Colombia
Petro advierte a Alpina por presunto bloqueo a inspección laboral en Sopó: Ministerio de Trabajo anuncia sanciones
El presidente Gustavo Petro hizo un llamado a la empresa Alpina para que permita el acceso de inspectores del Ministerio del Trabajo en su planta de Sopó, tras alegaciones de un posible impedimento para una visita oficial debido a quejas laborales.
El mensaje del mandatario se transmitió a través de su cuenta en la red social X, donde enfatizó que el acceso a las autoridades laborales está respaldado por la ley.
Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel
“Señores de Alpina, el ingreso de inspectores de trabajo es perentoria y está bajo la ley, no se expongan a sanciones”, escribió el mandatario.
Esto fue una respuesta a la denuncia pública de líderes sindicales sobre la aparente negativa de la empresa a permitir el acceso de funcionarios del Ministerio del Trabajo a su planta en Sopó, Cundinamarca.
El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, respaldó el mensaje del presidente y subrayó que la supervisión y control es una responsabilidad legal que las empresas no pueden ignorar.
En su cuenta en X, Sanguino afirmó: “Ninguna empresa puede escapar a nuestra competencia,so pena de las sanciones que con todo rigor impondremos. La inspección vigilancia y control es un deber del Ministerio de las y los trabajadores, no es un capricho”.
Sanguino explicó que las inspecciones pueden ser sorpresivas y a gran escala a nivel nacional, destinadas a verificar el cumplimiento de la normativa laboral y las condiciones de trabajo de los empleados.
Además, enfatizó que impedir el ingreso de inspectores podría resultar en sanciones administrativas según lo indicado por la normativa vigente.
La denuncia provino de Fabio Arias Giraldo, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), quien aseguró que a funcionarios del Ministerio del Trabajo se les habría negado el acceso a la planta de Sopó para llevar a cabo una inspección relacionada con quejas de empleados de la empresa.
En su publicación, Arias indicó: “Es ilegal que Alpina se niegue. Exigimos desde la CUT se permita su ingreso”.
Aunque no se han especificado públicamente las quejas laborales que motivaron la visita, el líder sindical enfatizó que son situaciones que deben ser verificadas por la autoridad competente.
En Colombia, la inspección laboral es una facultad constitucional y legal del Estado para asegurar el cumplimiento de las normas que regulan las relaciones laborales. El Ministerio del Trabajo, mediante sus inspectores, está autorizado para realizar visitas a empresas para comprobar condiciones laborales y respetar los derechos sindicales.
Desde una perspectiva legal, la negativa a permitir el ingreso de inspectores puede representar una obstrucción a la función pública. El Código Sustantivo del Trabajo establece que el Ministerio puede imponer multas que pueden alcanzar hasta 5.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV), dependiendo de la gravedad y reincidencia del acto.
Las inspecciones pueden llevarse a cabo sin previo aviso, precisamente para garantizar la efectividad del control estatal.
Este incidente ocurre en un contexto en el que la empresa ya había enfrentado actuaciones administrativas por parte del Ministerio del Trabajo. En 2024, se formuló un pliego de cargos contra Alpina por presuntamente fomentar un pacto colectivo con empleados no sindicalizados, lo que podría afectar el derecho de asociación sindical, según la autoridad laboral.
En ese momento, el Ministerio comunicó que los cargos estaban relacionados con:
- Posible violación de normas internacionales incorporadas al bloque de constitucionalidad.
- Presunta infracción de disposiciones del Código Sustantivo del Trabajo.
- Eventual vulneración del derecho de asociación sindical.
Este proceso se enmarcó dentro de las competencias de inspección, vigilancia y control que ejerce la entidad.
Hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre el inicio de un proceso sancionador formal contra la empresa por los hechos denunciados en Sopó.
Sin embargo, tanto el presidente Petro como el ministro Sanguino dejaron claro que el cumplimiento de las funciones de inspección es obligatorio y está sustentado por la ley.
