Colombia
Por decisión del Consejo de Estado sobre el salario mínimo, este lunes se reúne nuevamente la mesa de concertación: las posiciones de trabajadores, empresarios y Gobierno
La discusión sobre el salario mínimo en Colombia para 2026 se reanuda este lunes 16 de febrero, comenzando a las 10:00 a.m., en la Mesa de Concertación de Políticas Laborales y Salariales, tras la suspensión provisional del aumento determinado por el presidente Gustavo Petro.
Este encuentro, organizado por el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, aglutina a representantes del Gobierno, sindicatos, centrales obreras y los principales gremios empresariales, en un contexto caracterizado por la incertidumbre y la presión de varios sectores.
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El reinicio del diálogo ocurre después de que el Consejo de Estado suspendiera el aumento del 23,7% previamente establecido por decreto presidencial.
Esta decisión ha llevado a las partes a regresar a la mesa de negociaciones para alcanzar un acuerdo que respete los parámetros legales y constitucionales, reabriendo un debate sobre la sostenibilidad, viabilidad y legalidad del salario mínimo.
El Gobierno insiste en sostener el aumento del 23,7%, que se califica como “salario vital”, mientras que las organizaciones empresariales argumentan que el ajuste debe ser considerablemente inferior a dos dígitos.
Acopi, la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, sugiere que el incremento se base en la suma de la inflación y la productividad, estimando el ajuste alrededor del 7,2%. Fenalco, que impugnó el decreto presidencial, regresa a la mesa, uniendo su voz a la Andi, la SAC y otros organismos.
María Claudia Lacouture, presidenta de la Cámara Colombo Americana, sostiene que la conversación no debe limitarse al porcentaje del ajuste. “Incrementar el salario mínimo no es suficiente; debe ser sostenible y fomentarse conforme a las normativas establecidas”, afirma.
Asimismo, destaca la necesidad de que la determinación del salario mínimo se realice bajo criterios técnicos, en el marco institucional, asegurando el bienestar de los trabajadores sin comprometer la viabilidad de las empresas.
El Consejo Gremial Nacional apoya la medida cautelar adoptada por el Consejo de Estado, recordando que esta decisión no es definitiva en cuanto a la legalidad del decreto. Resalta que la determinación sobre el salario mínimo tiene un considerable impacto económico y social.
La decisión influye en el empleo formal, la inflación, la sostenibilidad empresarial, así como en el gasto público y en el poder adquisitivo de millones de hogares colombianos. Subrayan que cualquier ajuste debe contener criterios técnicos y principios constitucionales de progreso, movilidad y sostenibilidad fiscal.
Desde Acopi, María Alejandra Osorio advierte que la economía no puede operar en un vacío jurídico y que la suspensión, decidida justo antes de la liquidación de nómina, provoca incertidumbre tanto en empresas como en empleados.
“Colombia necesita reglas claras, un diálogo genuino y estabilidad para resguardar el empleo formal y la sostenibilidad empresarial”, afirma.
Bruce Mac Master, presidente de la Andi, sostiene que lo crucial es mitigar los efectos del salario mínimo sobre la creación de empleo y la inflación. Propone que el país necesita estabilidad, confianza y reglas claras para asegurar el poder adquisitivo de los trabajadores sin comprometer la generación de empleos ni el crecimiento económico.
“El llamado es a crear estabilidad, confianza y reglas claras que permitan proteger el poder adquisitivo de los trabajadores sin comprometer la creación de empleo formal ni el crecimiento económico del país”, destaca.
Mac Master añade que existen derechos adquiridos que deben tratarse con precaución y que las repercusiones de la decisión gubernamental demandan responsabilidad y prudencia.
Por su parte, la Central Unitaria de Trabajadores rechaza la resolución judicial y pide la emisión de un nuevo decreto que mantenga el monto previamente anunciado.
Fabio Arias, presidente de la CUT, expresa que los trabajadores “no pueden perder ese derecho constitucional y legal que tiene el Gobierno para redimir y establecer justicia social en Colombia con un salario mínimo de 2 millones de pesos para el año 2026”.
El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, explicó que la mesa de concertación considerará los alcances del Consejo de Estado sobre el salario mínimo.
Indicó que se examinarán las cifras recientes del Dane y se escucharán los informes del Ministerio de Hacienda y el Banco de la República, además de las posturas de empleadores y trabajadores.
“No hay un impacto inflacionario derivado del salario mínimo vital ni efectos negativos en la economía”, aseguró Sanguino.
El funcionario dejó claro que la posibilidad de un acuerdo depende de la disposición de ambas partes. Mientras no se emita un nuevo decreto, se mantiene vigente el aumento del 23,7%.
“Esperemos a ver con qué opinión o postura llegan trabajadores y empleadores. La viabilidad de una concertación depende significativamente del ánimo y la voluntad de ambas partes”, concluyó.
