“Podemos ir a la cárcel”: la advertencia de exfuncionaria del Gobierno Petro a uno de los ministros por plata de las pensiones

La exdirectora de la Unidad de Regulación Financiera (URG), Mónica Higuera, advirtió al ministro de Hacienda, Germán Ávila, sobre el riesgo de enfrentar consecuencias legales por la orden de nacionalizar $125 billones del ahorro pensional invertido en el extranjero, operación que se planea ejecutar en seis meses. Su salida del cargo, tras dos años, se produjo en medio de presiones institucionales para realizar esta acción, que ella consideraba arriesgada tanto para los afiliados como para la estabilidad legal de los funcionarios involucrados.

“Le dije que eso es inviable, que puede causar un perjuicio patrimonial a los afiliados y que podríamos enfrentar consecuencias legales”, declaró a Portafolio acerca de su conversación con el jefe de cartera durante el proceso. Afirmó que expuso sus preocupaciones claramente y que su renuncia fue resultado de una orden que consideraba insostenible desde el punto de vista técnico, legal y económico.

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Además, aclaró que la insistencia del presidente Gustavo Petro en la nacionalización de fondos llevó al ministro Ávila a emitir una orden de decreto inmediato para repatriar la mitad de los recursos gestionados en el extranjero. “Él me manifestó que era una orden. También me dijo que confía en que las AFP pueden hacerlo y que es factible”, relató.

Asimismo, explicó que el objetivo de la iniciativa era dirigir los recursos a proyectos de infraestructura, vivienda y sectores sociales en Colombia. Sin embargo, advirtió que forzar la repatriación de fondos de manera apresurada comprometía inversiones a largo plazo y aumentaba los riesgos financieros. “Liquidar inversiones en diversos plazos y monedas puede resultar dañino, ya que hay inversiones con maduración de 10, 15, hasta 30 años”, indicó al medio.

Según Higuera, la propuesta implicaba desprenderse de portafolios que estaban generando rentabilidad, lo cual llevaría a una inevitable reducción del capital recuperado. “Si las AFP deben vender todo a cualquier precio, podrían traer solo menos de la mitad del dinero, tal vez un treinta por ciento o veinticinco por ciento”, enfatizó, resaltando que factores como el tipo de cambio y la desincronización en los plazos complicarían la operación.

Al enfrentar el requerimiento institucional, recordó que su equipo intentó formular una propuesta tecnológicamente viable que se alejaba del monto solicitado por el Ministerio de Hacienda. “Desarrollamos una versión diferente a la de los $125 billones que solicitaba Hacienda, no la del superintendente Ferrari (César), que en realidad es una modelación”, explicó. Sin embargo, en una reunión con el viceministro Leonardo Pazos, la negativa al borrador técnico propició el abrupto cierre del encuentro, marcando el inicio del fin de su gestión al frente de la unidad.

Higuera insistió en que acelerar la medida conlleva un riesgo claro de daño patrimonial, dado que los fondos de pensión están diseñados para la seguridad social a largo plazo, no para inversiones especulativas de retorno inmediato. “Tomar la decisión de traer inversiones a plazos de 19, 20 o 30 años, significa que todavía no han alcanzado su potencial de rentabilidad. Y, además, no han cumplido con las metas de entregas de esa parte de los ahorros”, afirmó a Portafolio.

También comentó su postura respecto a las responsabilidades legales ante posibles efectos adversos. “En sentido estricto, yo como partícipe de la norma no tengo responsabilidad penal sobre la misma. Sin embargo, quien la firma, que es el presidente y el ministro, sÍ tienen una responsabilidad por emitir un decreto que podría tener impactos negativos sobre el ahorro público, porque esos recursos pertenecen a la seguridad social,” agregó.

Sobre un proceso adecuado para la transición, destacó la importancia de la gradualidad y el diálogo técnico. “Lo que puedo afirmar es que creo que él (el presidente Petro) tiene la legítima intención de que el ahorro de los colombianos esté dentro del país. El tema está en cómo hacerlo y cómo se proyecta eso de cara al próximo gobierno,” reflexionó.

Subrayó que la diversificación internacional del ahorro pensional brinda protección contra fluctuaciones cambiarias, riesgos y necesidades de liquidez; en su opinión, cualquier reorientación de recursos debe considerar la protección de los afiliados así como la estabilidad de la economía nacional. “Si hay posibilidad de modelar algo que contribuya al crecimiento de Colombia, estoy segura de que las AFP están dispuestas a colaborar,” concluyó.

Al explicar la inviabilidad técnica de la maniobra en los términos solicitados, afirmó que “no es factible porque las inversiones están en momentos de maduración variados, desde diez hasta treinta años, en diversas monedas, activos, y jurisdicciones.”

Como ilustración, comentó que, aunque la tasa de cambio fuese favorable, el país no podría soportar el volumen de capital propuesto sin sacrificar una porción significativa de los recursos invertidos. “Aun si el tipo de cambio fuese de $2,000, no podríamos traer $250 billones o $125 billones, sino que probablemente recibiríamos sólo $60 billones o $50 billones. Para mí, eso no es posible y sería dramático”, señaló.

A su criterio, la propuesta oficial carecía de fundamentos técnicos y legales, y la presión institucional llevó a su decisión de renunciar. “Sé que me voy de la Unidad porque desafíe de manera directa una instrucción”, añadió sobre el momento que precipitó su salida.

A pesar de que entiende la inquietud por alinear el ahorro con la economía nacional, Higuera destacó que la sostenibilidad de los fondos y los derechos de los trabajadores solo pueden ser resguardados a través de una política clara y transparente.