Colombia
Petro lanzó “campaña por la Asamblea Nacional Constituyente” tras conocerse sanción del CNE por campaña presidencial en 2022
El presidente Gustavo Petro informó a través de su cuenta en X sobre el lanzamiento de la campaña para la asamblea nacional constituyente, tomando en cuenta la sanción que impuso el Consejo Nacional Electoral (CNE) a su movimiento político. Según el mandatario, esta decisión responde a intereses que buscan debilitar su Gobierno y despojar de personería jurídica lo que él considera el movimiento político más destacado de Colombia.
En respuesta a esta situación, el presidente hizo un llamado a la población para apoyar la propuesta de una Asamblea Nacional Constituyente, resaltando la importancia de recolectar firmas y conseguir mayorías en el Congreso para poder avanzar en este proceso.
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“La campaña por la Asamblea Nacional Constituyente comienza y requiere su firma y mayorías en el Congreso”, declaró, marcando el inicio de una nueva etapa política tras la decisión del CNE.
Además, el presidente destacó que la investigación del CNE sobre la campaña presidencial de 2022 no logró probar la existencia de aportes ilegales ni conexiones con el narcotráfico.
El presidente enfatizó que “lo único positivo de esta investigación es que la oposición no encontró un solo aporte que pudiera considerarse del narcotráfico o ilegal. Mi campaña fue transparente y justa, sin engaños”.
De esta manera, defendió la legalidad y transparencia de su equipo durante el proceso electoral, reafirmando que las acusaciones en su contra no tienen base.
El mandatario criticó la conducta de los magistrados y conjueces que intervinieron en la determinación del caso, enfocándose especialmente en el abogado Majer Nayi Abushihab.
En sus palabras, “que nos sancione el abogado de Fico es inaceptable. El CNE ya no nos puede ofrecer garantías electorales. Sanciona mi campaña para negar la personería jurídica al movimiento político más grande de Colombia”.
Para Petro, la decisión del CNE evidencia un sesgo que, a su juicio, obstaculiza la existencia de plenas garantías democráticas en el país.
En su declaración, el presidente también argumentó que la investigación no consideró la defensa presentada por su equipo y que los supuestos “sobretopes” señalados por el CNE no reflejan la realidad.
“Ninguno de los puntos que llaman sobretopes, y en cuyo proceso ni siquiera se tomó en cuenta nuestra defensa, son realmente sobretopes”, aseveró, insistiendo en que la sanción carece de base legal y responde a motivaciones políticas.
El presidente fue más allá al advertir que detrás de esta controversia hay intereses de poder que buscan reinstaurar la influencia de sectores que, a su juicio, representan a la oligarquía y las mafias.
“Ahora, mediante artimañas, la oligarquía y las mafias intentan recuperar el poder. El pueblo decidirá si regresamos a una gobernanza paramilitar o avanzamos hacia una Colombia libre de mafias e injusticias”, expresó.
La sanción impuesta por el Consejo Nacional Electoral (CNE) a la campaña Petro Presidente 2022 establece un precedente en la historia política de Colombia, siendo la primera vez que se sanciona a los responsables de la financiación de una campaña presidencial en el país.
La decisión, adoptada por la sala plena del CNE el 27 de noviembre, ocurre en un contexto de creciente escrutinio sobre la transparencia en los procesos electorales, justo antes de las próximas elecciones legislativas y presidenciales de 2026.
El CNE determinó que la campaña de Gustavo Petro en 2022 excedió los topes de financiación permitidos en más de $3.500 millones y recibió aportes de fuentes no autorizadas, entre las cuales se encuentran Fecode, la Unión Sindical Obrera (USO) y la empresa Ingenial Media.
La ponencia aprobada por el organismo electoral impone una multa superior a $5.000 millones a Ricardo Roa, quien fue gerente de la campaña. Junto a él, otros actores clave en la estructura financiera, como Lucy Aydee Mogollón, tesorera, y María Lucy Soto, auditora, también fueron sancionados. Las sanciones también afectan a los partidos Colombia Humana y Unión Patriótica.
El fallo del CNE no incluye sanciones directas contra Gustavo Petro, entonces candidato y actual presidente, en cumplimiento de una disposición de la Corte Constitucional. Sin embargo, el mandatario seguirá bajo investigación por parte de la Comisión de Acusación de la Cámara, y la decisión del CNE podría resultar en el envío de copias del expediente a dicha instancia legislativa, que deberá evaluar la posible responsabilidad del presidente en los hechos investigados.
Entre las anomalías detectadas, el CNE identificó omisiones en el reporte de gastos de la primera vuelta electoral.
Resalta la supuesta donación de Fecode por $500 millones, que habría ingresado a la campaña a través del partido Colombia Humana, cuyo representante legal entonces era el exsuperintendente de Servicios Públicos, Dagoberto Quiroga. Además, también se reporta un crédito de $500 millones concedido por el Polo a la campaña.
