Consejo de Estado salva curul de Isabel Zuleta tras demandas de investidura

La decisión sobre la pérdida investidura Zuleta fue tomada por una sala especial del Consejo de Estado, que determinó que la senadora no incurrió en tráfico de influencias. La pérdida de investidura es una sanción impuesta a congresistas que incumplen sus deberes constitucionales o legales, y en este caso, se analizaba si Zuleta utilizó su cargo para influir en el Instituto Penitenciario y Carcelario (Inpec) con respecto a la participación de jefes criminales en un acto público.

¿Por qué se demandó la pérdida investidura Zuleta?

Las demandas cuestionaban que la congresista supuestamente se aprovechó de su condición de parlamentaria para que el Inpec permitiera el traslado de varios cabecillas criminales. Estos reclusos, del Valle de Aburrá, participan en diálogos con el Gobierno nacional en el marco de la ‘Paz Urbana’. El hecho, conocido como el “tarimazo”, ocurrió hace diez meses en el Centro Administrativo La Alpujarra, donde la senadora compartió tarima con el mandatario y nueve jefes criminales recluidos en la cárcel La Paz de Itagüí.

El fallo, de primera instancia, consta de veintinueve páginas y fue avalado por unanimidad por los magistrados. Se estableció que la senadora Zuleta sí actuó como intermediaria para el desplazamiento de los reclusos, pero lo hizo en su condición de coordinadora en la ‘Paz Urbana’, sin ejercer presión ni ofrecer beneficios particulares. El proceso judicial inició en agosto de 2025, y la demanda específica fue interpuesta en julio de 2025 por el abogado administrativista William Quintero Villarreal.

Puntos clave del fallo y el proceso

El proceso implicó solicitudes reiteradas de documentos a la Presidencia de la República desde el 12 de noviembre, en relación con las resoluciones que autorizaron el “espacio de conversación sociojurídico” y el nombramiento de representantes del Ejecutivo, incluyendo a Zuleta. La secretaria general del Consejo de Estado, Diana Lucía Sánchez Serna, reclamó en un oficio la tardanza en la entrega de la información, calificada como “URGENTE”. Según El Espectador, el alto tribunal avanzó con las pruebas decretadas por el magistrado ponente, Germán Eduardo Osorio Cifuentes.

Los puntos principales del análisis del Consejo de Estado incluyeron:
Evaluación de tráfico de influencias: Se determinó que Zuleta actuó como intermediaria, pero sin presionar o buscar beneficio personal.
Rol en la Paz Urbana: Se reconoció su función como coordinadora en esta estrategia, parte de la política de ‘Paz Total’ iniciada en 2023.
* Demoras en la entrega de documentos: La Presidencia de la República generó retrasos en el proceso judicial al no responder a tiempo a las solicitudes de información.

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