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El representante a la Cámara del Pacto Histórico, Alejandro Ocampo, solicitó a la Fiscalía y a la Procuraduría General de la Nación que inicien investigaciones penales y disciplinarias contra los 17 gobernadores que se han negado a implementar el decreto de emergencia económica emitido por el Gobierno Nacional, liderado por Gustavo Petro.
Ocampo advirtió en declaraciones difundidas por Caracol Radio – W que la inacción de los gobernantes compromete la recaudación de 11 billones de pesos destinados a programas sociales y servicios públicos.
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Además, el congresista destacó que “su incumplimiento podría implicar prevaricato por omisión, abuso de autoridad y faltas disciplinarias graves”.
Asimismo, el representante mencionó que el decreto busca abordar una severa crisis fiscal que afecta sectores como salud, energía y atención de desastres.
Por lo tanto, Ocampo subrayó que “nadie está por encima de la ley” y pidió a las autoridades actuar con celeridad.
El Gobierno ya había anunciado acciones jurídicas contra los gobernadores que no respeten el decreto de emergencia económica, en medio de la resistencia, ya que según el comunicado de la Federación Nacional de Departamentos (FND), el incremento del Impuesto al Consumo y del IVA (del 5% al 19%) representa un riesgo financiero y para la prestación de servicios esenciales en los departamentos, como la salud.
Los gobernadores de Colombia han decidido emprender acciones jurídicas para oponerse al Decreto 1474 de 2025, que establece nuevas medidas tributarias para cubrir los gastos del Presupuesto General de la Nación relacionados con el estado de emergencia declarado por el Decreto 1390 de 2025.
Esta decisión fue adoptada durante una reunión extraordinaria en Bogotá, en la sede de la Federación Nacional de Departamentos (FND), donde los mandatarios expresaron su preocupación por el impacto que estas normativas pueden tener sobre la autonomía fiscal de las regiones y la salvaguarda de los derechos fundamentales.
Los gobernadores señalaron en su comunicado que la nueva carga impositiva pone en peligro la estabilidad financiera de las entidades territoriales, especialmente debido al aumento del Impuesto al Consumo y del IVA, del 5% al 19%.
De acuerdo con el comunicado, existe un riesgo tangible para la sostenibilidad financiera de las administraciones departamentales y su capacidad para garantizar servicios esenciales como salud, educación y deportes.
En respuesta a la situación, los gobernadores analizan, junto a la FND, el recurso jurídico más idóneo para suspender los efectos del decreto.
El análisis incluye la posibilidad de que la Corte Constitucional aplique una excepción de inconstitucionalidad mientras se decide la validez del estado de emergencia.
El comunicado oficial indica que “la posible aplicación de esta excepción se justifica por el peligro que representa para la prestación de servicios básicos en las regiones”.
Para fortalecer su postura, los mandatarios han creado una comisión que solicitará intervenir ante la Corte Constitucional.
Esta comisión incluye a las gobernadoras de Tolima, Adriana Magali Matiz, y del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro; así como a los gobernadores de Antioquia, Andrés Julián Rendón; Caquetá, Luis Francisco Ruiz; Nariño, Luis Alfonso Escobar; y el presidente de la FND, Erasmo Zuleta, gobernador de Córdoba.
Durante una conferencia de prensa, los gobernadores también respondieron a las afirmaciones del ministro del Interior, Armando Benedetti, quien los calificó como “mal ejemplo”, argumentando que esto deslegitima su mandato y desconoce la autoridad que ejercen en sus territorios.
Los mandatarios insisten en que su actuación se realiza en conformidad con la Constitución y la ley, y que la protección de las garantías constitucionales demanda respuestas institucionales claras.
Adicionalmente, los gobernadores han solicitado al Gobierno nacional la convocatoria urgente de Consejos Regionales de Seguridad.
En estos espacios se propone evaluar y definir medidas dentro del Plan Democracia para combatir el constreñimiento, control territorial, confinamiento, zonas vedadas y el uso de armas como mecanismo de coacción electoral.
Según la Federación Nacional de Departamentos, el comunicado resalta la preocupación principal por el aumento de la violencia en departamentos como Chocó y Cauca, donde los mandatarios expresaron su solidaridad con las comunidades y pidieron reforzar la seguridad del gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, quien ha recibido amenazas.
El comunicado concluye afirmando que ningún colombiano debería vivir con miedo y preocupación al transitar, trabajar y convivir, refiriéndose a la ola de violencia que afecta a diversas regiones del país.
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