Organismo que vela por el cumplimiento de la Regla Fiscal está en desacuerdo con congelarla por tres años

El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) aseguró que emitió un concepto previo desfavorable a la activación de la cláusula de escape del Ministerio de Hacienda para suspender las metas fiscales por un periodo de tres vigencias y que el plan de ajuste propuesto por el Gobierno no es suficiente para apuntalar la confianza ni estabilizar la deuda en su nivel prudente.

“La estrategia fiscal aprobada no permite apuntalar la credibilidad y resulta insuficiente para estabilizar la deuda en el ancla prudente en el mediano plazo”, aseguró el organismo independiente a través de un comunicado.

El Gobierno justificó su propuesta en la alta inflexibilidad del gasto y la limitada capacidad de generar ingresos suficientes en el corto plazo. En concreto, el plan fiscal implica activar la cláusula y un desvío respecto de las metas fiscales para el 2025 de 2,1 puntos del PIB; para 2026, de 1,4 puntos del PIB y, para 2027, de 0,8 puntos del PIB.

Con ello, los déficits totales proyectados por el Gobierno para 2025, 2026 y 2027, son 7,1, 6,2 y 4,9 por ciento del PIB, en su orden. Además, la deuda se incrementaría desde el 59,3 por ciento del PIB en 2024 hasta el 61,3 por ciento en el 2025, 63 por ciento en 2026 y 63,8 por ciento en 2027. A partir de 2028 se reduciría gradualmente hasta alcanzar 62,9 por ciento del PIB en 2030 y a 61,3 por ciento en 2036.

“La cláusula puede invocarse en presencia de eventos extraordinarios o que comprometan la estabilidad macroeconómica. No se encuentra en la solicitud del Ministerio de Hacienda una explicación suficiente de la pertinencia de la cláusula en una situación fiscal como la actual. El principal desbalance macroeconómico en la actualidad es precisamente el desequilibrio fiscal”, manifestó el Carf.

Adicional a ello, enfatizó que la activación de la cláusula de escape, en sí misma, no soluciona ninguno de los desequilibrios fiscales estructurales que presenta el país.

“La situación de las finanzas públicas de Colombia es crítica. Los altos y persistentes déficits fiscales, las inflexibilidades estructurales del sistema presupuestal, la sistemática sobrestimación de ingresos tributarios y la ausencia de medidas suficientes de ajuste fiscal han derivado en retos crecientes para la sostenibilidad de la deuda y en presiones a la liquidez del Gobierno”, sostuvo.

A juicio del organismo, el plan de ajuste fiscal del Gobierno deberá ser evaluado a la luz de diferentes criterios que determinan conjuntamente su credibilidad. Entre ellos, está el sinceramiento de las cifras fiscales, la iniciación del ajuste fiscal en el 2025, la suficiencia para facilitar la estabilización de la razón deuda a PIB y la convergencia hacia el ancla de la deuda en el mediano plazo. También resalta la presentación y gestión ante el Congreso de los proyectos de las reformas legales que permitirán reducir los gastos e incrementar los ingresos estructurales, de manera simultánea con la activación de la cláusula de escape.

“La crítica situación de las finanzas públicas pone de presente la urgente necesidad de que todos los sectores de la sociedad, incluyendo al Gobierno, el Congreso de la República y la sociedad (entidades territoriales, organizaciones sociales, tejido empresarial y beneficiados por el gasto y las exenciones tributarias) acuerden las medidas necesarias para estabilizar las finanzas públicas en un plazo razonable”, pidió. 

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