En la mañana del miércoles 16 de septiembre de 2026 se conocieron los documentos que revelan las conversaciones secretas entre el entonces gobierno de Gustavo Petro y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) para recuperar a dos funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, secuestrados desde mayo de 2025. La información fue publicada por El Tiempo y muestra que la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) evaluó un posible intercambio humanitario que nunca se concretó.
Los dos agentes retenidos desde mayo de 2025
Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada, miembros del CTI de la Fiscalía General de la Nación, permanecen retenidos por el Frente de Guerra Oriental del ELN desde el 8 de mayo de 2025. Su caso fue uno de los más sensibles de los últimos meses del gobierno Petro, que buscó públicamente alternativas humanitarias para su liberación sin revelar los términos de las conversaciones internas.
Mientras el entonces presidente hablaba de la posibilidad de un intercambio humanitario en sus intervenciones públicas, la DNI avanzaba en una negociación paralela, respondiendo a varias comunicaciones enviadas por el grupo guerrillero.
Los cuatro cabecillas exigidos por el ELN
En una primera carta fechada el 11 de junio de 2025, el ELN planteó el canje de los dos agentes del CTI —y mencionó también a dos miembros de la Dijín— por combatientes del grupo armado que se encontraban presos. En comunicaciones posteriores, el grupo depuró su lista y concentró su exigencia en cuatro nombres:
- Ramiro Pulgarín Hernández, alias El Burro: capturado en mayo de 2021 en Saravena, Arauca, cuando ingresaba desde Venezuela. Las autoridades lo vincularon con el asesinato de más de 30 miembros de la fuerza pública y líderes sociales en Arauca, Boyacá y Casanare.
- Joel Quintero Uribe, alias Manteco: detenido en mayo de 2020 en Arauquita durante una operación militar. Identificado como cabecilla del Frente Domingo Laín Sáenz del ELN y miembro de esa estructura por más de una década.
- José Rosely Cruz Laverde: cumplía condena de 17 años por homicidio agravado en la cárcel de El Barne, en Boyacá.
- Fredy Buitrago Parada: recluido en La Dorada, Caldas, por el delito de rebelión agravada.
Todos fueron capturados durante la administración de Iván Duque, en algunas operaciones con apoyo de inteligencia extranjera, según los documentos citados por El Tiempo.
Los límites que puso la DNI y cómo quedó la negociación
La respuesta del director de la DNI, Jorge Arturo Lemus, fijó condiciones estrictas al posible acuerdo: solo podría evaluarse la liberación de excombatientes que presentaran enfermedades graves o fueran mayores de 70 años, condiciones que ninguno de los cuatro cabecillas pedidos por el ELN cumplía.
Además, la DNI exigió la libertad irrestricta de los dos funcionarios del CTI y de todos los integrantes de la Fuerza Pública retenidos por el grupo, junto con pruebas de supervivencia que confirmaran que los secuestrados no habían sido sometidos a torturas o tratos degradantes.
En septiembre de 2025, el ELN aceptó la propuesta de nombrar comisiones negociadoras y hubo una reunión en Arauca con acompañamiento de organizaciones internacionales. Sin embargo, la propuesta fue revisada por organismos de control y el posible acuerdo nunca llegó a formalizarse. Los dos funcionarios del CTI permanecen retenidos.
Los documentos revelados este miércoles muestran la complejidad de las negociaciones de paz en Colombia: por un lado, la presión humanitaria de recuperar a funcionarios del Estado; por el otro, la resistencia institucional a liberar a cabecillas directamente vinculados con ataques terroristas y homicidios de uniformados.