Colombia
Paloma Valencia solicita a la Corte Constitucional frenar decreto de emergencia económica y cuestiona su sustento legal
Luego de la reanudación de actividades de las altas cortes, la aspirante presidencial Paloma Valencia presentó una solicitud formal ante la Corte Constitucional para que se suspenda el decreto de emergencia económica emitido por el presidente Gustavo Petro.
La solicitud se fundamenta en que la medida no cumpliría con los criterios establecidos en la Constitución para declarar un estado de excepción, según reporta Semana.
La senadora argumentó que no hubo un hecho grave, sobreviniente ni imprevisible que justificara al Ejecutivo en esta figura extraordinaria.
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En su declaración ante el alto tribunal, Valencia argumentó que la emergencia económica se está usando como una alternativa para implementar disposiciones tributarias que no han pasado por el proceso legislativo regular.
El documento dirigido a la Corte Constitucional indica que el decreto fue emitido tras la negación del Congreso a la llamada Ley de Financiamiento. Esta ley tenía como objetivo obtener recursos para mitigar el déficit fiscal. Según lo expuesto, se buscaba recaudar alrededor de 16,3 billones de pesos, monto que no obtuvo el respaldo de las mayorías parlamentarias.
Valencia argumentó que este contexto es crucial para el análisis constitucional, ya que suscita interrogantes sobre el respeto a la separación de poderes y al procedimiento democrático establecido en la Carta Política. En su petición, la candidata afirmó que la emergencia económica no debe ser utilizada para compensar decisiones desfavorables del Legislativo ni para implementar reformas estructurales mediante decreto.
El estado de emergencia económica fue declarado por el Gobierno Nacional el 22 de diciembre de 2025, de acuerdo con los actos oficiales mencionados en la solicitud. La senadora recordó que esta figura otorga facultades extraordinarias al Ejecutivo, lo que implica que su uso debe ser estrictamente limitado a situaciones excepcionales que no puedan ser gestionadas por los mecanismos ordinarios del Estado.
Valencia notificó que el decreto tendría efectos directos sobre la economía de las familias colombianas, afectando especialmente a la clase media. A pesar de que el Gobierno indica que las medidas se centrarían en los denominados “megarricos”, la candidata subrayó que el impacto real sería más amplio.
Entre los puntos mencionados en el decreto de emergencia económica, se encuentran aumentos en la carga tributaria, así como la creación y ampliación de impuestos en diversos sectores. Según Valencia, las medidas incluyen la aplicación de un IVA del 19 % a apuestas en línea y juegos de azar, junto con nuevos impuestos sobre productos específicos.
La solicitud ante la Corte también menciona impuestos adicionales sobre cigarrillos, dispositivos electrónicos de nicotina y bebidas alcohólicas. Adicionalmente, se contempla la creación de un impuesto especial a las exportaciones de carbón y petróleo, lo cual, según la senadora, afectaría sectores clave de la economía nacional.
Valencia argumentó que estas disposiciones no solo tendrían un impacto fiscal, sino que podrían cambiar de manera significativa las reglas tributarias actuales, sin el debate previo en el Congreso. En este sentido, reiteró que el control constitucional debería evaluar si el Ejecutivo excedió sus competencias al declarar la emergencia.
El ministro de Hacienda, Germán Ávila, afirmó que el decreto es un mecanismo para afrontar las presiones fiscales del 2026, en un contexto de restricciones presupuestales. No obstante, la solicitud de la candidata sugiere que la Corte evalúe si dichas dificultades económicas cumplen con los estándares constitucionales para justificar un estado de excepción.
En el proceso ante el alto tribunal, la petición de Valencia se suma a otras solicitudes y conceptos que han llegado para el análisis del decreto. La Corte Constitucional deberá sopesar tanto los argumentos del Gobierno como los cuestionamientos presentados por diferentes sectores políticos y económicos.
El expediente quedó bajo la revisión de los magistrados, quienes deberán evaluar la legalidad del decreto, determinar si existe o no una situación excepcional, y verificar si las medidas adoptadas tienen una conexión directa con la supuesta emergencia económica invocada por el Ejecutivo.
La decisión de la Corte Constitucional determinará si el decreto permanece en vigor o si se ordena su suspensión mientras se avanza en el estudio profundo sobre su constitucionalidad, conforme a los procesos establecidos en la Constitución y la ley.
