Petro arremetió contra la justicia tras el encarcelamiento de Bonilla y Velasco: “Para ellos no hubo juez de control de garantías”

El presidente Gustavo Petro realizó duras críticas al poder judicial tras el fallo del Tribunal Superior de Bogotá que impuso una medida de aseguramiento en establecimiento carcelario a los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, quienes fueron encarcelados el 18 de diciembre pasado.

El mandatario emitió este pronunciamiento después de que el abogado penalista Elmer José Montaña Gallego compartiera un video en la red social X, donde cuestionó la actuación del tribunal y alertó sobre un precedente que, a su juicio, transgrede principios básicos del sistema penal acusatorio colombiano.

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Durante su intervención, Montaña instó a los abogados penalistas del país a manifestarse públicamente sobre el fallo judicial.

El jurista calificó como un “grave error” la decisión del Tribunal Superior de Bogotá, señalando que esta ignoró el principio de justicia rogada, que estipula que los jueces de control de garantías deben atenerse estrictamente a lo que la Fiscalía General de la Nación solicita, como titular de la acción penal.

Según el penalista, si el fiscal del caso solicitó una medida de aseguramiento inapropiada —en este caso, detención domiciliaria—, los magistrados no podían enmendar ese error imponiendo una medida más severa, como la reclusión en un centro penitenciario.

A su juicio, lo adecuado habría sido rechazar la solicitud, considerando también el principio de favorabilidad. Montaña alertó que este tipo de decisiones permite que los jueces asuman un papel que no les corresponde, corrigiendo los errores de la Fiscalía en detrimento de los imputados.

Las declaraciones del abogado generaron gran repercusión en redes sociales y motivaron una respuesta directa del presidente Petro, quien compartió el video y también se pronunció en X.

En su mensaje, el mandatario sostuvo que Bonilla y Velasco no tuvieron un verdadero juez de control de garantías y sugirió que el poder judicial operó en su contra.

“Así que los exministros de Estado Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco no contaron con juez de control de garantías. Para ellos, el poder judicial no era juez sino enemigo (sic)”, afirmó el jefe de Estado, en un mensaje que vinculó el caso con lo que considera una ofensiva contra el progresismo en Colombia.

Petro fue más allá y advirtió que este tipo de decisiones judiciales podrían extenderse a otros sectores sociales y políticos.

“La clase media ya sabe en qué tipo de realidad vivirá si vota por el pasado”, declaró, al mismo tiempo que comparó la situación con momentos históricos de persecución política.

También criticó a la magistrada Aura Rosero, quien tomó la decisión, señalando que es la misma funcionaria judicial que en el pasado ordenó la libertad del expresidente Álvaro Uribe, lo que, según el mandatario, evidencia un trato desigual por motivos ideológicos.

El contexto del pronunciamiento presidencial es la orden de encarcelamiento emitida el 18 de diciembre contra los exministros, en el transcurso del proceso por presuntos actos de corrupción relacionados con el desvío de recursos públicos en entidades como la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) y el Instituto Nacional de Vías (Invías).

Ricardo Bonilla, exministro de Hacienda y considerado uno de los economistas más influyentes del actual Gobierno, es acusado por la Fiscalía de haber desempeñado un papel crucial en el control presupuestal que facilitó el direccionamiento de contratos.

Según el ente acusador, sin su aprobación no se podían emitir certificados de disponibilidad presupuestal ni avanzar en trámites contractuales, lo que le habría permitido influir directamente en la asignación de recursos para favorecer acuerdos políticos en el Congreso.

Por otro lado, Luis Fernando Velasco, exministro del Interior y uno de los principales arquitectos políticos del Ejecutivo, es investigado por su supuesta participación en la gestión de apoyos legislativos a través de la entrega de proyectos y contratos financiados con recursos públicos.

La Fiscalía alega que Velasco fue el responsable de coordinar con congresistas el apoyo a iniciativas del Gobierno, utilizando como incentivo la asignación de cupos indicativos a través de la Ungrd.

Ambos exministros han sido imputados por delitos como concierto para delinquir, cohecho por dar u ofrecer e interés indebido en la celebración de contratos.

La magistrada Rosero, del Tribunal Superior de Bogotá, que impuso la medida de aseguramiento, consideró que existía riesgo de reiteración delictiva e interferencia en la investigación, argumentando que las medidas no privativas de libertad eran insuficientes.

La decisión judicial se suma a otras detenciones y medidas adoptadas dentro del mismo expediente, que ha implicado a exfuncionarios, excongresistas y asesores cercanos al Gobierno, y que se ha convertido en uno de los mayores escándalos de corrupción del actual mandato.