Colombia
Paro de transportistas: Mininter aseguró que PNP garantizará la integridad de la ciudadanía durante la paralización

A pocos días del paro nacional convocado por un grupo de transportistas peruanos para el 6 de enero, el ministro del Interior, Juan José Santivañez, aseguró que la Policía Nacional del Perú (PNP) implementará medidas contundentes para salvaguardar tanto las propiedades públicas como privadas, así como la seguridad de los ciudadanos. En una conferencia posterior al Consejo de Ministros, explicó que las acciones de la PNP se ajustarán al marco constitucional, con el objetivo de prevenir cualquier acto violento durante la jornada.
El ministro expresó de manera clara que “la Policía Nacional no permitirá ninguna manifestación de violencia ni daño al patrimonio público o privado, ni a la integridad de las personas”. También resaltó que, aunque se asegurará el derecho constitucional a la protesta, se tomarán medidas de control frente a cualquier intento de desorden.
En concordancia con sus afirmaciones, el ministro advirtió sobre ciertas condiciones que pondrán fin a las negociaciones en caso de desmanes. “Ante el primer lanzamiento de piedra, el diálogo cesará”, afirmó Santivañez.
El ministro reiteró que este paro de transportistas no solo responde a la situación actual, sino que también tiene intereses políticos subyacentes. A pesar de ello, afirmó que el gobierno respeta las manifestaciones pacíficas. “Vamos a apoyar a quienes decidan marchar, pero también brindaremos protección a quienes elijan no hacerlo”, prometió el funcionario.
En anticipación a las protestas, la PNP hará efectivos despliegues de seguridad en todo el país para prevenir cualquier eventualidad. Es importante mencionar que no todos los gremios de transportistas han mostrado su apoyo a esta paralización, como han confirmado gremios independientes a diversos medios de comunicación.

Según el análisis realizado, el ministro Santivañez calificó como informales e ilegales a los grupos que convocan el paro. Además, subrayó que no se permitirán actos que perturben el orden público y la tranquilidad de la población. “Es importante ser claros”, recalcó, afirmando que cualquiera que infrinja estas normas deberá enfrentar las consecuencias legales.
Las organizaciones del sector transporte que se oponen a la medida han pedido una respuesta más contundente contra el crimen organizado, rechazando cualquier relación con protestas que amenacen el orden público. Estos gremios solicitan colaborar con el Estado para abordar los desafíos prioritarios del sector.
Por otro lado, la ciudadanía se mantiene atenta a los posibles efectos de la paralización en su vida diaria y servicios esenciales. Sin embargo, las autoridades han reiterado que la PNP cuenta con un plan operativo que incluye acciones extraordinarias para garantizar la circulación y resguardar puntos críticos.
El mensaje del gobierno es claro: la protesta es un derecho constitucional, siempre que no se convierta en actos de violencia. Con esto, buscan equilibrar la expresión cívica con una convivencia pacífica, priorizando el bienestar colectivo.