Pinchazo para Lucho Herrera: renunció su abogado defensor y ya hay fecha para su audiencia por caso de desaparición y asesinato de campesinos

La diligencia de indagatoria contra el exciclista colombiano Luis Alberto ‘Lucho’ Herrera Herrera y su hermano Rafael Herrera Herrera ha sido reprogramada para el 20 de febrero de 2026, debido a su aparente participación en la desaparición de cuatro individuos en Fusagasugá, Cundinamarca.

La reprogramación fue impulsada por el campeón de la Vuelta a España 1987, quien indicó que su abogado de defensa, Hernando Benavides, había renunciado, lo que motivo su solicitud de aplazamiento.

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Durante la audiencia de imputación se reportó la ausencia de los procesados. “Recibimos con tristeza la noticia de que, por razones desconocidas, ocurrió un contratiempo de última hora con los señores Herrera”, comentó un familiar de las víctimas.

Antes de retirarse como defensa del exdeportista, el abogado precisó que había solicitado la apertura formal de la investigación por parte de la Fiscalía en su favor.

“En diciembre, antes del cierre de los juzgados, solicitamos la indagatoria (…) Lucho Herrera y su hermano Rafael no tienen nada que ver con esto”, expresó Benavides en una entrevista con Noticias Uno.

Además, el abogado destacó que existen contradicciones entre la declaración de un exparamilitar y lo expuesto al abrir la investigación. “Si el declarante dijo bajo juramento que llegó a Fusagasugá en 2003 (según la sentencia), es incoherente que su testimonio se utilice como prueba directa, y menos aun como la base del fallo y de la compulsa de copias sobre esto”, comentó en el medio nacional.

La falta de representación legal dejó a Rafael Herrera incapaz de presentarse, lo que imposibilitó el avance del procedimiento judicial planeado. A su vez, la defensa de Luis Alberto busca que la segunda instancia reevalue la decisión de citarlo, lo que agrega un nuevo desafío al proceso.

Mientras tanto, los familiares de las víctimas insisten ante las autoridades judiciales por justicia. “Queremos conocer la verdad, que es lo que toda la familia y las familias buscan, por qué sucedió esto, y quiénes fueron los responsables de esta situación que no debió haber sucedido”, manifestó un familiar al medio mencionado.

El proceso ha tomado un nuevo giro después de que el Juzgado Cuarto Penal de Fusagasugá enviara copias del expediente al órgano investigador, lo que, según la Fiscalía, resultó en la citación de los hermanos Herrera a la indagatoria.

El expediente judicial detalla que el 23 de octubre de 2002, Víctor Manuel Rodríguez Martínez, Diuviseldo Torres Vega, Gonzalo Guerrero Jiménez y José del Carmen Rodríguez Martínez fueron interceptados y desaparecidos por miembros armados de las Autodefensas Campesinas del Casanare.

De acuerdo con sentencias de Justicia y Paz y con testimonios divulgados por Noticias Uno, los exparamilitares Luis Fernando Gómez Flórez (alias Ojitos) y Óscar Andrés Huertas (alias Menudencias) informaron a las autoridades que Herrera habría proporcionado la identidad de los desaparecidos, acusándolos de ser supuestos colaboradores de la guerrilla de las Farc.

El relato de los procesados sugiere que la verdadera motivación detrás de los incidentes estaba relacionada con el control de la tierra, dado que las víctimas se negaron a vender sus propiedades que colindaban con terrenos de la familia Herrera.

“Los elementos de prueba indican que habrían contactado a integrantes de las extintas Autodefensas Campesinas del Casanare, responsables en la región del Sumapaz entre 2002 y 2003, para que secuestraran a un grupo de habitantes de terrenos cercanos a las propiedades de la familia Herrera Herrera”, subrayó la Fiscalía.

Gómez Flórez detalló que, tras una reunión con Herrera, el líder paramilitar Martín Llanos autorizó la operación al instruir que “ayuden al ciclista en lo que él requiera”. Huertas afirmó que los cuerpos podrían estar sepultados en una finca localizada en la vía Novilleros a La Aguadita, en la zona rural de Fusagasugá.

Las declaraciones de los exparamilitares incluyeron la entrega de dinero y fotografías de las víctimas por parte de Herrera para facilitar los actos criminales. El alias Ojitos agregó que posteriormente se enteró de que las víctimas no tenían vínculos con grupos armados, siendo su negativa a vender sus tierras la verdadera razón tras el crimen.

En respuesta, el exciclista colombiano desmintió cualquier conexión con actividades delictivas. En una audiencia el 5 de junio de 2025, declaró ante la Fiscalía General de la Nación que fue víctima de extorsión por parte de los paramilitares.

“Me dijo que, si no quería tener problemas, ellos podían ayudarme”, relató el exdeportista, añadiendo que le entregó 10 millones de pesos en efectivo a un individuo que se identificó como miembro de las Autodefensas del Casanare para evitar complicaciones.

Adicionalmente, la Fiscalía indicó que Rafael Herrera enfrenta un cargo separado: acceso carnal violento relacionado con el abuso a una menor, en el contexto de la misma investigación penal.