La política migratoria Colombia, presentada por el presidente Abelardo De La Espriella, establece que no habrá cabida para migrantes venezolanos que estén delinquiendo en el país, quienes serán expulsados de inmediato. Esta directriz nacional define un marco de “mano dura” para quienes afecten la seguridad, pero también reconoce y apoya a la población migrante que busca oportunidades de manera honesta, un compromiso clave en la gestión del fenómeno migratorio.
¿Qué significa la política migratoria Colombia para los ciudadanos?
La implementación de la política migratoria Colombia implica una intensificación de los operativos de control y verificación en ciudades con alta presencia de población extranjera, como Bucaramanga. Según estimaciones de las autoridades, cerca de 65.000 migrantes venezolanos residen en la capital santandereana, representando aproximadamente uno de cada diez bumangueses. La Secretaría de Desarrollo de Bucaramanga, en cabeza de Iván Torres, ha confirmado la realización de operativos conjuntos con Migración Colombia, que resultaron en la expulsión de más de 75 extranjeros de la ciudad en lo que va del 2026, la mayoría vinculados a delitos como hurto y robo.
Este enfoque busca enviar un mensaje claro sobre la intolerancia hacia la criminalidad, independientemente de la nacionalidad. Sin embargo, el funcionario Torres enfatizó la importancia de no estigmatizar a toda la población migrante, resaltando que una gran mayoría contribuye significativamente al empleo, el desarrollo y la economía local. El Gobierno Nacional, a través de esta política, busca reforzar la seguridad sin desconocer el aporte de la población flotante.
Contexto y alcances de la política migratoria
Colombia se ha convertido en el principal país receptor de migrantes venezolanos en la región, acogiendo a millones de personas que han huido de la crisis en su país. En este contexto, la política migratoria Colombia busca ofrecer un marco claro para la coexistencia y la seguridad. La directriz presidencial intenta abordar las preocupaciones ciudadanas sobre la seguridad, que en algunas zonas se han asociado con el aumento de la migración, aunque las estadísticas completas suelen mostrar una participación minoritaria de migrantes en los índices delictivos.
Los pilares de esta política son:
Enfoque en la seguridad: Expulsión de extranjeros que cometan delitos graves, actuando con celeridad y rigor.
No estigmatización: Distinción clara entre la población migrante delincuente y aquella que busca oportunidades y se integra a la sociedad.
Acompañamiento e integración: Brindar apoyo y activar rutas para facilitar la integración de quienes cumplen las leyes y contribuyen al país.
Garantía de derechos: Asegurar que no se violen los derechos de ningún migrante, sin importar su estatus, en el marco de los procesos legales establecidos.
La efectividad de esta política dependerá de la capacidad de las autoridades locales y nacionales para aplicar las medidas de forma justa y sin discriminación, como ha señalado el Secretario Torres, quien afirmó que se busca dar “mano dura a los que no” y “oportunidad a quien viene buscando”. Es fundamental que estas acciones se desarrollen conforme a la normatividad internacional y nacional de derechos humanos, y que la coordinación entre las distintas entidades sea eficiente para evitar la revictimización o el retorno de personas expulsadas, un desafío ya identificado en casos pasados, según Migración Colombia.
Esta nueva directriz nacional marca una pauta importante para el futuro de la gestión migratoria, con implicaciones directas en la seguridad, la economía y la convivencia en todo el territorio. Para conocer más detalles sobre el impacto de estas decisiones, explore más noticias de Colombia.
