Pacientes Colombia aseguró que decisión del Gobierno Petro está “condenando a millones de colombianos a quedarse sin atención”

El reciente anuncio del Ministerio de Salud sobre el aumento de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para 2026 generó un rechazo inmediato por parte de Pacientes Colombia, un movimiento que agrupa 202 organizaciones.

En una entrevista con W Radio, Denis Silva, portavoz de este grupo, denunció que la medida es “un atentado contra la vida”.

El Gobierno estableció un incremento del 9,03% para el régimen contributivo y del 16,49% para el subsidiado, mientras que el salario mínimo aumentó un 23,7%. Silva sugirió que este ajuste, lejos de mejorar, agrava la situación de la atención sanitaria.

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“No, no va a cambiar mucho. Por el contrario, se va a incrementar la crisis humanitaria dentro del sistema de salud. Más filas negando servicios a los pacientes, más muertes y más colapso en el sistema”, afirmó el vocero.

Silva reconoció que el aumento en el régimen subsidiado fue ordenado por la Corte Constitucional, pero advirtió sobre el uso real de esos recursos: “La mayor parte de las EPS intervenidas pertenecen al régimen subsidiado. El ministro Guillermo Alfonso Jaramillo destinará la mayor parte de ese 16% de la UPC a equipos extramurales, no a la atención de la población”, declaró Silva a W Radio.

Consultado sobre la disputa entre el Gobierno y las EPS, así como la responsabilidad en la crisis del sistema, Silva criticó la narrativa oficial: “El problema no está en si las EPS manejan o no los recursos. Actualmente, el Gobierno administra ocho EPS que concentran el 51% de la población. Si una EPS roba un peso de la salud, debería enfrentar consecuencias. Deberíamos cuestionar al Gobierno, que también gestiona el 51% de los recursos del sistema de salud”, expresó el representante en W Radio.

Silva destacó las tres preocupaciones principales de Pacientes Colombia: “Primero, la insuficiencia de recursos compromete la prestación de un derecho fundamental. Segundo, un sistema mal financiado genera mayor pobreza y enfermedad, además de más muertes. Tercero, este desfinanciamiento viola el derecho a la salud y la ley”, concluyó en su conversación con W Radio.

Respecto a la participación de los pacientes en la discusión sobre el cálculo de la UPC, Silva expuso el incumplimiento de los mandatos de la Corte Constitucional:

“La Corte Constitucional, en los autos 007 de enero de 2025 y 504, ordenó al Ministerio de Salud realizar tres acciones. Primero, revisar la metodología del cálculo de la UPC, lo cual fue incumplido por el Gobierno. Segundo, revisar los gastos entre 2021 y 2024 y los ajustes a los excedentes de la UPC de esos años. Esto también fue ignorado. Finalmente, ordenó recalcular la UPC para 2025, el año que termina hoy. Nuevamente, el Gobierno no cumplió”.

De las 14 mesas técnicas realizadas, Silva afirmó que solo un día antes del anuncio se presentaron las conclusiones, lo que contraviene las normas establecidas: “La participación debería ser desde la formulación de la propuesta hasta su evaluación e implementación. El Gobierno está incumpliendo. Esto parece indicar que, para este Gobierno, la salud es la Cenicienta; no les interesa ni la salud, ni la vida, ni la sostenibilidad del sistema”, criticó Silva.

Al interrogarlo sobre las fallas estructurales del sistema, Silva enumeró: “Primero, las inequidades. No es lo mismo vivir con cáncer en una gran ciudad que en otras regiones. Segundo, la corrupción en el sistema de salud y la mala administración.

Y el tercer gran problema es la falta de un rector en el sistema de salud. Actualmente, no contamos con un rector; solo tenemos un ministro que está en política desde el principio hasta el final de este Gobierno, pero no hace política pública efectiva en salud”.

Ante la posibilidad de que esta decisión provoque un aumento en tutelas o acciones legales en 2026, Silva anticipó un panorama desfavorable:

“Creemos que sí, por dos razones. Primero, si hay un incremento salarial del 23%, se debe cumplir con el pago de horas extras y otros gastos laborales, lo que generará más costos. De cada 100 pesos que reciben las IPS, del orden del 60 al 70% va destinado a nómina. Por lo tanto, tendrán menos recursos con un aumento del 9% en el régimen contributivo y del 16% en el subsidiado”, indicó.

El portavoz manifestó también su preocupación sobre la utilización de recursos destinados a equipos extramurales: “Estamos gastando cerca de 2,7 billones de pesos en equipos extramurales y nadie sabe qué hacen, dónde están, cómo se contratan, cuánto cuestan ni cuáles son los resultados en salud”, denunció Silva a W Radio.

El texto destaca la preocupación de organizaciones de pacientes en Colombia sobre el ajuste del 9,03 % en la Unidad de Pago por Capitación (UPC) decidido por el Gobierno Nacional para 2026, una cifra considerada insuficiente frente a los costos actuales de los servicios de salud.

El movimiento Pacientes Colombia, que representa 202 organizaciones, afirma que este incremento profundiza el desfinanciamiento del sistema, poniendo en riesgo el acceso y atención de millones. Estas organizaciones solicitaron un aumento mínimo del 15 % para ambos regímenes, argumentando que el alza aprobada no cubre los gastos crecientes ni cumple con los mandatos judiciales.

Se advierte que una UPC insuficiente afecta la sostenibilidad financiera y la prestación oportuna de servicios, resultando en el cierre de más de 6.000 servicios de salud solo en el primer semestre de 2025 y un aumento en las quejas de los usuarios. Además, el gasto de bolsillo de la población ha aumentado de 14,2 % en 2021 a 16,8 % en 2024, acercándose a un límite crítico según la OMS. Se destaca la demora en el acceso a medicamentos y la reducción en el tiempo de atención efectiva, así como el agravamiento de desigualdades territoriales. El texto concluye que la discrepancia entre la financiación aprobada y los costos reales pone en peligro el derecho a la salud en Colombia.