los niños, estableciendo lazos emocionales y prometiendo protección o apoyo económico. El informe indica que tales prácticas afectan particularmente a niñas y adolescentes en áreas rurales.
En el ámbito educativo, el reporte menciona que en departamentos como Arauca, Cauca, Caquetá, Nariño, Norte de Santander y la Sierra Nevada de Santa Marta se informó del uso de instituciones educativas por parte de grupos armados y enfrentamientos que interrumpieron las clases. En ciertos casos, se habría usado escuelas para reclutar estudiantes indígenas, lo que aumenta el riesgo para comunidades en situación de vulnerabilidad.
El informe también describe patrones de violencia de género en regiones afectadas por el conflicto. La ONU documentó denuncias relacionadas con violaciones sexuales, embarazos forzados y restricciones en el acceso a servicios de salud. Según el organismo, estas acciones reflejan formas de control social ejercidas por actores armados sobre comunidades enteras.
Otro dato relevante es el desplazamiento forzado. Según la ONU, este fenómeno aumentó 85% en comparación con 2024. Solo en la región del Catatumbo se reportaron más de 89,000 personas desplazadas debido a disputas por el control territorial y economías ilegales. También se registró un aumento del confinamiento en departamentos como Chocó, Cauca y Bolívar.
Respecto a las masacres, la Oficina recibió 87 denuncias, de las cuales 53 fueron verificadas, resultando en un total de 174 víctimas. El informe atribuye la mayoría de estos hechos a grupos armados no estatales y organizaciones criminales, indicando que muchas de las disputas por economías ilegales serían la principal motivación.
El documento también reportó 207 denuncias de homicidios de personas defensoras de derechos humanos, de las cuales 99 fueron verificadas como asesinatos relacionados directamente con su labor. Entre los principales afectados se encuentran líderes indígenas, afrodescendientes y campesinos, lo que evidencia un impacto diferencial sobre comunidades históricamente vulnerables.
Respecto a la seguridad en general, el informe menciona ataques contra la fuerza pública en departamentos como Cauca y Valle del Cauca, además de la continuación de acciones armadas en otras partes del país. Según cifras incluidas en el reporte, en 2025 murieron integrantes de la fuerza pública y cientos resultaron heridos en medio de situaciones violentas.
La ONU también expresó su preocupación por la política de “paz total”, señalando que, aunque hay procesos de negociación en curso, no se han logrado detener efectivamente violaciones graves como el reclutamiento de menores o los asesinatos de líderes sociales. El organismo indicó que persisten retos en la participación segura de las comunidades y en la garantía de los derechos de las víctimas.
El informe incluye también alertas sobre desapariciones forzadas y privaciones arbitrarias de libertad utilizadas como mecanismos de control social. En regiones como Buenaventura y el Bajo Calima se reportaron casos durante 2025, mientras que en Arauca aumentaron las denuncias relacionadas con detenciones ilegales y tratos crueles.
Por último, la ONU advierte que la continuidad del conflicto armado y el control territorial ejercido por grupos ilegales está debilitando el tejido social en comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas. El documento concluye que la combinación de violencia preelectoral, desinformación y polarización política representa un riesgo adicional para el ejercicio de los derechos civiles y políticos en el país.
